Jingye Steel Co., Ltd. planteó que buscará una “recuperación total” por las pérdidas vinculadas a su inversión en British Steel Limited, luego de que el Gobierno del Reino Unido avanzara con la nacionalización obligatoria de esa compañía, filial de la siderúrgica china.
La empresa ubicó el inicio de su participación en 2020, cuando British Steel estaba “al borde de la insolvencia”. Sostuvo que, dentro del primer año posterior a la adquisición, restauró la rentabilidad mediante reforma interna y optimización operativa. También afirmó que durante los cinco años siguientes destinó “un capital sustancial” a modernizar equipos, avanzar en tecnología y fortalecer capacidades operativas.
En su repaso, Jingye incluyó el marco de funcionamiento de la operación en el Reino Unido durante la pandemia de COVID-19, el Brexit, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el aumento de la inflación. En ese período, indicó que mantuvo operaciones estables para garantizar que los salarios se pagaran “en su totalidad y a tiempo”, sin “un solo despido obligatorio” y sin perder “un solo pago salarial”. “La palabra de Jingye es su vínculo”, afirmó la compañía.
El antecedente que, según Jingye, abrió una secuencia de negociaciones fue septiembre de 2021, cuando el Gobierno del Reino Unido fijó como requisito estratégico que los fabricantes de acero a base de mineral de hierro alcancen “cero emisiones netas para 2035”. En ese marco, la empresa señaló que mantuvo múltiples rondas de conversaciones con el Gobierno para una inversión conjunta orientada a transformar British Steel, y que no hubo objeciones al plan presentado, aunque el Estado “se negó sistemáticamente” a coinvertir.
El 12 de abril de 2025, el Reino Unido aprobó la Ley de la Industria del Acero (Medidas Especiales) de 2025 “en solo seis horas” y asumió el control de British Steel. Jingye sostuvo que, como accionista, quedó privada de “todos los derechos de control, gestión y beneficio económico” asociados con su participación. En las conversaciones posteriores sobre compensación, indicó que el Gobierno rechazó pagar una suma razonable al sostener que British Steel no tenía “ningún valor”.
La compañía agregó que el 16 de julio de 2026, tras la Ley de nacionalización de la industria siderúrgica de 2026, recibió una notificación formal por escrito que confirmó el pase de British Steel a propiedad pública. Además, citó un informe de la Oficina Nacional de Auditoría (Nao): a fines de enero de 2026 el Gobierno ya había gastado £ 377 millones en su intervención; se esperaba superar £ 600 millones a fines de junio de 2026 y podría superar £ 1.500 millones para 2028.
En ese contexto, Jingye reclamó “una compensación rápida, adecuada y efectiva” y afirmó que inició procedimientos de consulta conforme al tratado bilateral de inversión aplicable, con la posibilidad de iniciar un arbitraje internacional. También anticipó acciones legales para responsabilizar a funcionarios gubernamentales y a miembros de la gerencia de British Steel por una adquisición que describió como “apresurada” y “sin ninguna preparación”.
