La Asociación Forestal Argentina (AFoA) respaldó el dictamen aprobado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Honorable Senado de la Nación para modificar la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), en el marco del proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La entidad planteó que el texto combina la eliminación de restricciones que afectaban la inversión privada internacional con la continuidad de controles vinculados a soberanía y defensa nacional.
AFoA sostuvo que la reforma “logra un equilibrio virtuoso y necesario” al remover trabas burocráticas y cuantitativas, y al mismo tiempo “mantiene y precisa de forma rigurosa los controles sobre la soberanía territorial”. En ese encuadre, buscó responder a dudas y temores expresados por distintos sectores, con precisiones técnicas sobre el alcance del dictamen.
Uno de los argumentos centrales se apoya en una premisa económica: la tierra es un bien inmóvil y “no transable territorialmente”. En esa línea, la entidad afirmó que no puede trasladarse ni “exportarse”, por lo que una compra de tierras no implica que el activo físico salga del país. Desde esa perspectiva, sostuvo que la llegada de inversiones extranjeras que hoy no están permitidas no supone una “pérdida patrimonial” para la Nación, sino que puede habilitar agregado de valor y desarrollo local, con contratación de mano de obra argentina, dinamización de pymes de servicios y pago de impuestos en jurisdicciones nacionales y provinciales.
En materia de soberanía y defensa, AFoA indicó que el dictamen “no implica un descontrol sobre el territorio” y que redirige el foco hacia la prevención de riesgos estratégicos. Entre los puntos destacados, señaló que se mantiene la prohibición explícita para que Estados, gobiernos o empresas públicas extranjeras adquieran tierras rurales, salvo excepciones fundadas y autorizadas de manera expresa por el Poder Ejecutivo Nacional por razones de seguridad defensiva. También continúa la exigencia de conformidad previa del Ministerio del Interior para compras en zonas de seguridad de frontera, bajo el régimen del Decreto-Ley 15.385/44.
En el plano ambiental, la entidad afirmó que la modificación de la Ley de Tierras “no altera en absoluto el marco legal ambiental” vigente. Mencionó la Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331), la Ley de Gestión Ambiental de Aguas, la Ley de Glaciares y la Ley General del Ambiente, y remarcó que la titularidad de la tierra no habilita a cambiar el uso del suelo si contiene bosques nativos o áreas protegidas. También sostuvo que los ordenamientos territoriales provinciales se mantienen vigentes.
La discusión, además, fue vinculada con el sector foresto-industrial argentino, al que AFoA describió como demandante de inversiones de gran escala y plazos de retorno prolongados. En ese marco, cuestionó restricciones de la normativa anterior, como el tope de 1.000 hectáreas en zona núcleo o los cupos provinciales, por considerar que frenaban proyectos de forestación orientados a bioproductos como papel, cartón y envases, madera para construcción y muebles, bioenergía, biomateriales y productos químicos de origen biológico.
“Remover trabas burocráticas al capital privado que busca producir respetando las leyes argentinas no debilita al país; por el contrario, lo fortalece”, señalaron desde AFoA.
