Iniciar una actividad económica en Argentina puede requerir hasta 4.496 horas de trámites, más del doble del promedio latinoamericano de 2.005 horas, de acuerdo con el Índice de Burocracia del Adam Smith Center 2025. El dato surge de un estudio de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) que analizó las experiencias de Córdoba, Rosario, Salta y Tandil para identificar qué elementos facilitan o dificultan la actividad empresarial.
El trabajo puso el foco en que el obstáculo no se limita a la cantidad de formularios. También aparecen reglas diferentes según el territorio, procedimientos difíciles de entender y decisiones administrativas que no siempre resultan previsibles. En ese marco, el estudio señaló que la forma en que se diseñan y aplican las regulaciones puede pesar tanto como el volumen de trámites.
Argentina cuenta con más de 2.300 gobiernos locales con competencias sobre habilitaciones, uso del suelo, tasas e inspecciones. En la práctica, esto implica que una empresa no solo debe conocer reglas nacionales o provinciales, sino también los procedimientos del municipio donde pretende operar, con variaciones entre jurisdicciones.
Reglas, riesgos y costos
Los resultados fueron presentados el 17 de septiembre en Bogotá durante “LATAM Sin Barreras: Foro regional sobre las libertades económicas”, una iniciativa liderada por CIPE (Centro Internacional para la Empresa Privada) que reunió investigaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala. “Cuando las personas pueden decidir cómo trabajar, producir, invertir y competir con el menor número de obstáculos innecesarios, se crean las condiciones para que los habitantes de un país puedan prosperar”, dijo Morgan King, gerente de Programas para América Latina y el Caribe de CIPE.
Entre los hallazgos, el estudio advirtió que aplicar los mismos requisitos a actividades con distintos niveles de riesgo puede generar costos innecesarios para pequeños negocios. La propuesta consistió en avanzar hacia exigencias proporcionales al riesgo y concentrar controles estatales en las actividades que efectivamente lo requieren.
Tributos locales y digitalización
En el componente tributario, se identificaron 150 tributos en Argentina, de los cuales 82 corresponden al nivel municipal. Sin embargo, de los seis tributos que explican el 85% de la recaudación consolidada, solo uno es municipal y representa el 2,6%. El estudio planteó que este contraste abre la discusión sobre simplificar cobros municipales, transparentarlos y explicar con claridad qué servicio o contraprestación corresponde a cada tasa.
En materia de tecnología, el relevamiento sostuvo que digitalizar un trámite complejo no necesariamente lo simplifica si persisten pasos presenciales o si la información queda repartida entre dependencias. Por eso, CIPPEC propuso ventanillas únicas, expedientes electrónicos, sistemas de intercambio de información entre áreas y un lugar centralizado para conocer requisitos, plazos y costos, con una condición previa: revisar procesos para eliminar pasos que no agregan valor. “Las decisiones de inversión también se toman en los territorios”, dijo Emilia Kaczmarcyzk, Coordinadora Jr. de Estado y Gobierno de CIPPEC.
