El presidente de la Unión Industrial Argentina, Jorge Blanco Villegas, descalificó en primera instancia al Estado como asignador de recursos, pero de inmediato reclamó su acción donde la competencia es precaria.
No es seguro que los funcionarios económicos compartan la línea argumental con que el dirigente fabril defiende al actual modelo, pero habrán de coincidir en que este hábil polemista sabe presentar sus ideas en forma convincente. Blanco Villegas incursiona con comodidad en el campo minado de la política industrial. Se declara a favor de la apertura administrada y admite -o propicia- la presencia activa del Estado cuando las circunstancias lo requieren, a la vez que se opone con vehemencia a lo que rotula como “fundamentalismo de mercado”.
En un diálogo abierto con MERCADO, se quejó de los lobbistas que quieren acabar con la industria y de los viejos esquemas de algunos de sus colegas, que pretenden liquidar la libre iniciativa empresaria.
-¿Tendría que replantearse la política de otorgar beneficios sectoriales si se comprueba que ha habido anomalías en la implementación del régimen especial automotor?
-Aun en la hipótesis de que hubiese habido irregularidades, ellas no serían un argumento consistente para descartar regímenes como el que rige para la industria automotriz. De la existencia de anomalías no se deduce lógicamente que haya que abolir las leyes sino, más bien, que hay que hacerlas cumplir.
-¿Cree que hay política industrial o meras acciones de lobbying que obtienen protecciones especiales con nombres y apellidos?
-Vamos por partes. Usted presenta el lobbying y la política industrial como dos factores necesariamente excluyentes y no es así. Si por lobbying se entiende la defensa de los intereses sectoriales, éste puede existir en el marco de una política industrial, al margen de ella y aun contra su existencia. Pero yendo más a lo específico, yo visualizo un fuerte lobby de sectores opuestos a la producción nacional, a los que he definido como fundamentalismo de mercado.
-¿Quiénes son?
-Son los que difunden el ideal de un país shopping center, en el que la gente es concebida sólo como consumidora, sin comprender que para que haya consumidores debe haber producción, trabajo, salarios. Estos sectores son los que están desarrollando una fuerte acción de bombardeo sobre la opinión pública para resistir la política económica vigente y su concepción de una apertura administrada, que se opone tanto al aperturismo ingenuo como al viejo proteccionismo aislacionista.
LA MANO DEL MERCADO.
-Pero no me dijo si existe o no política industrial.
-No aspiro a que el Estado decida por las empresas o por la sociedad civil. Como regla general, considero correcto que sea el mercado (y no algún funcionario iluminado) el principal asignador de recursos de la economía. Pero también estimo que el Estado debe actuar para garantizar la existencia
del mercado en aquellos sectores o regiones donde el mercado apenas existe precariamente o no existe. El Estado debe contribuir, asimismo, a dar amparo a aquellas industrias que se ven agredidas deslealmente por importaciones subsidiadas y a establecer tiempos de adaptación de las industrias
existentes a las reglas de juego que prevalecen en la economía globalizada de nuestros días.
-¿Ello sucede actualmente?
-Si por política industrial se entiende el estímulo a la existencia y preservación de un mercado libre, vigoroso y transparente, creo que sí. Aunque en la UIA preferiríamos que hubiera más.
-Hasta ahora se ve únicamente la acción decidida de la UIA en obtener la reforma laboral. ¿Ese es el punto de partida de una propuesta industrial?
-No es cierto lo que insinúa en su pregunta. La UIA no se dedica únicamente a obtener la reforma laboral. Hemos desarrollado y desarrollamos muchas otras iniciativas tendientes en muchos casos (como el de esa reforma) a crear condiciones de modernización de la estructura económica y a reducir el llamado costo argentino. Hemos planteado nuestro punto de vista sobre los excesos del
costo financiero y la falta de crédito razonable que padecen sobre todo las pequeñas y medianas industrias. Hemos planteado la necesidad de amparo de sectores industriales agredidos por producción extranjera subsidiada, para citar sólo algunos campos en que se mueve la UIA. En todos los casos procuramos acercar argumentos para perfeccionar un rumbo económico, el actual, que
respaldamos vigorosamente en sus grandes líneas. Muchas veces hemos sido escuchados.
-¿Realmente cree que la reducción del costo argentino será garantía de competitividad, siendo que, por ejemplo, en el caso de los autos no representa más de 8% en la estructura de costos?
