La demanda presentada en 2019 por la Fiscalía General de la Unión de Brasil (Advocacia-Geral da União, AGU) ingresó en una etapa decisiva y quedó a la espera de sentencia del Tribunal Federal de Porto Alegre. El expediente busca que los mayores fabricantes de cigarrillos que operan en el país asuman responsabilidad económica por los costos para la salud pública asociados al tabaquismo.
En el tramo previo al fallo, ya se presentaron todos los escritos judiciales. En ese conjunto se incorporó un dictamen de la Fiscalía Federal que respalda las alegaciones de la AGU. Con esa documentación completada, el tribunal debe pronunciarse sobre si corresponde atribuir responsabilidad civil a las tabacaleras por los daños derivados de la comercialización y venta de cigarrillos en Brasil.
El objeto del reclamo es que las compañías indemnicen al sistema de salud pública brasileño por gastos sanitarios vinculados con enfermedades que, de acuerdo con evidencia científica, están asociadas al consumo de tabaco. La demanda sostiene que, aunque la fabricación y la venta de cigarrillos sean actividades legales, las empresas pueden seguir siendo legalmente responsables de compensar a la sociedad por los perjuicios causados por sus productos.
Entre los demandados figuran BAT Brasil (antes Souza Cruz) y Philip Morris Brasil, además de sus casas matrices, British American Tobacco y Philip Morris International. El caso se enfoca en la responsabilidad por los costos sanitarios que el tabaquismo genera sobre el sistema público, con un planteo que apunta a la recuperación de erogaciones atribuibles a la atención de patologías relacionadas.
Yolonda C. Richardson, presidenta y directora ejecutiva de Campaign for Tobacco-Free Kids, ubicó el expediente en un plano que excede el alcance local. “Este caso es una de las demandas más importantes del mundo” en materia de recuperación de costos sanitarios por tabaco, dijo.
La directiva también dimensionó el impacto sanitario y económico asociado al consumo de tabaco en Brasil. “Cada año, el tabaquismo provoca aproximadamente 177.000 muertes”, dijo Richardson, y agregó que implica “un gasto estimado de 75.000 millones de reales” (casi US$ 15.000 millones) en asistencia sanitaria para tratar enfermedades relacionadas.
En términos de precedentes, el planteo brasileño se encuadra como la primera demanda de este tipo en un país de renta baja o media que llega a una sentencia sobre responsabilidad civil. En otros mercados ya hubo acciones similares de recuperación de costos sanitarios, entre ellos Canadá y Estados Unidos, donde los gobiernos obtuvieron compensaciones por gastos sanitarios atribuibles al consumo de tabaco.
“De tener éxito, el caso reforzaría el principio” de que las tabacaleras deben rendir cuentas por los costos sanitarios y económicos que generan sus productos, dijo Richardson.
