Cada generación de argentinos tuvo “su” negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde Arturo Frondizi hasta Javier Milei, prácticamente todos los gobiernos que enfrentaron una crisis externa terminaron sentados frente a la misma mesa en Washington. Cambiaron los ministros, cambiaron las recetas y cambió el propio Fondo. Lo que permanece es la recurrencia de una economía que, periódicamente, agota sus reservas internacionales y pierde acceso al financiamiento voluntario.
En siete décadas, la Argentina firmó más de veinte acuerdos con el organismo. En distintos momentos recurrió a programas de corto plazo, acuerdos de Facilidades Extendidas y préstamos extraordinarios para afrontar crisis de balanza de pagos, refinanciar deuda externa o recuperar el acceso a los mercados internacionales. El resultado fue una relación marcada por avances, incumplimientos, interrupciones y renegociaciones permanentes.
La historia explica por qué cada revisión técnica del Fondo continúa teniendo impacto sobre la política económica argentina y sobre la percepción de los mercados.
Los primeros acuerdos
La Argentina ingresó al FMI en septiembre de 1956, durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, pocos meses después del derrocamiento de Juan Domingo Perón. El ingreso formó parte de la reincorporación del país al sistema financiero internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.
El primer acuerdo se firmó en 1958, ya bajo la presidencia de Arturo Frondizi. La economía enfrentaba elevada inflación, escasez de divisas y un importante déficit fiscal. A cambio del financiamiento, el Gobierno implementó un programa de estabilización basado en una devaluación, reducción del gasto público y liberalización de distintos mercados.
Desde entonces comenzó un patrón que se repetiría durante décadas: el Fondo otorgaba financiamiento condicionado al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y cambiarias.
Durante las décadas de 1960 y 1970 los acuerdos fueron frecuentes, aunque de menor magnitud que los actuales. La economía alternaba períodos de crecimiento con crisis externas que obligaban a renegociar el acceso a divisas.
La deuda y el retorno de la democracia
La crisis de la deuda latinoamericana modificó profundamente la relación entre la Argentina y el Fondo.
Durante la última dictadura militar la deuda externa pasó de aproximadamente US$ 8.000 millones en 1975 a más de US$ 45.000 millones en 1983. Cuando Raúl Alfonsín asumió la Presidencia heredó un acceso prácticamente cerrado al financiamiento internacional.
Las negociaciones con el FMI se transformaron entonces en una condición necesaria para refinanciar vencimientos con bancos privados y otros organismos multilaterales.
Aquellos años estuvieron marcados por permanentes discusiones sobre déficit fiscal, emisión monetaria y tipo de cambio. El Plan Austral de 1985 logró reducir transitoriamente la inflación, pero el deterioro posterior desembocó en la hiperinflación de 1989.
El ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno, uno de los protagonistas de aquellas negociaciones, sostuvo posteriormente en su libro La simulación. Argentina y el FMI: dos décadas de mentiras y autoengaños que tanto la Argentina como el propio Fondo terminaron aceptando programas cuya viabilidad era limitada desde el comienzo. Según su interpretación, ambas partes desarrollaron durante años una dinámica de compromisos difíciles de cumplir, renegociaciones permanentes y objetivos políticos que excedían el contenido técnico de los acuerdos.
El laboratorio de los noventa
La década de 1990 representó el período de mayor alineamiento entre el FMI y la política económica argentina.
La convertibilidad implementada por Domingo Cavallo en 1991 recibió un fuerte respaldo del organismo, que acompañó las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Carlos Menem: privatizaciones, apertura comercial, desregulación y disciplina fiscal.
Durante buena parte de la década la estabilidad cambiaria permitió reducir la inflación y facilitó el ingreso de capitales externos.
Sin embargo, el tipo de cambio fijo, el creciente endeudamiento y la pérdida de competitividad comenzaron a mostrar sus límites hacia finales de los noventa.
El colapso de 2001
La crisis de 2001 marcó el punto de mayor tensión entre la Argentina y el FMI.
El gobierno de Fernando de la Rúa obtuvo sucesivos paquetes de asistencia financiera, entre ellos el denominado Blindaje, aprobado a fines de 2000. El objetivo consistía en sostener el régimen de convertibilidad mientras avanzaba un programa de ajuste fiscal.
Uno de los principales negociadores de ese acuerdo fue Federico Sturzenegger, entonces secretario de Política Económica del Ministerio de Economía. Participó en el diseño del programa económico que acompañó la negociación con el Fondo y en la elaboración de las medidas destinadas a recuperar la confianza de los mercados. Años después sería presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri y, posteriormente, ministro de Desregulación y Transformación del Estado en la administración de Javier Milei.