-Sus datos no son buenos. El salario incide en alrededor de 12% en el costo de un auto y 40% en las autopartes. Pero es obvio que no, que la flexibilización laboral no será garantía “por sí sola” de mayor competitividad. Para conseguirla hay muchos otros factores convergentes, algunos que dependen de las propias empresas (inversiones, management, decisiones estratégicas) y muchos otros que dependen de terceros. Sea el Estado, sean otras empresas que contribuyen con sus productos o servicios a determinar el precio final y la calidad de los productos. En rigor, cuando un producto argentino, de una fábrica argentina, compite en el mundo, a través de ese producto compite todo el país: la calidad y el costo de su fuerza de trabajo, la eficiencia de su red de servicios, el precio de la energía que consume…
-En este aspecto, ¿las tarifas que cobran las empresas que operan los servicios privatizados permiten a la industria competir internacionalmente con posibilidades?
-No se puede generalizar. Le diré, en principio, que las privatizaciones han contribuido a mejorar la competitividad global de la Argentina en varios sentidos. En primer lugar, ayudaron a consolidar la imagen actual del país en el mundo, lo cual se traduce, por ejemplo, en mejores condiciones crediticias, en la disminución del riesgo-país, etc. También han ayudado por la mejoría de los
servicios. En cuanto a los precios… bueno, le diría que a veces son más altos que los que algunas de las empresas equivalentes cobran en otros países, pero con tendencia a bajar, como en el caso de la electricidad, de modo que es deseable que se vayan ajustando a la baja para colaborar con la competitividad global de la Argentina.
PERFIL EXPORTADOR.
-El perfil de las exportaciones muestra a los aceites y las autopartes en la vanguardia y las metalmecánicas en franco retroceso. ¿Este sería el modelo propiciado?
-No, claro que no. Debemos exportar más y mejores productos. Pero no olvide que recién estamos emergiendo de un país de economía amurallada y atacado por la hiperinflación. La reconversión, la adaptación a la competencia feroz de esta “aldea económica global” en la que vivimos es un proceso que lleva tiempo. Las empresas están invirtiendo intensamente en bienes de capital, en tecnología más avanzada. Esta inversión no tardará en hacerse ver y entonces el perfil de nuestras exportaciones será muy diferente.
-¿La UIA estaría de acuerdo con que se aproveche el potencial de las industrias intermedias, como siderurgia, aluminio, celulosa y papel o petroquímicas, que se desarrollaron a costa de subsidios y fuertes inversiones, para aplicarlas a programas especiales de viviendas, reparaciones viales o integración automotriz con Brasil?
-No vivimos en un mundo estancado, sino en una economía vertiginosamente cambiante, en la que algunas actividades crecen y otras languidecen. No deberíamos atarnos a la idea de que hay que preservar todo lo que existe ni al viejo modelo autárquico y autosuficiente, que imaginaba que en el país debía producirse virtualmente todo, cualquiera fuese su costo. Hay que actuar con flexibilidad y adaptabilidad. Pero dicho esto, debo agregar que, por supuesto, ningún país sensato se alegra de que su capacidad instalada se convierta en humo. La solución es buscar procesos de reciclaje y adaptación. Y esto es válido tanto para las industrias cuanto para los trabajadores.
-¿Es posible ingresar en la globalización (concretamente en el Mercosur) sin definir una política industrial?
-A la globalización, en rigor, se ingresa más allá de la voluntad o de las condiciones en que uno esté. Es un hecho de tanta magnitud que es imposible mantenerse ajeno. Aun los intentos autoritarios o totalitarios de mantener economías cerradas con candado para permanecer al margen de la globalización han fracasado. Por suerte, Argentina está ingresando en esta etapa con su economía básicamente saneada, sin el cáncer de la alta inflación, con crecimiento. Faltan algunas cosas, es cierto, pero no hemos ingresado mal, para nada.
-En los países industrializados, como la antigua Alemania y la moderna Corea los empresarios se juntan con el gobierno para definir las políticas. ¿Es viable hacerlo en la Argentina, con un Cavallo en el Ministerio de Economía y un modelo económico caracterizado por creciente presión fiscal?
-Existe siempre como idea atrayente un modelo de intensa colaboración entre el Estado y las empresas, del tipo que dio tantos resultados en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial: el mitológico papel atribuido al MITI. No es descartable, claro. Pero, como comprenderá, Argentina no es Japón. Tiene su propio estilo y no nos está yendo tan mal aplicándolo. Por cierto, en el marco
argentino no sólo es posible llegar a acuerdos importantes con el ministro Cavallo, sino que él (como símbolo de esta política que encabeza el presidente Menem) es la precondición de esos acuerdos.
