Abrir una cuenta bancaria, contratar un seguro, solicitar un crédito o aceptar los términos de un servicio desde un teléfono celular se volvió parte de la vida cotidiana de millones de argentinos, pero esa experiencia más simple plantea un desafío para las organizaciones: demostrar que quien aceptó una operación era realmente esa persona y que comprendió qué estaba autorizando.
Aunque la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales rige en Argentina desde hace más de dos décadas, la digitalización de los servicios, el crecimiento de las operaciones remotas y las nuevas modalidades de fraude elevaron el estándar sobre cómo se obtiene y registra el consentimiento. En paralelo, distintos proyectos de reforma buscan actualizar el marco normativo para acercarlo a estándares internacionales, con foco en conceptos como la responsabilidad demostrada y el refuerzo de la protección de los datos personales.
Para Hugo Díaz, CEO de Autentikar y especialista en identidad digital, el principal cambio no pasa por la definición jurídica del consentimiento, sino por la necesidad de poder demostrarlo. “Durante mucho tiempo bastó con registrar que un usuario había aceptado los términos de un servicio. Hoy eso ya no alcanza”, explicó Díaz.
Evidencia y trazabilidad en operaciones remotas
En operaciones con mayor nivel de riesgo, conservar únicamente un registro de clic en “acepto” resulta insuficiente. La trazabilidad se apoya en la capacidad de reconstruir la interacción completa: qué documento presentó el usuario, qué información recibió, qué versión del texto aceptó, cuándo lo hizo y mediante qué acción expresó su voluntad.
Díaz sostuvo que uno de los errores más frecuentes es tratar como equivalentes la autenticación de identidad y el consentimiento informado. “La autenticación permite confirmar quién está realizando una operación. El consentimiento, en cambio, acredita que esa persona manifestó una voluntad libre, expresa e informada respecto de un tratamiento específico de sus datos. Son procesos complementarios, pero ninguno reemplaza al otro.”
El punto se vuelve crítico cuando un cliente desconoce una operación. “Cuando un cliente desconoce una operación, la empresa debe poder demostrar que quien la realizó era realmente el titular y que entendió lo que estaba autorizando”, dijo Díaz.
Controles proporcionales al riesgo
El nivel de evidencia no es uniforme. Una suscripción informativa puede resolverse mediante mecanismos más simples, mientras que la apertura de una cuenta, la contratación de un crédito o la aceptación de condiciones vinculadas a datos sensibles demandan controles proporcionales al riesgo. En esos casos, las organizaciones suelen combinar mecanismos para fortalecer la trazabilidad: la validación documental para comprobar la autenticidad del documento presentado, la autenticación para confirmar que quien interactúa con el sistema es el titular, y la aceptación registrada para vincular a esa persona con el contenido específico autorizado.
También cobra relevancia la calidad de la información previa al consentimiento: claridad sobre qué datos se recopilan, con qué finalidad se utilizarán, si se compartirán con terceros y cómo ejercer derechos como acceso, rectificación o revocación. “La transparencia no depende de mostrar documentos más largos, sino de entregar información comprensible y demostrar que esa decisión fue adoptada de manera consciente. Un consentimiento bien diseñado protege tanto a la organización como al usuario.”