La recesión se profundizó, aumentó la salida de depósitos y el endeudamiento continuó creciendo.
En diciembre de 2001 el Fondo decidió no desembolsar un tramo previsto del programa al considerar que el país no había cumplido las metas acordadas. Pocos días después se produjo el default de la deuda soberana, la renuncia presidencial y el colapso de la convertibilidad.
Aquella experiencia modificó profundamente la imagen del organismo dentro de la política argentina y abrió un debate internacional sobre el diseño de los programas de rescate.
Del desendeudamiento al regreso
Durante la presidencia de Néstor Kirchner la relación cambió de manera significativa.
En enero de 2006 la Argentina canceló anticipadamente la totalidad de su deuda con el FMI, equivalente a cerca de US$ 9.500 millones. El Gobierno sostuvo que la decisión permitiría recuperar autonomía para definir la política económica sin supervisión permanente del organismo.
Durante más de una década el país permaneció sin programas de financiamiento con el Fondo.
Esa situación terminó en 2018.
El mayor préstamo de la historia
La corrida cambiaria que enfrentó el gobierno de Mauricio Macri obligó a solicitar nuevamente asistencia financiera.
El acuerdo aprobado en junio de 2018 alcanzó US$ 57.000 millones, de los cuales finalmente se desembolsaron alrededor de US$ 44.000 millones. Se trató del mayor programa aprobado por el Fondo Monetario Internacional para un solo país en toda su historia.
Las negociaciones estuvieron encabezadas por Luis Caputo, entonces ministro de Finanzas y responsable de la estrategia de financiamiento externo del Gobierno. Caputo dejó ese cargo pocos meses después para asumir la presidencia del Banco Central. En diciembre de 2023 regresó al Gobierno como ministro de Economía de Javier Milei y volvió a convertirse en el principal interlocutor argentino frente al organismo.
El programa buscaba restablecer la confianza de los mercados mediante un fuerte ajuste fiscal y un esquema monetario restrictivo.
La estrategia no logró estabilizar la economía. La inflación continuó aumentando, el peso sufrió nuevas devaluaciones y el programa quedó virtualmente interrumpido tras el cambio de gobierno en 2019.
Los mismos nombres, distintas crisis
Una particularidad de la historia reciente es la continuidad de algunos protagonistas.
Federico Sturzenegger participó en las negociaciones del Blindaje durante la presidencia de Fernando de la Rúa, condujo el Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri y hoy integra el gabinete de Javier Milei.
Luis Caputo encabezó la negociación del mayor préstamo de la historia del FMI en 2018 y volvió al Ministerio de Economía cinco años después para conducir una nueva etapa de la relación con el organismo.
La permanencia de algunos funcionarios en distintos gobiernos refleja que los debates sobre tipo de cambio, déficit fiscal, reservas internacionales, deuda y acceso al crédito externo atraviesan varias décadas de la política económica argentina.
Una relación que excede a los gobiernos
En 2022 el gobierno de Alberto Fernández reemplazó el acuerdo de 2018 por un Programa de Facilidades Extendidas destinado principalmente a refinanciar los vencimientos heredados.
La administración de Javier Milei profundizó posteriormente la estrategia de equilibrio fiscal, liberalización económica y saneamiento del balance del Banco Central. Las revisiones del programa continúan concentrándose en cuatro variables: resultado fiscal, acumulación de reservas internacionales, política cambiaria y sostenibilidad de la deuda.
El propio FMI también cambió a lo largo de estas siete décadas. Pasó de impulsar programas centrados exclusivamente en la estabilización monetaria a respaldar reformas estructurales durante los años noventa. Después de la crisis financiera internacional incorporó con mayor frecuencia objetivos vinculados con la protección social y la sostenibilidad de la deuda.
La Argentina también cambió. Transitó gobiernos militares y democráticos, alta inflación, convertibilidad, default, controles cambiarios y procesos de liberalización. Sin embargo, un rasgo permanece constante: cuando el país pierde acceso al financiamiento internacional y se agotan las reservas del Banco Central, el Fondo vuelve a convertirse en el prestamista de última instancia.
Por esa razón, la historia de la relación entre la Argentina y el FMI no puede entenderse únicamente como una sucesión de préstamos o de negociaciones técnicas. Constituye también la historia de las dificultades recurrentes del país para estabilizar su moneda, generar divisas, sostener el crecimiento y financiarse sin depender del ahorro externo. Mientras esos desafíos permanezcan abiertos, cada nuevo acuerdo difícilmente sea el último.
