En la avenida Rodríguez de Francia, en pleno Mercado 4 de Asunción, funcionaba desde mediados de los años 50 el Comercial Santa Catalina, un almacén de Brígida Vázquez. Ahí su hijo, Víctor Hugo Vázquez, empezó a prestar dinero a comerciantes y vecinos. En 1984 formalizó el negocio con el nombre de Credicentro, una financiera de microcréditos que durante tres décadas creció sin llamar la atención: absorbió a Crediplus en 2017 y fue ganando clientela en el crédito de consumo.
El salto llegó con la tercera generación. Federico Miguel Vázquez Villasanti, nieto de Brígida e hijo de Víctor Hugo, tomó el timón del grupo familiar y en 2019 empujó a Credicentro hacia el negocio fintech. Ese mismo año, en marzo, entró a la sociedad un accionista que entonces era economista del Banco Basa, del Grupo Cartes, y ex ministro de Hacienda: Santiago Peña. Según la Fiscalía, compró 1.500 acciones preferidas clase K de Credicentro por unos u$s 224.000. Sociedades del entorno de Basa también figuraban entre los accionistas de la financiera.
La holding familiar, Grupo Vázquez SAE, se había constituido en 2014 con otro nombre. Cuando adoptó su denominación actual, en 2020, tenía negocios en ganadería, forestación, gastronomía, entretenimiento y tecnología. En septiembre de 2021, con aprobación del Banco Central del Paraguay (BCP), compró el 65% de la Financiera El Comercio, una entidad fundada en 1976, y la fusionó con Credicentro. De esa fusión nació la marca ueno, una palabra pensada para sonar a “bueno”, cercana y sencilla.
Una licencia en tiempo récord
Entre marzo de 2022 y julio de 2023, la financiera ueno fue presidida por Carlos Carvallo. En agosto de 2023, Peña asumió la Presidencia de la República y Carvallo pasó a presidir el Banco Central. Pocos días antes de jurar, Peña había presentado su declaración jurada de bienes. Allí figuraban 6.144 acciones de ueno Holding, valuadas en unos u$s 917.000, un certificado de depósito de unos u$s 358.000 en la financiera y un bono de ITTI, la tecnológica del grupo. Su patrimonio total había crecido más de 1.600% respecto de la declaración que presentó en 2017, al dejar el Ministerio de Hacienda. La participación en ueno, en cambio, no apareció en su declaración de intereses.
Cuarenta y cinco días después de la asunción de Peña, Vázquez constituyó en Luxemburgo U Holdings S.à r.l., la sociedad desde la que pasaría a controlar el banco. En 2024 se sumó como socio Francisco Peña Palacios, hermano del presidente.
El 22 de noviembre de 2023, el BCP, ya con Carvallo al frente, aprobó la conversión de la financiera en banco comercial. ueno bank abrió sus puertas el 1° de diciembre. Seis meses después, el 28 de junio de 2024, absorbió a Visión Banco, con sus activos, pasivos y su red de sucursales. El trámite fue tan veloz como el de la licencia, y llamó la atención en el sistema financiero local.
El Estado como cliente
La expansión tuvo un motor público. En agosto de 2024, el Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó invertir en bonos de ueno bank por hasta unos u$s 37 millones, a siete años y al 8% anual, al amparo de una ley de 2023 que había creado la Superintendencia de Jubilaciones. A los bonos se sumaron depósitos: el IPS terminó con unos u$s 355 millones colocados en el banco, y unos 32.000 jubilados empezaron a cobrar sus haberes por ueno. La eléctrica estatal ANDE y el Ministerio de Economía también tenían fondos allí. Hacia fines de 2026, el banco administraba unos u$s 850 millones de organismos estatales, alrededor de un quinto de los ahorros del Estado, según un cálculo de Bloomberg.
A fines de 2025, ueno concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los préstamos del sistema, y era el quinto banco por depósitos. Por cantidad de clientes, 2,9 millones en un país de 6,1 millones de habitantes, era el primero: atendía a cerca del 60% de la población adulta. Vázquez, de 36 años, hablaba de crear el primer unicornio paraguayo y de llevar una empresa local a cotizar en Wall Street. En diciembre de 2025, el banco húngaro OTP invirtió u$s 30 millones en U Holdings. En marzo de 2026, ueno colocó u$s 350 millones en bonos internacionales a 2031, con un cupón de 6,70%, y se convirtió en el único banco paraguayo con deuda en los mercados globales.
