En un país acorralado por crisis de repetición constante, el centro de las discusiones, la “dinámica de lo urgente”, suele recaer sobre las herramientas de la economía de coyuntura. Los dirigentes debaten tipos de cambio, esquemas de impuestos, recortes de gastos y niveles de déficit en los presupuestos de gestión, deteniendo la atención pública casi de forma exclusiva en el “qué” de las políticas de gobierno. Sin embargo, viene surgiendo un eje de análisis distinto que nos obliga a repensar las bases de nuestro problema estructural y a trasladar la lupa hacia el “quién”. Esta mirada pone de relieve a los actores, a las coaliciones y a los sectores de poder de privilegio que operan detrás de las reglas de juego.
Las instituciones nunca son -ni fueron- entes abstractos de diseño neutral. Son, por el contrario, un reflejo directo del poder de las élites. Esto nos lleva a comprender la desproporción inmensa que existe entre las élites de extracción, sectores que extraen rentas y privilegios del sistema, y las élites de generación de valor, conformadas por sectores con capacidad de crear riqueza a partir de la producción. El nudo del problema argentino radica en que las fuerzas del extractivismo son las que dominan los hilos del Estado y del sector de los negocios de influencia.
La mecánica de la extracción de rentas no es un “accidente de nuestro devenir”. Responde a un diseño de precisión de larguísimos años en el cual el Estado funciona como un administrador de cuotas de mercado y los actores pujan por barreras de protección. Quienes forman parte de esa coalición de poder no tienen motivos para alterar el orden de las cosas. Viven de rentas de garantía estatal, de privilegios de acceso al erario. El pacto tácito que une a estos actores de diversas procedencias se sostiene sobre la férrea defensa de sus ventajas de sector. Para ellos, el crecimiento del conjunto de la sociedad carece de interés si ese crecimiento pone en riesgo sus márgenes de ganancia. Frente a esta estructura de poder de arraigo, los discursos sobre la calidad de las instituciones pierden peso. Así, las leyes se moldean a la medida de quienes controlan el sistema, atrapando al país en un estancamiento crónico.
En este escenario, algunos pueden creer que vivimos un “momento de revolución” con el actual gobierno, pero en realidad presenciamos el final de una etapa marcado por el agotamiento del modelo extractivista. Es la ruidosa implosión de un esquema sin respuestas, lo cual abre una oportunidad para discutir el desarrollo, pero que paralelamente encierra un riesgo de vacío si no surge una alternativa superadora de fondo. Ante este bloqueo, se necesita la articulación de una coalición de “creadores de valor” dispuesta a defender un modelo basado en el trabajo, la innovación y la creación de riqueza genuina.
Sin embargo, los sectores con capacidad de aportar a esta nueva coalición muestran por momentos un fuerte rechazo de base a participar en la arena política. Frente a la opacidad en la gestión pública y al riesgo de sufrir campañas de ataques, optan por la distancia de resguardo para cuidar su prestigio. Esta aversión al riesgo radica en un error de lectura sobre la naturaleza del poder estatal. Diversos actores asumen que lo público es una esfera ajena que deben esquivar. Confian en que podrán sortear la macroeconomía desde el interior de sus organizaciones. Sin embargo, la realidad de nuestro país les demuestra con insistencia, una y otra vez, que ninguna entidad logra la salvación en soledad. En conclusión, el rechazo a la participación en la cosa pública termina por configurar una profecía autocumplida: al no disputar los lugares de toma de decisión, las reglas terminan configurándose en contra de sus propios intereses de progreso.
Esta decisión de “repliegue a la esfera de lo privado” tiene un costo gravísimo, ya que el campo de acción queda bajo el dominio absoluto de los sectores extractivistas. Un ejemplo claro de esa evasión de responsabilidades (acá sólo describo uno pero hay media docena de ellos a simple vista): en ciertas cámaras empresariales, ante la necesidad de exposición pública, los socios deciden contratar a un gerente a sueldo para no poner su propio rostro en el debate sobre los destinos de la sociedad.
A esto se le suma una evidente y preocupante cada vez mayor fragmentación dirigencial: cada grupo defiende su interés con exclusividad sin articular un proyecto de nación integral. Un buen ejemplo de ello es el reclamo por una justicia independiente que suele operar por conveniencia política.
Asi, todas estas conductas repercuten con un daño inmenso en la sociedad. La falta de un proyecto enfocado en el desarrollo condena a sectores enormes a la pobreza, realidad que impacta de lleno en las instituciones educativas y en los más jóvenes. Con la mitad de los menores de veinticuatro años viviendo en condiciones de pobreza o pobreza extrema, la deserción escolar se transforma en una estrategia de supervivencia porque el esfuerzo de estudio dejó de garantizar un futuro. Para los adolescentes en los cordones de miseria, la sociedad argentina dejó de ser un lugar de acogida y pertenencia. El empleo formal en fábricas y el estudio con sentido de progreso de vida vienen perdiendo a una velocidad cada vez más acelerada su fuerza de tracción magnética de ilusión. Ni los planes sociales, ni una simple baja de impuestos conforman, por sí solos, una propuesta de vida en comunidad. Para que un estudiante de un barrio de emergencia sin servicios mantenga el sentido de asistir a clases, debe existir un entorno de país que ofrezca espacios de trabajo de decencia dignos, oportunidades palpables de progreso. Esa matriz de producción, ese mejor futuro posible, hoy resalta por su inexistencia en el mapa de realidades.
Por esto, la propuesta de formar una “alianza de creadores de valor” adquiere un sentido de urgencia vital. Encarar la creación de una fuerza de transformación exige abandonar posiciones de comodidad privada, destinar tiempo de gestión y asumir que la suerte de los sectores productivos está enlazada de forma inseparable al destino del resto de la ciudadanía. No existe viabilidad en el tiempo para espacios de bienestar de élite rodeados de cinturones de exclusión. No se viaja en “primera clase” con una bomba a punto de estallar en las bodegas del avión.
Para que esta nueva coalición logre sumar apoyo popular, no puede reducirse a operar como un sindicato corporativo en busca de beneficios propios. Tiene la obligación ineludible de diseñar planes de acción inclusivos y articular programas del Estado donde, por ejemplo en el ámbito educativo, el saber escolar vuelva a obrar como trampolín de salto de clase.
Las quejas de los salones sobre el extractivismo no pueden quedar en un lamento estéril de pasividad. Deben servir de acicate para demandar y moldear nuevos liderazgos con marcos mentales de ruptura y creatividad en las respuestas; hombres y mujeres con la determinación de pactar planes de progreso general por encima del miedo a la crítica o al desprestigio en redes. Si los sectores con potencial de innovación en las universidades o en las fábricas, en las mesas de decisiones empresariales o en los comités de los partidos, persisten en la comodidad de la queja de pasillo, los dramas de nuestro mapa social continuarán en fase de empeoramiento. Es momento de plantar bandera.
Las transformaciones no brotarán por concesión del poder, ni por exceso de paciencia de la población. Los cambios de modelo precisan de un frente con superioridad organizativa y coraje en la ejecución. Quienes tengan la convicción de que el porvenir de los más jóvenes -y no tan jóvenes- está atado a las capacidades del país deben dar el salto a la primera línea, armar programas de inclusión y disputar la hegemonía. De no hacerlo, los gestores de los privilegios continuarán escribiendo el guion de nuestra decadencia colectiva por muchas décadas más.
Es hoy.
Es ahora.
