Si alguien cree que el Presidente Menem -en el punto más bajo de popularidad desde que asumiera en julio de 1989- está al borde del fracaso, está rotundamente equivocado. Un dirigente de los recursos, audacia e imaginación del caudillo riojano, tiene todavía muchas cartas por jugar. Para empezar, la de Cavallo, su actual ministro economía, que no es poco. Queda mucho tiempo por
delante y los opositores políticos, si sienten la tentación del regocijo, deberían tener la sensación de refrenarlo.
Lo que sí está agotando es el “menemismo”, entendido como el proyecto desplegado en las primeras semanas del gobierno pero vigorosa de una nueva constelación de fuerzas, hegemónica, capaz de patear el tablero político y de poner su impronta a toda una década.
¿En que consistía el menemismo? En 1989, el electorado volvió los ojos al alicaído peronismo porque creyó que la sensibilidad política de este partido a las acuciantes necesidades económicas y sociales era la alternativa obligada.
Los que lo votaron pensaban en el “salariazo”. Muchos de los que se opusieron pensaron en el temido “distribucionismo” peronista y en la etiqueta “populista”.
Una vez en el gobierno. el giro fue dramático. Seguramente Menem no olvidaba el final de Isabel Martínez ni el jaqueo al que fue sometido el gobierno de Raúl Alfonsín. Seguramente también decidió que a el no le pasaría lo mismo.
Con empresarios en el ministerio de Economía, con la política de ajuste que se reclamaba desde distintos sectores, haciendo las paces con los militares, y con fuerte apoyo a la privatización de empresas estatales, y a la reforma y modernización del Estado, sorprendió a amigos y adversarios.
En pocos días, surgió pujante el menemismo. Un gobierno con fuerte respaldo popular y con la política económica que reclamaban extendidos sectores de centro-derecha. Dejando la conducción de la economía a los que sabían lo que había que hacer para sanear las cuentas fiscales, ellos harían la tarea ingrata pero necesaria. Estabilizada la situación y con un moderado crecimiento, hacia la renovación parlamentaria de 1991 -el próximo 8 de septiembre- habría un margen, escaso pero margen al fin, para hacer algunas concesiones en el campo social y recuperar el afecto de las mas optmistas.
Las cosas no funcionaron como estaban previstas. Tras la fallida experiencia de conspicuos empresarios en la gestión económica, debió optar por un hombre de su riñón. A Erman González le fue bien durante unos meses, pero luego se le complicó el panorama y debió despejar el camino.
Entre tanto, hubo alzamiento militar; desprolijidades (como se ha dado en llamar) en el ámbito de las privatizaciones, un insó1ito comunicado del Departamento de Estado ratificando denuncias de corrupción formuladas por el embajador de EE.U.U. en Buenos Aires; creciente beligerancia de algunos sindicatos; irritación por la presunta frivolidad presidencial; y una pésima imagen de encarnizada lucha en el entorno del mandatario.
Consecuencias: los peronistas se sintieron defraudados; muchos dirigentes del liberalismo y no pocos empresarios comenzaron a distanciarse prudentemente, y la ausencia total de críticas de hace 20 meses se tomó en despiadado juicio adverso al accionar de Carlos Menem.
El sueño hegemónico se diluyó durante este intenso verano político. Los aparentes éxitos en materia de política exterior no alcanzaron a conmover a una opinión pública obsesionada con los temas económicos cotidianos; los peronistas comenzaron a vocear su descontento, y; las encuestas dieron
resultados lapidarios.
Ahora es el tuno de Domingo Cavallo, un ministro económico con clara vocación de poder. Menem necesita desesperadamente que tenga éxito, pero a la vez teme un excesivo encumbramiento de su colaborador. Por cierto Cavallo no representa los mismos intereses o puntos de vista que sus antecesores.
Comienza una nueva etapa de Carlos Menem, sin “menemismo”.
Inversión extranjera.