-¿Cómo se traduce hoy en la Argentina la inclinación de los países industrializados, como Estados Unidos, a defender prioritariamente el empleo de sus ciudadanos en desmedro, muchas veces, del consumidor?
-Se traduce en parte en los riesgos de un mayor proteccionismo a la antigua. De todos modos, estas políticas de protección del trabajo nacional son lógicas hasta un cierto punto y no son incompatibles con la apertura de la economía. Le digo más: la razonabilidad de esas políticas de protección (temporaria) del trabajo nacional son lógicas en los Estados Unidos y también en la Argentina.
-¿Es que los industriales del país tienen la dramática opción de pensar como Blanco Villegas o como Manuel Herrera?
-Usted se ha pasado todo el tiempo de esta entrevista planteando falsas opciones y ésta es otra más. Jamás se me ocurriría que las opciones de los industriales del país puedan pasar por las figuras personales de un dirigente o un ex dirigente de la UIA. En términos de cada empresa, la opción pasa por los empresarios individuales, por su capacidad, su genio, su inversión, su audacia, su capacidad para liderar a su personal y para hacerlo participar del sentido de misión que tiene toda empresa grande o pequeña. Y en términos de representación de los industriales, la opción no pasa por nombres y apellidos, sino por el fortalecimiento de las instituciones, en este caso, la Unión Industrial
Argentina.
Rubén Chorny.
EMPRESARIO EXITOSO.
El actual presidente de la Unión Industrial Argentina, Jorge Blanco Villegas, es un empresario exitoso en sus actividades particulares. Está al frente de Philco, una firma electrónica que sobrevivió a la apertura importadora y hasta adosó a ex competidores, como Kenia Sharp y Tívoli.
Ex cuñado de Francisco Macri, se sentó en la cabecera de la mesa del gremialismo industrial cuando sus pares de los sectores petrolero, siderúrgico, petroquímico y textil centraron su interés en los servicios públicos.
Acompaña al presidente Carlos Menem y al ministro Domingo Cavallo en casi todas las delegaciones oficiales que van al exterior, y se empeña, con inusual habilidad dialéctica, en que las relaciones entre la entidad que preside y el gobierno no salgan jamás de cauce.
Un millón de empleos.
REACTIVACION CON TECHO.
El déficit habitacional, el desempleo y el saldo negativo de la balanza comercial inspiraron al Ministerio de Economía a apelar a la construcción como factor dinamizante. Los contratistas también apostaron al cemento con un plan de viviendas para la clase media.
Después de que se cansó de vender autos en los últimos dos años, Francisco Macri descubrió otra demanda insatisfecha en el país: las viviendas de clase media acomodada.
Dejó el sillón de Sevel a su hijo Mauricio, se despegó de ADEFA y se mudó a la Unión Argentina de la Construcción (UAC) para pilotear en persona el que será uno de los focos de actividad económica más importantes de, por lo menos, los próximos dos años.
Lejos estaba de imaginar que su vieja disputa con los inspectores de la DGI lo ralearía de la escena, a pesar de que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, había avizorado en el cemento, la cal y la arena la respuesta más al alcance de su mano que tendría en lo inmediato para paliar el déficit de empleo, de balanza comercial y de viviendas sociales.
En realidad, para el gobierno, la vieja receta del efecto multiplicador de la construcción volvió a surgir en momentos en que las fuentes de trabajo comenzaban a hacer agua. Más prácticos para los negocios, los empresarios del ramo apuntaron al “nicho” de mercado compuesto por los que tienen
capacidad de endeudamiento y querían cambiar el departamento. Estimaron 7 millones de metros cuadrados por año, capaces de movilizar un capital de US$ 5.200 millones y más de 300 mil empleos.
Hasta que Macri fue procesado por presunto contrabando de autos, la iniciativa privada contaba con la anuencia de la presidenta del Banco Hipotecario, Adelina Dalessio de Viola, y con un guiño oficial para meter en la bolsa los ahorros del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi).
El plan presentado a la sociedad por los ex contratistas del Estado empalma con el final del momento más excepcional de la industria automotriz, cuando las terminales aprovecharon el despertar del consumo que deparó la estabilidad económica para manejar el abastecimiento de un mercado que creció de 100 mil vehículos al año a casi medio millón. Lo que permitió dar ocupación a cerca de 500 mil personas, y provocó la envidia de otros sectores por el nivel de ganancias de la industria en estos años.
