Desde Miami o Houston, el vuelo no llega a las tres horas. Al bajar en Roatán —isla caribeña abrazada por el segundo arrecife de coral más grande del planeta— el viajero pisa suelo hondureño y, a la vez, algo que sus promotores diseñaron para no serlo del todo. Se llama Próspera. Es una ciudad-empresa fundada en 2017, financiada por inversores de Silicon Valley con Peter Thiel a la cabeza, y hoy es el corazón de uno de los litigios de inversión más resonantes de América Latina.
Hace más de medio siglo, el economista Albert Hirschman propuso que, frente a una institución que declina, sus miembros tienen dos caminos: la voz, que es quedarse y pelear por reformarla, o la salida, que es irse. Próspera es la salida llevada a su forma más pura. No se trata de emigrar ni de cambiar de país: se trata de comprar el derecho a fundar un micro-Estado que sale de las reglas del Estado que lo aloja. Quien no puede arreglar el sistema, lo abandona y se construye otro a medida.
El sueño de las ciudades a la carta
La semilla intelectual es respetable. En 2009, el economista Paul Romer —Nobel en 2018— formuló la idea de las charter cities: que los países en desarrollo delegaran la administración de territorios poco poblados a regímenes institucionales alternativos para estimular el crecimiento. Honduras tomó la idea y, en 2013, sancionó la ley que creó las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE): jurisdicciones con amplia autonomía fiscal, regulatoria, administrativa y judicial.
Sobre ese andamiaje legal aterrizó el capital. La promoción apuntaba a los “pioneros del siglo XXI” que buscaban un lugar sin intervención estatal y con paisaje de postal. El mensaje funcionó: lo que para Romer era una herramienta de desarrollo se convirtió, en manos de Silicon Valley, en la materialización de un viejo anhelo libertario.
Un Estado dentro del Estado
La sociedad se registró en Delaware con un capital inicial cercano a los 120 millones de dólares, aportado por figuras como Thiel, Marc Andreessen y Sam Altman. El promotor operativo es el venezolano-estadounidense Erick Brimen; en el entramado financiero aparece Pronomos Capital, dirigido por Patri Friedman, nieto de Milton Friedman. La simetría es casi literaria: el abuelo teorizó el mercado libre; el nieto financia el intento de fabricar un territorio donde el mercado escriba las reglas.
En Próspera no rigen plenamente las leyes hondureñas, sino las normas del operador. Residentes e inversores no tributan al Estado anfitrión y las empresas pueden elegir buena parte de su propio marco regulatorio. La contracara la pone Crawfish Rock, la comunidad afrocaribeña garífuna vecina, que denuncia desplazamiento territorial y disrupción en el suministro de agua. La utopía de unos se construye sobre el patio de otros.
Cuando el país anfitrión cambia de idea
El experimento chocó con la democracia. Xiomara Castro asumió la presidencia en enero de 2022 tras una campaña que tenía la abolición de las ZEDE como uno de sus ejes. El golpe definitivo llegó el 20 de septiembre de 2024: la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el marco de las ZEDE con efectos ex tunc, es decir, retroactivos al origen. Para Honduras, esas zonas nunca debieron existir.
Aquí asoma la tensión que Hirschman no llegó a ver del todo: la salida de unos se vuelve un problema de soberanía para todos. Un país puede decidir, por la vía de las urnas y los tribunales, que no quiere ceder pedazos de su jurisdicción. El inversor que apostó a la salida descubre que el Estado del que se fue todavía tiene voz.
La factura del CIADI
Próspera respondió con la herramienta de quien ya no negocia: el arbitraje internacional. Ante el CIADI, el reclamo inicial fue de 10.775 millones de dólares, una cifra que las organizaciones hondureñas equipararon a casi un tercio del PIB anual del país. En octubre de 2025 los demandantes la redujeron a 1.630 millones, gesto que la empresa presentó como prueba de buena fe y el Estado leyó como confirmación del carácter especulativo del planteo.
El proceso avanza a favor de los inversores en lo procesal. En febrero de 2025, el tribunal rechazó el intento hondureño de declararse sin jurisdicción por falta de agotamiento de recursos locales. El 19 de marzo de 2026, mediante una nueva orden procesal, desestimó además el pedido de bifurcación que buscaba resolver primero las excepciones preliminares. El arbitraje, que ya acumula más de tres años, sigue su curso sin fallo de fondo. Lo que está en juego excede a Próspera: define hasta dónde un país puede reformar sus leyes sin pagar una indemnización por hacerlo.
El espejo argentino
El caso dejó de ser exótico para el lector local el día en que Thiel desembarcó en la Argentina. No porque alguien proponga una ZEDE en el conurbano, sino por la lógica de fondo. El RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones, no es un enclave territorial como Próspera, pero comparte el mecanismo: ofrecer a un grupo selecto de capitales un conjunto de reglas estabilizadas por décadas, blindadas frente a los vaivenes de la política ordinaria. Es una salida parcial, pactada desde adentro.
La pregunta que deja Honduras es incómoda para cualquier país que pelea contra el riesgo país a fuerza de excepciones. Cuando se construyen regímenes de reglas blindadas para atraer inversión, se gana certidumbre, pero se hipoteca la capacidad soberana de cambiar de rumbo. Y el día que un gobierno futuro intente recuperar esa capacidad, la factura puede llegar, como en Roatán, con membrete de tribunal internacional.
El próximo capítulo lo escribirá el CIADI cuando se pronuncie sobre el fondo. De ese fallo dependerá no solo el destino de una ciudad-empresa en una isla del Caribe, sino la respuesta a una pregunta que Hirschman dejó abierta: cuánto vale, en dólares, el derecho a quedarse y discutir las reglas en lugar de comprarse la salida.