La decisión del gobierno de propiciar en el ámbito legislativo la igualdad del inversionista extranjero con el local, es conveniente y oportuna para un país donde los capitales escasean y que pretende incorporar tecnología de avanzada y permanecer en la gran corriente del comercio internacional. Una ley más flexible no significa que los inversionistas acudirán en tropel, disputándose el privilegio de participar en negocios locales. Es condición necesaria pero no suficiente para estimular una corriente permanente de interés.
Hace 15 años las multinacionales eran el villano favorito en América Latina.
La opinión pública, los gobiernos y hasta los empresarios, veían con desconfianza el accionar de las grandes empresas -casi siempre estadounidenses- que ocupaban franjas importantes de los mercados locales de bienes de consumo o de industrias livianas. Era el tiempo en que el crédito externo era fácil de obtener (producto del reciclaje de los petrodólares) y se prefería recurrir al endeudamiento antes que abrir paso a inversionistas que, según el prejuicio, minaban la soberanía nacional y el poder de decisión de los gobiernos.
El clima ha variado notablemente. Lo que antaño se decía de las multinacionales se repite ahora en Estados Unidos, referido a las inversiones japonesas. En América Latina se flexibilizó la legislación y comenzó el cortejo de inversionistas esquivos.
En el camino se aprendieron varias cosas:
* Tener una Legislación más favorable no significa que habrán de llover las inversiones.
* Hay mucha competencia: E.E.U.U., Europa Occidental y el sudeste asiático con los centros favoritos del capital en busca de oportunidades. Ahora se suman los antiguos satélites soviéticos y varios países latinoamericanos.
* Importa más la tasa de retomo que la estabilidad política o la certidumbre económica, como lo revelaron los datos sobre inversión foránea en Irak, país de enorme riesgo pero que aseguraba excelentes rendimientos.
El porcentaje de la inversión extranjera global hacia América Latina es decreciente.
Aún así se ha logrado recuperar los niveles de 1982. En 1990, la inversión foránea en toda la región se situó cerca de US$ 10 mil millones (por efecto de las privatizaciones que admitieron capitalización de deuda externa).
En 1988, la tasa de retomo sobre el capital invertido en Chile era de 41%; en México, de 23%; y en Venezuela, de 16%. Este es el dato que entusiasma a los potenciales inversionistas.
Peaje: “que sí, que no”
Si se interrumpe el cobro de peaje, las indemnizaciones que habrá de pagar el Estado por clarísimo incumplimiento de los contratos firmados, las terminarán pagando nuestros nietos. Si se compensa a los concesionarios con fondos específicos derivados del impuesto a los combustibles, podría consagrarse una injusticia y un anacronismo.
En materia de peaje, no hay términos medios. Los que se oponen insisten en que la obra pública debe hacerse con fondos presupuestarios específicos (que virtualmente no existen). En todo caso, dicen los más flexibles, se puede cobrar al usuario de la obra, siempre que ésta se construya primero (claro está que para ello hace falta financiamiento, que brilla por su ausencia).
Los partidarios del peaje reconocen que se pueden haber cometido algunos excesos en el cobro de derechos, pero que ello puede corregirse y no invalida la utilidad del sistema, única posibilidad -enfatizan- de reconstruir la devastada infraestructura nacional.
El gobierno imagina que una salida es derivar fondos del impuesto a los combustibles. En definitiva volver al esquema de los años ´30, que sirvió para construir las carreteras. ¿Es válido este mecanismo hoy? El impuesto lo aportan automóviles, camiones y tractores que consumen nafta o gas oil. La
mayor concentraci6n de automóviles y ómnibus ( y por tanto de consumo de combustible) se da en las grandes ciudades. ¿Es razonable que el habitante urbano, que a veces carece de buen pavimento en sus calles, financie las rutas que nunca usará o que acaso recorre alguna vez en vacaciones? El subsidio implícito a los usuarios de rutas y carreteras es importante y seguramente no se compadece demasiado con criterios de justicia distributiva.
