El 16 de julio, Trump pronunció un mensaje a la nación desde la Casa Blanca en el que difundió documentos recientemente desclasificados sobre presuntas interferencias extranjeras en las elecciones de 2020 y reclamó la aprobación de la Save America Act, un proyecto de ley que endurece los requisitos para registrarse como votante en elecciones federales.
Durante el discurso, el presidente sostuvo que China obtuvo información de unos 220 millones de votantes estadounidenses y afirmó que sectores de la comunidad de inteligencia ocultaron esos datos durante el proceso electoral de 2020. También insistió en que el sistema electoral continúa siendo vulnerable al fraude y presentó la reforma como un mecanismo para restablecer la confianza en las elecciones.
Un mismo patrón
Más allá de la discusión sobre el contenido de las denuncias, el discurso reproduce una estrategia política conocida en la región.
Entre 2019 y 2022, Jair Bolsonaro cuestionó de manera reiterada la confiabilidad de las urnas electrónicas utilizadas en Brasil desde 1996. Reclamó la incorporación de comprobantes impresos para cada voto y sostuvo en numerosas oportunidades que sólo aceptaría el resultado de las elecciones si el proceso era transparente.
El Tribunal Superior Electoral (TSE), el Supremo Tribunal Federal, expertos independientes y las misiones internacionales de observación rechazaron esas afirmaciones y concluyeron que no existían evidencias de fraude sistemático en el sistema electoral brasileño.
Trump siguió un recorrido similar. Tras denunciar sin éxito un fraude masivo en las elecciones presidenciales de 2020, volvió ahora a sostener que existen vulnerabilidades estructurales en el sistema electoral estadounidense y utilizó ese argumento para impulsar una reforma que exige acreditar la ciudadanía mediante documentos oficiales para registrarse como votante.
La presión sobre las autoridades electorales
Otra coincidencia aparece en la relación con las instituciones encargadas de organizar las elecciones.
Bolsonaro convirtió al Tribunal Superior Electoral en uno de los principales blancos de sus críticas. Acusó a algunos de sus jueces de actuar con motivaciones políticas y sostuvo que el Poder Judicial interfería en el proceso democrático.
Trump mantuvo una confrontación similar con funcionarios electorales estatales, agencias federales y sectores de la comunidad de inteligencia, a quienes responsabiliza por haber ocultado información sobre presuntas interferencias extranjeras y por minimizar riesgos para la integridad del proceso electoral.
En ambos casos, la autoridad encargada de garantizar las elecciones pasó a ser presentada como parte del problema y no como árbitro institucional del proceso democrático.
Del discurso a la crisis institucional
La experiencia de Estados Unidos y Brasil también presenta paralelismos en la etapa posterior a las elecciones.
Tras perder frente a Joe Biden en noviembre de 2020, Trump rechazó el resultado, promovió decenas de demandas judiciales que fueron desestimadas por los tribunales y continuó afirmando que la elección había sido fraudulenta. Esa estrategia alcanzó su punto máximo el 6 de enero de 2021, cuando miles de sus seguidores irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso certificaba la victoria electoral de Biden.
Bolsonaro transitó una secuencia comparable dos años más tarde. Luego de perder el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, evitó reconocer explícitamente la derrota y mantuvo durante semanas un discurso de desconfianza sobre el proceso electoral. El 8 de enero de 2023, miles de simpatizantes invadieron y vandalizaron el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, en un episodio que derivó en cientos de detenciones y en investigaciones por intento de golpe de Estado.
La reforma que impulsa Trump
La Save America Act constituye hoy el eje de esa estrategia política. El proyecto exige que quienes se registren para votar en elecciones federales acrediten su ciudadanía mediante documentos oficiales, amplía los mecanismos de depuración de los padrones electorales y establece nuevas obligaciones para los funcionarios responsables de administrarlos.
Sus impulsores sostienen que las medidas buscan fortalecer la integridad electoral y evitar registros irregulares. Sus críticos responden que la iniciativa podría dificultar el acceso al voto de millones de ciudadanos que no disponen fácilmente de la documentación requerida, especialmente adultos mayores, personas de bajos ingresos y habitantes de zonas rurales.
La propia comunidad de inteligencia estadounidense sostuvo después de las elecciones de 2020 que, si bien distintos países intentaron influir en la opinión pública, no existían pruebas de que actores extranjeros hubieran alterado el registro de votantes, el conteo de votos o los resultados oficiales.
Un debate que trasciende a Estados Unidos
La comparación entre Trump y Bolsonaro no implica que ambos procesos sean idénticos. Estados Unidos y Brasil poseen sistemas electorales, marcos constitucionales e instituciones diferentes. Sin embargo, la secuencia política presenta rasgos comunes: cuestionamiento preventivo del sistema electoral, deslegitimación de las autoridades encargadas de administrarlo, rechazo del resultado cuando es adverso y movilización de una parte de la base política contra las instituciones democráticas.
Con su discurso, Trump volvió a colocar esa estrategia en el centro de la escena política estadounidense, en momentos en que el país comienza a ingresar en el ciclo que desembocará en las elecciones legislativas de medio mandato. El antecedente brasileño muestra que, cuando la desconfianza en las instituciones electorales se convierte en una herramienta permanente de confrontación política, sus efectos pueden extenderse mucho más allá de las urnas.
