Poner en marcha una actividad económica en Argentina puede tomar 4.496 horas de trámites, más del doble del promedio de América Latina, estimado en 2.005 horas, según el Índice de Burocracia 2025 del Adam Smith Center. En ese marco, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) analizó barreras regulatorias y administrativas que afectan a empresas y a quienes buscan emprender.
El trabajo tomó como referencia las experiencias de Córdoba, Rosario, Salta y Tandil, cuatro ciudades con características económicas diferentes. El diagnóstico señaló que las dificultades no se explican solo por la cantidad de gestiones, sino también por reglas poco claras, costos difíciles de prever y procedimientos que pueden variar entre municipios.
Los resultados se presentaron durante “LATAM Sin Barreras: foro regional sobre las libertades económicas”, una iniciativa liderada por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) que reunió investigaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala. “Cuando las personas pueden decidir cómo trabajar, producir, invertir y competir con el menor número de obstáculos innecesarios, se crean las condiciones para que los habitantes de un país puedan prosperar”, señaló Morgan King, gerente de Programas para América Latina y el Caribe de CIPE.
Municipios, previsibilidad y criterios de riesgo
En Argentina, entró en vigor recientemente una resolución que simplifica los trámites de inscripción y flexibiliza los requisitos para crear empresas en todo el país. Sin embargo, el estudio ubicó parte del desafío en provincias y municipios: más de 2.300 gobiernos locales tienen la facultad de establecer requisitos para abrir negocios, definir el uso del suelo, cobrar tasas y realizar inspecciones.
El análisis planteó que la forma en que se diseñan y aplican las reglas puede ser tan relevante como el número de trámites. En particular, aplicar los mismos requisitos a actividades con diferentes niveles de riesgo puede generar costos innecesarios para pequeños negocios. La propuesta consistió en que las exigencias sean proporcionales al riesgo y que el Estado concentre controles en las actividades que realmente lo requieren.
“Las decisiones de inversión también se toman en los territorios. Cuando los procedimientos son previsibles, los requisitos están claros y las instituciones tienen capacidad para responder, se reducen costos e incertidumbres”, destacó Emilia Kaczmarcyzk, coordinadora Jr. de Estado y Gobierno de CIPPEC.
Impuestos locales y digitalización con procesos integrados
El componente tributario también apareció como una vía de simplificación. De los 150 tributos identificados en Argentina, 82 corresponden al nivel municipal. A la vez, entre los seis tributos que explican el 85% de la recaudación consolidada, solo uno es municipal y representa el 2,6%. En ese contexto, se propuso simplificar los cobros municipales, hacerlos más transparentes y explicar con claridad qué servicio o contraprestación corresponde a cada tasa.
El estudio también advirtió que digitalizar un trámite complejo no necesariamente lo simplifica: se identificaron casos con pasos presenciales o con información repartida entre diferentes dependencias. Por eso, se planteó avanzar hacia ventanillas únicas, expedientes electrónicos, sistemas que permitan a distintas áreas compartir información y un lugar centralizado para conocer requisitos, plazos y costos, tras revisar procesos para eliminar pasos que no agregan valor.