Privatización no es panacea.
Habrá que preocuparse más por la tarifa y por la calidad del servicio que reciba el usuario, que por lo que ingrese el Estado como precio de venta. El concepto de Vittorio Orsi, Secretario de Planificación (que MERCADO no tiene dificultad en suscribir) define un nuevo marco al que se ajustarían las privatizaciones, después de las traumáticas experiencias de Entel y de aerolíneas Argentinas.
En el caso de los servicios públicos importa cuál es el verdadero criterio que impulsa la privatización.
Si de lo que se trata es de reducir el gasto fiscal y achicar la deuda pública, entonces lo que cuenta es la celeridad con que el Estado se desprenda del activo y el monto que perciba. Lo que no puede soslayarse es la relación precio/beneficio. Cuando más se recibe el Estado, más habrá de pagar el
usuario vía tarifas.
El problema más serio que confrotan los dos adjudicatarios los dos adjudicatarios de Entel, Telecom y Telefónica, es el desencanto de la población que oyó el canto de sirenas y pensó que con privatizar se pasaría a tener. mágicamente, un servicio mucho más eficiente e incluso más barato. Lo último fue desmentido por las sucesivas alzas de tarifas y para lo primero habrá de pasar mucho tiempo.
La opinión pública percibe, ahora, que la información no fue suficiente.
Todavía hoy se ignora quiénes son los verdaderos propietarios de ambas firmas de telefonía. En cuanto a Aerolíneas, quedó en claro que la mayoría accionaria pertenece a una empresa estatal española que, además, controla la otra empresa aérea de cabotaje local.
Antes de empezar la nueva ronda de privatizaciones (energía eléctrica, gas, provisión de agua potable) es necesario despejar falsas expectativas. Aunque se privatizaran en seis meses todas las empresas estatales, no económico de EE.UU o de Europa Occidental. Alentar ilusiones mágicas puede terminar en un rotundo rechazo a una idea, básicamente buena y necesaria.
Lo que sí pueden aportar las privatizaciones bien hechas es: reducir de inmediato el gasto público al achicar los aportes del Tesoro a empresas deficitarias; ingresar recursos frescos que deben destinarse en parte a rebajar la deuda del Estado y en parte a implementar programas que contengan el
deterioro social. Al reducirse la necesidad de financiamiento, la política antiinflacionaria tendría mayor viabilidad y recién entonces habría posibilidades reales de abordar la etapa de crecimiento.
Lograr estos objetivos es posible, pero no fácil. Las futuras privatizaciones deberán tener en cuenta :
Si se insiste en la licitación, debe aumentar la exigencia en la preselección. descartando uniones transitorias de empresas e imponiendo severas garantías. De lo contrario se propicia el aventurerismo.
No hay que indigestarse. liquidando todo a la vez, y es preciso reconocer la fuerte competencia internacional (hay multitud de empresas en venta en toda América Latina, en Europa Oriental e incluso en la Occidental.
La privatización no es la panacea a los problemas del país; no es una alternativa al desarrollo económico y no es el sustituto del crecimiento.
El desempleo en el ajuste
Se ha convertido en muletilla de quienes presumen de dominar la jerga económica, hablar del salario “como variable del ajuste”. Lo que no se explícita es que también el desempleo es una manera de lograr” que las cuentas cierren”, pero también un perverso mecanismo que aumenta la marginalidad
y enriquece las estadísticas de desnutrición, analfabetismo y expansión de la economía subterránea.
En el mundo industrializado, donde se abandonó el sueño de pleno empleo hace más de una década, el debate vuelve virulento insertado en la renovación teórica del capitalismo que se encuentra en marcha.
Cuando hay recesión, se producen despidos y aumenta el nivel de desempleo. Así ha ocurrido siempre.
La mano “invisible´ ´ del mercado puede garantizar que un producto llegue a cualquier consumidor, pero no puede evitar que se sufra la pérdida de las posiciones laborales. Dentro del proceso de revisión a que se está autosometiendo el capitalismo, ésta es un área donde escaseaban los estudios.