Ese crecimiento empezó a tener costo político. En abril de 2025, acorralado por publicaciones de ABC Color sobre sus vínculos con el grupo, Peña anunció que se desprendía de sus acciones de ueno Holding. Dijo que había sido “una mala inversión” y que era víctima de una campaña mediática. Con lo que recibió compró acciones del Banco Continental, otra entidad con fondos del IPS. En una rectificación posterior de su declaración jurada reconoció que la construcción de su residencia en San Bernardino se había pagado con un préstamo de ueno bank y con el dinero de la venta. En julio de 2025, ueno Holding fue absorbida por Grupo Vázquez.
Un banco que se prestaba a sí mismo
Detrás de la vidriera digital, la Superintendencia de Bancos fue detectando un patrón. Ya en 2023, los informes de calificación del Grupo Vázquez registraban participaciones minoritarias de la holding en Vinanzas, Grupo Hendy, Grupo M y Mowi. Esos nombres reaparecerían en el expediente penal.
Entre septiembre de 2025 y abril de 2026, ueno le prestó unos u$s 62 millones a Grupo M, la sociedad detrás de la pasarela de pagos Pagopar. Los créditos se otorgaron a sola firma, sin garantías reales, a siete u ocho años. Un informe de supervisión del BCP fechado en junio de 2026 constató que esos fondos terminaban en cuentas de ITTI y de otras empresas del grupo. Semanas antes de los primeros desembolsos, ITTI había cedido la mayoría de Grupo M a uno de sus empleados. En abril de 2026, los préstamos a Grupo M, Grupo Hendy y Mowi sumaban unos u$s 123 millones y superaban el límite legal del 20% para operaciones con partes vinculadas.
Cuando la Superintendencia le exigió desprenderse de esos créditos, ueno vendió una cartera de u$s 74,4 millones a Vinanzas SA. Para la Fiscalía, Vinanzas no tenía fondos propios para pagarla y habría sido financiada, de forma indirecta, por el propio banco. Si se comprueba, la operación habría servido para disimular la verdadera situación patrimonial de la entidad.
La interna colorada
Los primeros pedidos de informes sobre esas operaciones no vinieron de la oposición. Salieron del oficialismo, y el contexto explica por qué. Peña había llegado a la Presidencia como delfín de Horacio Cartes, el magnate tabacalero que gobernó entre 2013 y 2018, que lo tuvo como ministro de Hacienda y como director de su banco. En 2026, sin embargo, Peña y el vicepresidente Pedro Alliana armaron su propia corriente dentro del Partido Colorado, y se llevaron gobernadores y legisladores. Cartes, a quien Washington había sancionado por corrupción en 2022 y 2023 y que había recuperado el acceso financiero en octubre de 2025, sufrió una derrota en las municipales de Asunción del 4 de octubre.
Fueron senadores alineados con Cartes quienes reclamaron al BCP información sobre los préstamos a partes vinculadas y sobre los depósitos públicos en ueno. El pedido se apoyaba en un memorando del ex gerente de supervisión Fernando Rivarola que advertía sobre los excesos. El BCP abrió un sumario a mediados de septiembre y respondió al Senado a comienzos de octubre, invocando el secreto bancario. Legisladores de ambos bloques consideraron la respuesta insatisfactoria y pidieron la renuncia del directorio del Banco Central. El 29 de octubre, ueno anunció un plan de capitalización por u$s 100 millones, que no llegó a concretarse. Fitch mantuvo la calificación BB del banco, pero le cambió la perspectiva a negativa.
El lunes 2 de noviembre, el directorio del BCP resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de la entidad. Después de corregir los estados contables, la solvencia había quedado por debajo de la mitad del mínimo legal. El martes 3 amaneció con la aplicación, las tarjetas y las sucursales fuera de servicio. Horas antes, Alliana había criticado en público el manejo de Peña: ya se había vuelto a acercar a Cartes.
Cuatro días que cambiaron el poder
Lo que siguió fue vertiginoso. Carvallo renunció el mismo martes y la Fiscalía ordenó detener a ocho directivos, entre ellos Vázquez y el presidente del banco, Juan Manuel Gustale. El miércoles 4, el Congreso sancionó la Ley 7745, que habilita un anticipo de emergencia de hasta 40 salarios mínimos (unos u$s 18.000) por ahorrista, a cuenta de la garantía de depósitos, que cubre hasta 75 salarios mínimos (unos u$s 34.000). Según el BCP, entre el 97% y el 98% de los ahorristas minoristas recuperaría la totalidad de su dinero. Los grandes depositantes, empezando por el IPS, quedaron fuera de esa red. Ese mismo día, la Fiscalía imputó a 27 personas, los ocho directivos y 19 representantes de empresas vinculadas, por lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio, y pidió prisión preventiva para Vázquez. Los allanamientos encontraron nueve vehículos de alta gama, un yate y una avioneta. La justicia civil dispuso un embargo de u$s 70 millones sobre los bienes de la cúpula.
