Organizaciones ambientales reclamaron al diputado nacional César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut) que reactive la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, que preside, y habilite el tratamiento de iniciativas vinculadas a la transparencia en la actividad pesquera. El planteo se apoyó en que el cuerpo legislativo sesionó una sola vez en el año y que su actividad se limitó a la designación de autoridades.
El eje del reclamo se concentró en el debate de un proyecto impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro para crear un registro público de embarcaciones y permisos de pesca. La propuesta busca que la ciudadanía y los organismos de control puedan conocer quiénes operan en el mar, bajo qué normativas y en qué condiciones, con foco en el acceso a información pública para la trazabilidad y el control de las flotas.
Comisión sin agenda
La directora política del Círculo de Políticas Ambientales, Consuelo Bilbao, sostuvo que desde la conformación de la comisión el espacio estratégico solo sesionó una vez. También remarcó que, desde entonces, no se abordó ninguna propuesta en el que definió como el único ámbito institucional donde las organizaciones de la sociedad civil pueden participar e involucrarse de forma directa.
En la misma línea, el coordinador de Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, cuestionó la falta de respuestas del legislador y apuntó a la ausencia de avances en el tratamiento de proyectos: “La responsabilidad de conducir una comisión”. Además, sostuvo que sin acceso a la información pública, la trazabilidad y el control de las flotas resulta mucho más difícil garantizar transparencia en la actividad pesquera argentina.
Registro público y control
Las entidades plantearon que un registro público permitiría evaluar si un operador actúa dentro del marco legal y de forma sostenible. Ese nivel de acceso a datos habilitaría verificar si un buque está autorizado a trabajar en determinada zona, si cuenta con permisos para las especies o el arte de captura que utiliza, si respeta sus cuotas asignadas y cuáles son sus antecedentes ambientales al momento de definir la renovación de su acceso a los caladeros patagónicos.
Bilbao señaló que en distintos países de la región con flotas industriales esa información es pública y accesible, pero afirmó que en Argentina la autoridad pesquera se niega a publicarla. En ese marco, ambas organizaciones reiteraron su exigencia hacia los integrantes de la comisión para que se habilite el debate y advirtieron que, sin control público, la opacidad del modelo extractivo se perpetúa sobre recursos que consideran de todos los argentinos.