Ahora algunas teorías comienzan a abrirse paso tímidamente. Un reciente trabajo de David Worswick (Unemployment: a Problem of Policy, Cambridge University Press) analiza las posibilidades de reducir la inflación por otra vía que no sea el alza de las tasas de interés y un creciente desempleo.
La fuente del problema, para el autor, está en la incapacidad para controlar el excesivo crecimiento de los salarios nominales. La idea del “thatcherismo” de que al reducir el nivel del circulante, bajaría la inflación sin afectar el mercado laboral, demostró ser errónea e ingenua. Lo que hace falta según Worswick es una política de ingresos, una mayor coordinación y acuerdo sobre cómo establecer los aumentos salariales.
En 1984, Martin Weitzman (The Share Economy, Harvard University Press) sostuvo que había que inducir a los empleados a tomar una importante proporción de su sueldo como participación en las Ganancias de la empresa, antes que como una suma fija. Si las Ganancias se reducían, esa porción del
ingreso personal también disminuiría; si aumentaban, crecía la retribución.
Una manera de evitar desempleo masivo y de compartir los buenos y malos momentos de la empresa. Conceptos que se podrían tener en cuenta si se quiere enriquecer el concepto de “flexibilización laboral”.
Una economía abierta.
En el mundo empresarial, nadie está en desacuerdo -por lo menos de la boca para afuera- con la idea de la apertura de la economía a las grandes corrientes del comercio mundial.
El extremismo argentino hace que en este caso, como en cualquiera otro de la vida nacional, no existe más opción que estar a favor o en contra. Amigo o enemigo; de este lado o en la vereda de enfrente. De lo contrario se puede ser un tímido, un tibio, un ecléctico o, en el mejor de los casos, un despistado.
Hay que reivindicar los matices. No hay ninguna racionalidad intelectual en aceptar o rechazar en bloque. Cada argumento debe juzgarse por su valor intrínseco.
Con la reducción arancelaria que ha entrado en vigencia deberá producirse, necesariamente, una transformación sustancial en el perfil de la industria nacional. La cuestión entonces, no es trivial.
Los funcionarios económicos tienen razón:
1) cuando recuerdan que muchos de los que hoy reclaman gradualismo en la apertura, tuvieron durante décadas un coto de caza cerrado, y no quisieron o no supieron alcanzar el nivel de eficiencia para sobrevivir sin subsidio.
2) cuando afirman que si hay que esperar el ´´momento oportuno” según algunos industriales, jamás se modificaría el arancel.
En cambio tienen razón la Unión Industrial y muchos industriales:
1) cuando afirman que la revisión del arancel no puede tener como eje una medida coyuntural, como es reducir el nivel de precios. Importar como excepción para presionar a las empresas a reducir precios es un objetivo transitorio y no puede confundirse con el futuro de la industria local.
2) cuando recuerdan que una reforma de los millares de posiciones del nomenclador arancelario es una tarea que no puede hacerse en 72 horas, como ocurrió en esta oportunidad según confesión de los propios funcionarios intervinientes.
3) cuando aseguran que con este esquema hay industrias condenadas a desaparecer en pocos meses.
Hay, fuera de toda duda, algunos sectores y algunos casos significativos, para los cuales habría que, por periodos breves, asegurar todavía una protecci6n menor que la que tengan hasta ahora, pero algo más que la total indefensión en que quedarán ahora.
El poder accionario.
Los dueños de las grandes corporaciones son, sin duda, los accionistas. Los directores y los gerentes los representan y velan por sus intereses. Pero muy frecuentemente, la percepción de lo que es más conveniente para los intereses de los propietarios, difiere según se esté en el directorio o se forme parte del conglomerado de accionistas.
Los excesos de los “take overs” en, EE.U.U. y en Europa durante la década pasada, contribuyeron a profundizar la brecha.