El jueves 5, Peña anunció su renuncia cuando la Cámara de Diputados comenzaba a tratar el juicio político, impulsado por la oposición y por el sector disidente del coloradismo y respaldado a último momento por el cartismo. La renuncia no se aceptó. El viernes 6, Diputados acusó con 78 votos y el Senado lo destituyó por mal desempeño de funciones con 44 votos de 45. Ningún legislador votó en contra. Es el segundo presidente removido por esta vía desde el regreso de la democracia, después de Fernando Lugo en 2012. Alliana juró como presidente esa misma noche para completar el mandato, que vence en agosto de 2028. Minutos después, la Fiscalía ordenó la detención de Peña. Tras incidentes frente a su domicilio, fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial.
Este sábado, Peña se presentó a la indagatoria y se abstuvo de declarar. La Fiscalía lo imputó por lesión de confianza y administración en provecho propio, junto con Carvallo, y pidió su prisión preventiva. Según los fiscales, durante casi dos años de mandato Peña fue a la vez presidente y accionista del grupo dueño del banco al que el Estado le confiaba sus fondos.
La conexión argentina
La onda expansiva cruzó la frontera por dos vías. La primera es laboral. En agosto de 2025, Vázquez inauguró en el barrio porteño de Belgrano las oficinas de ITTI, la tecnológica que da servicios a las cerca de 30 empresas del grupo y que empleaba a unas 3.000 de sus 5.300 personas. En la Argentina opera con la razón social Kaitel SRL. Allí trabajaban entre 800 y 1.000 desarrolladores, que cobraban una parte en pesos a través de Kaitel y un complemento en dólares mediante plataformas internacionales de contratación. El 5 de noviembre, la empresa los suspendió sin goce de haberes hasta el 4 de diciembre, invocando fuerza mayor. El BCRA aclaró que ueno nunca tuvo autorización para operar como banco en el país: su único vínculo con el sistema local era el convenio de pagos y créditos recíprocos de la ALADI. La banca argentina descartó contagio, y recordó que las normas locales de fraccionamiento del riesgo impiden la concentración en partes vinculadas que hundió a ueno.
La segunda vía es política. Peña era uno de los aliados regionales más cercanos de Javier Milei. En septiembre de 2025, en la edición asunceña de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Milei presentó a Paraguay como ejemplo económico para la Argentina. ueno figuraba entre los patrocinadores de categoría diamante del encuentro. En febrero de 2026, el banco fue uno de los seis patrocinadores principales de la Gala de la Prosperidad Hispana en Mar-a-Lago, el club de Donald Trump, con un aporte anunciado de u$s 100.000. Entre los homenajeados de esa noche estaban Milei y el consultor político argentino Fernando Cerimedo. Peña, a su vez, había elogiado el programa de ajuste de Milei en el Foro Llao Llao. La oposición argentina aprovechó el caso para cuestionar el “modelo Paraguay”. El oficialismo, en cambio, guardó silencio.
El espejo brasileño
Para encontrar el antecedente más parecido no hace falta ir muy atrás ni muy lejos. Un año antes de la caída de ueno, el 18 de noviembre de 2025, el Banco Central de Brasil liquidó el Banco Master, del financista Daniel Vorcaro. Vorcaro, oriundo de Minas Gerais, había comprado en 2018 el Banco Máxima, cuyo dueño tenía restringida la actividad bancaria, y en 2021 lo rebautizó Master. Entre 2019 y 2024, el patrimonio del banco pasó de unos u$s 37 millones a unos u$s 870 millones, y su cartera de crédito, de unos u$s 260 millones a unos u$s 7.400 millones. El motor eran certificados de depósito que pagaban tasas muy superiores a las del mercado y que vendían las grandes plataformas de inversión. El propio Vorcaro admitió ante la Policía Federal que el negocio se apoyaba en el fondo de garantía de depósitos.
Cuando la captación se frenó, apareció un rescatista público: el BRB, el banco del Distrito Federal, controlado por el gobernador Ibaneis Rocha. Según el Ministerio Público Federal, entre 2024 y 2025 el BRB volcó en el Master unos u$s 3.100 millones, de los cuales al menos u$s 2.260 millones fueron compras de carteras sin garantía, buena parte de ellas de créditos inexistentes. En marzo de 2025 el BRB anunció que compraría el banco, y en septiembre el Banco Central lo vetó. Como el IPS en Paraguay, también una caja previsional quedó atrapada: Rioprevidência, la de los empleados públicos de Río de Janeiro, tenía unos u$s 480 millones invertidos en el Master. La red de Vorcaro alcanzaba a todo el arco político: el senador Ciro Nogueira, presidente del PP; el gobernador del Distrito Federal; un estudio jurídico ligado a la familia del ministro del Supremo Alexandre de Moraes, y Flávio Bolsonaro, a quien se investiga por haberle pedido financiamiento para una película sobre su padre. Vorcaro está en prisión preventiva desde marzo, y en octubre la Policía Federal lo acusó formalmente, junto con otras 14 personas, por gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de dinero. Mercado analizó el caso en mayo, en La codicia tiene memoria corta.
