
Menos de 1% de las 500 ciudades más grandes cumplen con los criterios de aire limpio que fija la Organización Mundial de la Salud. Más de la cuarta parte de su territorio se encuentra en proceso de desertificación. Casi 40% de sus ríos están contaminados y toda Beijing está envuelta en una gruesa capa de smog. Por todo esto es evidente que el Gobierno tiene dificultades para equilibrar crecimiento económico con protección ambiental, concluye Elizabeth C. Economy, directora de Estudios Asiáticos del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos.
Este problema genera convulsión social, problemas de salud pública y demoras en el desarrollo nacional. Daña, además, la economía: un estudio realizado por la Chinese Academy for Environmental Planning (CAEP) estimó en 2008 el costo de la contaminación, del deterioro de los suelos y de la extinción de tierras húmedas en 3,9% del PBI.
La respuesta de Beijing a todos estos problemas es insuficiente. La inversión en protección ambiental se mantiene en 1,3% del PBI, pero según un informe de la CAEP realizado en 2007, casi la mitad de ese dinero se pierde en corrupción local o en asignación de fondos ambientales a proyectos de otra índole. Y a pesar de la política oficial, un estudio académico reciente descubrió que los funcionarios locales reciben más premio por invertir en infraestructura que por proteger el ambiente. Todos los años el Gobierno se fija metas ambiciosas de reducción de contaminación, lanza campañas masivas para limpiar ríos y reforestar tierra degradada, invierte en energías renovables y realiza experimentos con eco-ciudades. Y todos los años obtiene el mismo resultado: el ambiente se deteriora.
Afortunadamente el pueblo chino es quien está exigiendo más acción al Gobierno. Reconoce que los problemas ambientales son sistémicos y que, a través del activismo, puede sentar las bases para transformar la protección ambiental en el país. Como primer paso, reconocen que la buena política ambiental depende de datos públicos y precisos.
Estadísticas públicas
Organizaciones no gubernamentales como el Institute for Public and Environmental Affairs están obligando a las ciudades a adherir a regulaciones que les exigen publicar estadísticas de contaminación. Los medios están publicando investigaciones sobre distintos problemas de contaminación. Y en 2012 Beijing y otras ciudades se vieron obligadas a revelar niveles de contaminación del aire después de que la embajada y el Consulado de Estados Unidos publicaran datos que encendieron una polémica en Internet entre la población china que exigió a su Gobierno que publicara las estadísticas.
Esta presión de las bases, que crece día a día, exige al Gobierno que haga cumplir las leyes existentes y asuma toda la responsabilidad que le corresponde. Se han creado unos 100 juzgados especializados en medio ambiente. El próximo paso será facilitar las condenas cuando los funcionarios no actúan como el pueblo cree que deben actuar. Ahora la protesta se realiza en la Web o en las calles, siempre exigiendo que las autoridades se hagan cargo de lo que constituye su responsabilidad. Entre julio y octubre de 2012, por ejemplo, hubo grandes protestas en tres provincias cuando las autoridades aprobaron fábricas y otros proyectos que el público creía perjudiciales para la salud.
En redes sociales y microblogs, los ciudadanos chinos lograron acceso a información necesaria para efectuar manifestaciones. Y en cada caso, el Gobierno local detuvo sus planes. Si bien no es ideal la participación política mediante protestas, el fundador del Institute of Public and Environmental Affaire, Ma Jun, dijo que el temor a las manifestaciones públicas está obligando a algunos Gobiernos locales a pensar dos veces sobre la forma de gobernar.
Por supuesto que el activismo público solo no va a transformar el ambiente. Según la especialista, el Gobierno debe hacer varias cosas. Debería invertir más en capital humano y financiero. Debe sancionar leyes y regulaciones y asegurar la implementación. Debe crear un sistema de incentivos políticos y económicos para que se haga lo correcto. Y debe mejorar el acceso a la información.

