Greenpeace apeló el procesamiento de 12 activistas que participaron de una protesta pacífica realizada el 26 de febrero en las escalinatas del Congreso de la Nación, mientras el Senado debatía la modificación de la Ley de Glaciares. La defensa solicitó que la Cámara revoque los procesamientos y dicte el sobreseimiento, en una causa que, según el planteo, aún no está firme.
La acción tuvo como objetivo visibilizar el rechazo a una reforma que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. En el texto del caso, se la describe como una intervención pacífica, sin violencia ni daños materiales.
La propia resolución judicial citada en el planteo del caso reconoció que durante la protesta “no hubo afectación al tránsito, a terceros ni al funcionamiento ordinario del Congreso”. Ese punto forma parte de los argumentos para cuestionar el avance de la causa y pedir que se deje sin efecto el procesamiento.
Los 12 activistas fueron procesados por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público. La apelación busca revertir esa decisión y obtener el sobreseimiento.
Diego Salas, director de Programas de Greenpeace, vinculó el procesamiento con el debate de fondo sobre la reforma de la Ley de Glaciares y con el estado de la demanda judicial presentada contra esa modificación. “Defender el ambiente no es un crimen, es un derecho”, dijo Salas.
El directivo también comparó la velocidad del trámite penal con la espera por una definición judicial sobre el reclamo colectivo. “Casi 900.000 personas seguimos esperando una respuesta sobre la demanda colectiva”, dijo Salas, director de Programas de Greenpeace.
La protesta del 26 de febrero se enmarcó en una movilización ciudadana más amplia en torno a la discusión legislativa. Más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública sobre la reforma cuando fue tratada en la Cámara de Diputados, y casi 900.000 acompañaron posteriormente el reclamo judicial iniciado tras la sanción de la modificación.