En Asunción, el escándalo no pasó inadvertido. En julio, el banquero Alberto Acosta Garbarino lo comparó con la crisis paraguaya de 1995. Advirtió sobre la cercanía de algunas entidades locales con el poder político y sobre el riesgo de que la historia se repitiera. En agosto, un diputado presentó un proyecto para impedir que el IPS concentrara en un solo banco depósitos superiores a su patrimonio. Tres meses después, ueno fue intervenido. La diferencia con Brasil está en el desenlace: allá el escándalo salpicó a ministros, jueces y legisladores, pero ningún presidente perdió el cargo.
Trozzo y Moneta, los antecedentes argentinos
En la historia argentina hay dos casos que se le parecen. El primero es el del Banco de Intercambio Regional (BIR), de José Rafael Trozzo. Abogado mendocino, Trozzo empezó comprando el Banco Popular de Corrientes y en menos de una década tuvo el mayor banco privado del país, con depósitos de más de u$s 1.000 millones. Le apuntaba al pequeño ahorrista con publicidad muy agresiva, y en la memoria anual del banco aparecía fotografiado junto al ministro José Martínez de Hoz y al presidente de facto Jorge Videla. Se le atribuía además amistad con el almirante Emilio Massera. Poco antes de que el Banco Central ordenara su liquidación, el 28 de marzo de 1980, un incendio destruyó la sede central y sus archivos. Trozzo se fugó y nunca fue juzgado. Su caída abrió una crisis que, hacia mediados de 1982, se había llevado 68 bancos y entidades financieras, y marcó el principio del fin del programa de Martínez de Hoz. Mercado reconstruyó su historia en La asombrosa carrera de José Trozzo, en su número 888.
El segundo caso, el más parecido por cómo funcionaba, es el de Raúl Moneta, conocido como “el banquero de Menem”. En 1996, su Banco República se quedó con los dos bancos públicos de Mendoza, privatizados y fusionados en el Banco Mendoza. La investigación posterior encontró ahí un festival de autopréstamos y una triangulación de fondos con el Federal Bank, una entidad radicada en Bahamas que funcionaba como poco más que una casilla de correo. El Banco Central también quedó comprometido: tres días antes de que cayera el República, su presidente, Pedro Pou, le otorgó un redescuento de u$s 89 millones (en pesos convertibles, a paridad con el dólar) y aceptó como garantía una cartera de créditos sobrevaluada. Los dos bancos cerraron en 1999. La causa terminó prescripta.
Los tres mecanismos aparecen en el expediente de ueno: el crecimiento vertiginoso de Trozzo, los préstamos a empresas propias y la plataforma en el exterior de Moneta, y la debilidad del control del Banco Central. ueno agrega dos cosas que no tienen precedente en la Argentina: un presidente en ejercicio que había sido accionista del grupo dueño del banco, y un titular del Banco Central que lo había presidido antes de asumir. Esa doble cercanía explica por qué Peña cayó en cuatro días y Menem nunca pagó costo político por Moneta.
Ecos de 2001
En las calles de Asunción, donde los ahorristas siguen reclamando frente a las sucursales cerradas, la palabra que más se escucha es “corralito”. Las diferencias con la Argentina de 2001 son grandes: aquí cayó una sola entidad, hay garantía de depósitos y una ley que acelera los pagos. La lección de fondo, en cambio, es la misma. Como registró Mercado en 2002, en la nota A la búsqueda de la confianza perdida de su edición 1022, la confianza de los depositantes se pierde en un día y se reconstruye en años. En Paraguay, el desafío no recae solo sobre un banco: el país había conseguido el grado de inversión de dos calificadoras y se promocionaba como refugio para el capital de la región.
El próximo paso es la audiencia ante el juez penal de garantías Humberto Otazú, que deberá resolver las medidas cautelares sobre Peña. En paralelo, se espera el informe de los administradores del BCP sobre los activos y pasivos de ueno, que definirá si el banco va a liquidación. En Buenos Aires, la fecha a mirar es el 4 de diciembre, cuando vence la suspensión de los trabajadores de ITTI.
