El Gobierno avanza con un proceso de desregulación del mercado inmobiliario en Argentina con el objetivo de transformar el corretaje en un servicio comercial competitivo. La iniciativa es impulsada por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y busca eliminar barreras burocráticas, reducir los costos de las operaciones y fomentar una competencia que impacte en el consumidor final.
El esquema propuesto se organiza en cinco ejes. El primero plantea la eliminación de la matrícula obligatoria y de la exigencia de un título universitario para ejercer el corretaje. El segundo apunta al fin del monopolio de los colegios profesionales, al quitarles el rol de control y sanción sobre los profesionales. El tercero elimina las restricciones geográficas, al permitir que un corredor opere en cualquier jurisdicción del país.
Los dos puntos restantes completan el paquete de reformas. Por un lado, se propone la derogación de sanciones por el ejercicio de la actividad sin estar matriculado en una entidad corporativa. Por el otro, se impulsa la liberalización total de honorarios, con la eliminación de aranceles mínimos y fijos para que las partes acuerden libremente los costos.
En este escenario, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) definió la iniciativa como “urgente” para modernizar una industria que percibe “atada con cadenas burocráticas que no suman nada”. Para la entidad, el sistema actual funcionó como un esquema corporativo que restringe el ingreso a la actividad y encarece artificialmente el acceso al mercado.
El presidente de Camesi, Mariano García Malbrán, sostuvo que un mercado más abierto llevaría a competir por eficiencia y valor agregado. “Si el corretaje pasa a ser un servicio más abierto, el impacto principal va a ser de más competencia y presión sobre las comisiones. Eso obliga a competir por valor real: captación, marketing, datos, velocidad de cierre y experiencia del cliente”, afirmó. En la misma línea, consideró que quien preste un buen servicio “podrá sostener sus honorarios, pero no por protección regulatoria, sino por valor agregado”.
Entre los argumentos del sector aparece el costo de la matriculación obligatoria, que “hoy puede costar alrededor de 3,5 millones de pesos solo en la Ciudad de Buenos Aires”. Camesi afirmó que ese gasto no ofrece una contraprestación real ni respaldo profesional y cuestionó que los colegios hayan utilizado el poder delegado por el Estado para “blindar privilegios” y perseguir modelos de negocio innovadores, como las redes de franquicias.
Además, García Malbrán planteó una definición sobre el perfil profesional requerido para el negocio. “No se busca que deje de existir la carrera universitaria ni la figura del corredor inmobiliario”, sostuvo, y propuso mantener “la posibilidad de que se colegien solo quienes lo deseen”.
En paralelo, Camesi propuso avanzar hacia un registro nacional transparente e incorporar herramientas como la firma digital y seguros de responsabilidad profesional. En el plano operativo, el Gobierno impulsa la implementación total de la firma digital y el registro remoto para realizar transferencias de dominio, con la expectativa de reducir tiempos administrativos de semanas a días. “No puede haber una actividad sin controles, pero tampoco un sistema cerrado que frene competencia e innovación. El desafío es encontrar un esquema con reglas claras, trazabilidad y sanciones efectivas”, dijo García Malbrán.
