Tras el récord de US$ 3.600 millones pronosticado
para este año en el sector seguros, es probable que en
1993 el volumen total de las primas registre un nuevo e importante
impulso, debido al carácter ahora obligatorio del seguro
de responsabilidad civil para automotores. Se calcula que la mitad
de los vehículos que circulan en el país carecen
de todo tipo de cobertura. Por lo tanto, la nueva norma agregaría
al mercado US$ 900 millones anuales.
Sobre la base de estos datos, los cálculos
de los analistas del sector elevan a US$ 4.700 el valor total
de las primas para 1993. De confirmarse esta cifra, la Argentina
se colocaría, con 40% de la producción total sudamericana
de seguros, en un nivel similar al de Brasil. (En lo que respecta
a México el volumen actual de su mercado asegurador es
inferior al de Argentina: en 1992 rondó, según cifras
oficiales, US$ 2.700 millones.)
Las estimaciones de los especialistas trasuntan optimismo.
Tal es el caso del estudio Arthur Andersen, que recientemente
pronosticó que dentro de un quinquenio el volumen total
de las primas se ubicará entre US$ 5.500 y US$ 6.000 anuales.
Evidentemente, este cálculo toma en cuenta la gravitación
que tendrá en el mercado la sanción del nuevo régimen
de Fondos de Pensión, que
impondrá a cada afiliado la obligación
de contar con seguro de vida.
EXTRAÑOS EN EL PARAISO.
Paradójicamente, en medio de este panorama
de alentador crecimiento, la situación general de las empresas
del sector es preocupante. Debido a los problemas financieros
que soportan muchas de ellas, se entabló una competencia
salvaje, reflejada en el valor de las primas, que en muchos casos
no alcanzan a cubrir las relaciones técnicas.
Las dificultades del sector son reconocidas por Roberto
A. Blanco, titular del Movimiento Asegurador Privado (MAP), que
nuclea a La Buenos Aires, Seguros del Interior, Patagonia, Interamericana,
Iguazú, Central del Plata, San Lorenzo y el Grupo Juncal.
Blanco sostiene que, a pesar del mayor volumen de los negocios,
el mercado se desenvuelve sin rentabilidad. Esta situación
obliga a las compañías a un ajuste permanente de
sus estructuras administrativas y pone sobre el tapete la urgente
necesidad de reducir drásticamente las comisiones por adquisición
de los negocios.
Los problemas de caja son de tal magnitud que, ante
la alternativa de desaparecer, algunas compañías
(entre 30 y 40) optaron por una variante extremadamente riesgosa:
no contratan reaseguros o lo hacen en una medida muy inferior
a lo que su cartera, liquidez financiera y patrimonio harían
aconsejable.
No todos los analistas consideran que la causa de
esta peligrosa conducta provenga de problemas financieros. Sostienen
que muchas empresas no se reaseguran por los altos costos de la
operación, vigentes tras las abultadas pérdidas
(más de US$ 3.300 millones) que soportaron las principales
reaseguradoras del mundo en el último ejercicio.
La carencia de una adecuada cobertura por parte de
algunas compañías fue reconocida por el presidente
de la Superintendencia de Seguros, Alberto Fernández, quien
señaló ante MERCADO que muchas empresas retienen
riesgos de escasa siniestralidad sin reasegurarlos, comprometiendo
de esa
forma su solvencia patrimonial. Esta política
se hizo mucho más evidente en el rubro incendios.
Para evitar la proliferación de este tipo
de políticas, la Superintendencia está intimando
a esas empresas aseguradoras a que manifiesten en un plazo perentorio
(dos días) con qué tipo de argumentos técnicos
retienen semejantes riesgos. Si la contestación no resulta
satisfactoria, intiman a la empresa a que proceda a reasegurarse,
o bien que anule la póliza respectiva. Si la empresa no
cumple con ninguno de estos requerimientos, la Superintendencia
informa sobre la situación a los clientes, para que conozcan
los riesgos que corren y actúen en consecuencia.
LA CUESTION DE LA DEUDA.
El estado de encarnizada competencia que ahora se
observa en el sector podría durar todo el tiempo que el
Inder demore en liquidar sus deudas con las compañías.
En ese sentido, algunos observadores dicen que las correspondientes
al run-off (originadas en liquidaciones de siniestros) se vienen
abonando con cierta regularidad, aunque no con la
suficiente transparencia que sería de desear.
En cuanto a las deudas del Inder originadas en movimientos
de caja, la situación es totalmente distinta. Estas deudas,
que algunos analistas estiman superiores a US$ 300 millones, se
originaron en los diferentes criterios sustentados por el Inder
desde 1986, según actuara como deudor o acreedor.
A través de recientes resoluciones, la institución
intenta presionar a las empresas a que acepten valores que, según
denuncian fuentes del sector, "en muchos casos no alcanzan
a representar 15% de lo que correspondería si se actualizaran
las cifras con las normas contables de uso corriente".
Daniel R. Salazar, presidente de la Asociación
Argentina de Compañías de Seguros, no se aventuró
a avalar estas estimaciones, pero señaló que de
la lectura de las resoluciones surge que el reconocimiento será
notablemente inferior al que mencionó el titular de la
Comisión Liquidadora del Inder, Oscar Chialvo: $ 220 millones.
De esa cifra, 60% se abonaría en efectivo y el resto en
bonos.
Salazar agregó que, al margen de estas circunstancias,
hay un hecho significativo: las compañías más
beneficiadas serían las que en los últimos años
soportaron mayores siniestros y, por lo tanto, las que le generaron
mayores pérdidas al Inder.