La teoría de los “raiders” era que la gerencia estaba anquilosada, trabajaba en provecho propio e ignoraba el interés de los accionistas. Muchas veces la acusación resultó certera. Los excesos cometidos por los agresivos compradores (muchas empresas fueron descuartizadas tras la compra,
liquidando los mejores activos) y el derrumbe de los “junk bonds” o bonos basura, la herramienta financiera utilizada con profusión, devolvió argumentos a los gerentes profesionales.
En muchas firmas se diseñaron mecanismos anti ´´take over” con el beneplácito de los propios accionistas. Sin embargo, las dudas persistieron en la conducta alerta de los tenedores de acciones.
La tónica de los últimos años fue asegurar mayor control de la asamblea de accionistas sobre el nivel gerencial, no delegar determinadas facultades que podrían comprometer la vida misma de la empresa, y designar directores accionistas con la finalidad de supervisar permanentemente las decisiones del tren gerencial.
Por su parte los gerentes desarrollaron otra tesis: la empresa debe servir tanto al “shareholder” (accionista) como al “stake-holder´´ (bancos con los que trabaja, proveedores, empleados, vecinos del área donde opera). La idea tiene evidente atractivo pero ofrece marco para conflictos entre la dirección y el accionario.
Es cierto que muchos accionistas ya no están, como era antes, comprometidos con la empresa en el largo plazo. Le interesan ganancias inmediatas. Si el dividendo no es bueno, pueden vender sus títulos a quien más ofrezca sin considerar si es una buena opción para el futuro de la firma.
El argumento tiene peso, pero lo cierto es que parece difícil cuestionar el derecho de los propietarios a vender cuando les conviene. El debate quedó ejemplificado cuando la AT&T ofertó comprar NCR, la firma de computación en US$ 6.100 millones, ofreciendo US$ 90 por acción (se cotizaba a US$ 48). El
directorio rechazó la oferta a pesar de que la mayoría de los accionistas estaba dispuesta a vender.
Se avecina una intensa puja: los accionistas por limitar más el poder de la gerencia; el directorio por asegurar el desarrollo de la empresa aún con accionistas desafectos.
La terapia de “shock”.
Michel Camdessus, director gerente del Fondo Monetario Internacional -de cuya ortodoxia es difícil dudar- dijo (en un discurso ante el Club Nacional de la Prensa, en Washington, el pasado enero) que los países latinoamericanos y africanos han hecho “un ajuste valeroso”, con reformas radicales “para
pone la casa en orden”,y que en este terreno “debemos hacer frente a situaciones intolerables”. Hay que ayudar a esos países a escapar de la “trampa de la pobreza”. Parecido mensaje emite el Banco Mundial:
El ajuste debe hacerse, pero sin ser más papistas que el Papa; la situación social no admite más deterioro.
El entusiasmo por la difusión y aceptación del libre mercado no puede llevar a exportar fórmulas teóricas que no responden a la verdadera experiencia de los países capitalistas. La terapia de “shock” propuesta ahora a las economías de Europa oriental (y antes a las latinoamericanas) acepta como inevitable la alta tasa de desempleo y pronunciado descenso en la calidad de vida como el precio a pagar -el único posible- para obtener al final de un largo proceso, economías prósperas y eficientes.
Este capitalismo “for export”, esa versión pura del libre mercado, no existe más en Occidente. Ha sufrido enormes transformaciones vía servicios sociales, sistemas de seguridad social, subsidios y controles estatales. Ni la Gran Bretaña de Margaret Thatcher ni EE.UU. con Ronald Reagan hubieran
podido llevar a cabo el experimento de los ´80, si no hubiera existido la red de seguridad diseñada desde hace décadas con prestaciones de bienestar social y seguro de desempleo.
Es la falta de lo esencial, como los alimentos que no aparecen en los estantes de los almacenes de Varsovia o de Moscú, lo que esparce la inestabilidad política.