Por lo pronto, Macri padre se pasó del fierro prendario al ladrillo hipotecario y al cemento panamericano. Junto con los constructores Benito Roggio, Techint, Pérez Companc, Comercial del Plata, Supercemento, Aragón, esperarán que el promotor inmobiliario arme una mesa de financiación con recursos de inversores particulares locales, del exterior y de administradoras de fondos de
pensión. Una vez reunido el Fondo Cerrado de Inversión Hipotecaria entran a tallar los contratistas con planos de departamentos tipo “Barrio Norte”, de 70 metros cuadrados, a un precio promedio de US$ 52.000 pagaderos en cuotas mensuales de 450 pesos.
El equipo de Cavallo no comulga con esta iniciativa privada, a pesar de que pretende apelar a la clásica fórmula de la construcción para bajar los niveles de desempleo. Consideró prioritario rebajar los costos de arancelamiento de planos, comisiones de intermediarios y trámites municipales, que encarecen los precios cerca de 25%, según estimaciones oficiales. Parten de la base de que los 450 pesos por metro cuadrado valuados por el proyecto de la UAC dejan afuera de las posibilidades de compra a los menos pudientes. En consecuencia, inhibe al Estado de aportar los fondos del Fonavi a la causa.
De todos modos, el Palacio de Hacienda rescató a la construcción como herramienta de política económica, sin considerar que una reactivación como la que se propone no soluciona el problema del déficit comercial ni uno eventual en la balanza de pagos. Al contrario, puede ayudar a que aumenten las importaciones. Si dejara de ingresar dinero del exterior por efecto de tasas más altas en los mercados internacionales, se derrumbaría el esquema crediticio para la vivienda.
Los empresarios calculan producir 100 mil por año con un flujo de dinero que se regenerará cuando los bancos que dan los créditos coloquen la cartera de hipotecas (“securiticen”) en fondos comunes de inversión que operan en Bolsa para hacerse de nuevo de liquidez y reanudar el circuito. El Banco Hipotecario juega un papel fundamental en este negocio.
INYECCION REACTIVANTE.
La construcción es uno de los pocos sectores donde la flexibilización de los contratos laborales rige de hecho. A pesar de haber crecido la actividad 9% en 1993, el empleo cayó 11,1% por aplicación de nuevas tecnologías y porque mucha mano de obra se incorporó en forma transitoria e informal. Los
privatizadores manejan 5% del negocio, pero más de 90% del capital es de origen nacional, según afirma el director de Claves, Nelson Pérez Alonso.
La clave del incremento previsto en la construcción reside en el retorno del crédito hipotecario a 10 años, a 16% anual, que cubre más de 50% del valor del inmueble. La plaza se potenciará con la estandarización de materiales y su montaje, que permitirán disminuir costos. El Fonavi viene perdiendo presencia y en 1993 construyó la mitad que en el año anterior.
Las grandes compañías que venían ejerciendo un oligopolio en obras de envergadura por relaciones técnicas que inhabilitaban a las Pymes son las que más cerca están de la transformación productiva.
De hecho, ya se especializaron en viviendas.
La obra pública descendió a la mitad de su participación en el producto bruto interno en los últimos 13 años, mientras la privada atendió la realización de viviendas suntuosas vía créditos hipotecarios y las tareas relacionadas con servicios que salieron de la órbita estatal.
El desafío que les queda por delante radica en ofrecer a los clientes masivos viviendas bien localizadas y atractivas en tipo de construcción y costo, ya que la competencia entre constructores, financistas e inmobiliarias amaga ser ardua. Cuando las viviendas se realizaban mediante planes oficiales, a nadie le importaba mucho saber qué quería el usuario.
El mercado ya sufrió una deflación de 20% en el segundo semestre de 1993 debido a la sobreoferta de departamentos de categoría que absorbieron 70% de las construcciones.
Ahora las puertas se abren a 3.000 empresas constructoras, 20 mil inmobiliarias, el Hipotecario con US$ 250 millones reunidos con los Tiavis y los bancos privados que venden y financian a compradores y constructores.
Además de los planes oficiales que financie el Fonavi para la población de menores recursos, el “nicho” de mercado a repartir en los próximos 10 años sumaría un millón de viviendas tipo “Barrio Norte” (como las definieron los constructores), un millón de puestos de trabajo y un millón de deudas a no menos de 15 años que le harían prender a cada argentino medio hipotecado una vela a la estabilidad de la moneda.