El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Programa Salir de la Calle, una estrategia habitacional dirigida a familias en situación de vulnerabilidad extrema que ya transitaron la Red de Atención social de la Ciudad —paradores y Centros de Inclusión Social (CIS)— y reúnen condiciones para dar el paso hacia una vivienda. El eje del plan es el acceso a un contrato de alquiler a nombre de la familia como instancia concreta hacia la autonomía habitacional.
La iniciativa se desarrolla en alianza con Hábitat para la Humanidad Argentina. El programa prevé las condiciones para que las familias seleccionadas puedan alquilar una vivienda con un contrato a su propio nombre en un edificio administrado por esa organización.
El esquema no se plantea como un subsidio. Cada familia asume el pago del alquiler y el cumplimiento de las obligaciones habituales de cualquier inquilino, dentro de un modelo que combina corresponsabilidad con acompañamiento profesional durante todo el proceso. Además, durante la estadía intervienen equipos especializados y, ante situaciones de conflicto, existe un protocolo de intervención específico.
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida, afirmó: “La calle no es lugar para vivir, y con este programa garantizamos una salida de largo plazo”. En la misma declaración, el funcionario remarcó que “no es un subsidio, cada familia paga su alquiler y cumple sus obligaciones como cualquier inquilino”.
El programa se encuentra en su primera etapa de implementación. Las familias participantes fueron seleccionadas a través de un proceso conjunto entre la Ciudad y Hábitat para la Humanidad, entre personas que ya formaban parte de la Red de Atención y que reunían condiciones específicas: ingresos propios, trayectoria laboral, historial de cumplimiento dentro del sistema y permanencia sostenida.
Desde la organización, Barbara Bonelli, directora de Hábitat para la Humanidad, planteó: “En Argentina, el déficit habitacional alcanza a uno de cada dos hogares”. En esa línea, sostuvo que “es necesario que existan estas alianzas entre el sector público y las organizaciones” para innovar con respuestas ante esa problemática.
Cada contrato de alquiler tiene una duración de dos años. Al finalizar ese período, se espera que las familias cuenten con historial de alquiler, ingresos estabilizados y condiciones para sostenerse por sus propios medios en el mercado privado. La vivienda que queda disponible al egreso de una familia puede ser ocupada por otra, en un esquema de fondo rotativo.