Diversos analistas consultados por MERCADO critican
el procedimiento propuesto por el Inder debido a que, si las empresas
no lo aceptan, no les queda otra alternativa que el proceso judicial,
que en el mejor de los casos, insumirá tres o cuatro años.
El Grupo Juncal, por ejemplo, inició su demanda en 1987
y recién ahora el proceso entró en la etapa de las
pruebas. Con este antecedente las empresas se encuentran en una
grave encrucijada, pero ya habría criterio adoptado entre
las más solventes (que no necesariamente son las más
importantes por el monto de sus primas) de acudir a la vía
judicial, para no ver cercenado su patrimonio en una cifra muy
importante.
La decisión que las compañías
finalmente adopten es de fundamental importancia para el desenvolvimiento
futuro del mercado.
En su carácter de presidente de la Superintendencia
de Seguros, Fernández considera que el problema está
siendo magnificado por las empresas y que la diferencia entre
los cálculos de las empresas y los del Inder radica en
que el instituto reconoce las deudas desde octubre de 1988, mientras
que las compañías inician sus estimaciones en 1985.
Según Fernández, el criterio que intenta
aplicar el organismo es razonable, dado que tanto en l986 cuanto
en l987 y hasta octubre de 1988, las compañías abonaban
las primas al Inder a los 180 días sin ninguna clase de
indexación. Por lo tanto, agrega, si se beneficiaban al
no hacer el reajuste, no pueden pedir ahora que se les reconozca
deuda alguna en concepto de caja por ese período.
Además, Fernández recuerda que las
empresas ya habían acordado en 1990 que la actualización
comenzaría a regir a partir de octubre de 1988, según
lo estipulado en un acta firmada oportunamente con el interventor
del Inder, Jorge Furlan.
También hay diferencias con respecto a los
importes adeudados con posterioridad a octubre de l988.
El Inder sólo les reconoce a las empresas
70% de lo solicitado. En esta negociación, el instituto
toma en cuenta que, si las compañías no aceptan,
no les queda otra alternativa que la vía judicial, en cuyo
caso los gastos no bajarían de 20% de lo solicitado. Desde
esta óptica, con la propuesta del Inder las empresas sólo
se verían perjudicadas en 10%.
VISPERAS DEL CAMBIO.
Pese a estos problemas, los analistas consideran
que la evolución futura del sector puede considerarse razonablemente
buena, aunque Blanco admite que ello dependerá de la suerte
final del plan de convertibilidad. "Está demostrado
que el gran enemigo de las compañías aseguradoras
es la inflación", señala. El titular del MAP
lanzó, además, un tiro por elevación a la
Superintendencia de
Seguros, al afirmar que ese organismo, siguiendo
el ejemplo de España, debería otorgar un plazo mucho
más flexible para que las compañías ajusten
su patrimonio a las nuevas normas dictadas por la institución.
De no ser así, agrega, muchas empresas estarán obligadas
a desaparecer, pero no lo
harán por su ineficiencia, sino como consecuencia
de las circunstancias políticas y económicas por
las que atravesaron el país y el Inder.
Por su parte, Salazar sostiene que la estabilidad
debería brindar un gran impulso a todos los rubros relacionados
con el seguro de vida. Esto posibilitaría "restablecer
una masa muy significativa de inversiones en el mercado local,
que hoy se canalizan hacia el exterior, generando una fuga
importante de divisas, que contribuyen a engrosar
fondos de inversiones en las plazas más importantes del
mundo".
Aunque Salazar reconoció que no existen cifras
oficiales que cuantifiquen los seguros que se derivan al exterior,
adelantó que estudios privados serios los sitúan
en más de US$ 200 millones.
Salazar también advierte grandes posibilidades
de expansión en el seguro de salud, que hasta ahora, debido
al exceso de regulaciones, soportaba los problemas derivados de
la falta de flexibilidad para operar en nuevos negocios y mercados.
Cuando se desregule el sector salud de las obras sociales, el
auge de esta actividad puede ser espectacular, sentenció.
Para todo esto es fundamental la consolidación
de la estabilidad y que se restaure la confianza en la institución
aseguradora nacional. Si este último requisito no se cumple,
el mercado puede estar totalmente desregulado, pero los argentinos
seguirán contratando sus pólizas en el exterior.
Algunos analistas opinan que, debido a la desregulación,
muchas empresas quedarán en el camino durante el año
próximo. Fernández, sin embargo, considera que la
depuración no será tan traumática. Las compañías,
señala, conocen de antemano el horizonte de proyección.
Por lo tanto, cada directivo estará en condiciones de adecuar
el volumen de negocios a su propio respaldo
patrimonial.
Muchas empresas ya se están preparando para
el gran cambio. Uno de los ejemplos más interesantes es
el de la cooperativa Bernardino Rivadavia que, según las
versiones, acaba de asociarse con Bamerindum, de Brasil, creando
entre ambas una nueva empresa binacional, que competirá
en ambos mercados, sin interferir en la actividad que realiza
cada una en su país.
Esta, según Fernández, sería
la dirección correcta; "los empresarios nacionales
deben comprender que el mercado de los próximos años
es el del Mercosur. No sólo deben prepararse para extender
sus negocios a ese ámbito, sino también para hacer
frente en el mercado interno a la competencia internacional de
primer nivel".
En ese sentido Fernández sostuvo que ya son
varias las compañías internacionales que están
observando detenidamente el mercado local.