La privatización de nuestro sector tiene un perfil particular en relación con el resto de las transferencias operadas”, afirma el ingeniero Eduardo Cevallo, titular del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS); “esto es así por el fuerte contenido social que lo ha signado. Nosotros trabajamos sobre una población de aproximadamente 10 millones de habitantes, de los cuales 4 no
tienen agua potable y 5,5 millones carecen de servicio cloacal. Para tratar de cumplir rápidamente con esa deuda social no hemos vendido, ni exigido un canon para concretar el traspaso, porque entendíamos que ese monto se iba a trasladar al usuario; hicimos la selección fijando metas obligatorias de expansión y de calidad, y se quedó con la concesión quien, comprometiéndose a cumplirlas, propuso la tarifa menor”.
Según el titular del Ente, los resultados hasta el momento parecen ser bastante satisfactorios.
“Tenemos una apreciación general que estamos corroborando con mayor precisión, pero creemos que ha habido un mejoramiento sustancial en lo relativo a la cantidad de agua producida, ya que ha aumentado alrededor de 15 %, y también es mayor su calidad. Notamos un retraso en la rehabilitación de los desagües cloacales, que puede tener que ver con las urgencias que se han
presentado; además, hay una insuficiencia de estructura que pesa fuertemente.” En este sentido, la construcción de la cuarta cloaca máxima, un proyecto que tiene casi cincuenta años de vida en los papeles, ocupa un lugar prioritario.
“Históricamente esa falta se resolvió contaminando el Río de la Plata; ahora, se ha planteado que en cinco años debe estar concretada, y ya se han iniciado las obras.”
Pero el paisaje no es absolutamente idílico. “Siguen existiendo problemas con la presión del agua en algunas zonas de la Capital y del Gran Buenos Aires y, respecto del tiempo en que se solucionan los reclamos, si bien se ha reducido de 15 días a 96 horas, nuestra aspiración es que se resuelvan en el día. Y está también el tema de los errores en la facturación, a raíz del cual estamos concursando una auditoría en la calle para salir a hacer una verificación de su exactitud, porque no nos alcanza con el informe del concesionario; de ahí que hemos decidido contar con una auditoría permanente.”
El ETOSS, constituido mediante un convenio entre el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la municipalidad metropolitana, cuenta con un plantel de 70 personas, y su presupuesto para este año es de aproximadamente $ 8 millones, que se financian con un porcentual sobre la tarifa, pagado por cada usuario, y que en este momento alcanza a 2,67 %. “Nuestro socio es el usuario, que es el principal interesado en que cumplamos con nuestros objetivos”, sostiene Cevallo; “además esto nos da independencia del Estado y de los concesionarios”.
Sin embargo, la ausencia de obligaciones respecto de la manutención del organismo no ha alcanzado para eliminar los roces con la empresa privada. “Es una relación dura, especialmente por la experiencia francesa -país de origen de la compañía que lidera el consorcio-; ellos vienen de una regulación muy laxa. La nuestra está más emparentada con la idea inglesa, que tiende a regular al
máximo, y eso siempre genera cierta rispidez. El gran recurso del operador privado para quejarse de la regulación consiste en ocultar la información. Por eso la lucha -tanto del regulador como del usuario- es la lucha por la información; en este sentido, estamos terminando de definir los
procedimientos para obtener la información del concesionario, y estudiando cómo instalar un equipamiento informático que nos permita ´meternos´ directamente en los sistemas de Aguas Argentinas en todo lo atinente a reclamos de los usuarios para poder seguir de cerca la evolución de los mismos, y no tener que conformarnos con los que nos llegan ´en segunda instancia´.”
El ETOSS apuesta a un mayor protagonismo, propio y del público. “Hemos cambiado el modelo, y ahora la gente dice: ´¿Me sirve o no me sirve el modelo nuevo?´. Y así la mirada va dirigida tanto a la prestación del servicio por parte del privado como a la acción del regulador. Estamos comenzando a encarar una fuerte relación con los usuarios para, juntos, poder ejercer un mayor control. Ellos deben jugar un papel mucho más activo; creo que no condice con el modelo el hecho de que el usuario observe la pelea entre regulador y regulado. Está claro, sin embargo, que partimos de una relación desigual; se trata de una situación muy parecida a la existente en el momento en que nacieron los derechos del trabajador, como consecuencia de la desigualdad entre él y su patrón. Y también hace a la salud del modelo el que se organicen los consumidores; en este sentido, nosotros hemos avanzado un paso, al constituir un consejo asesor del directorio en el que participan organizaciones de usuarios, la asociación de ingenieros sanitaristas, la Facultad de Ingeniería de la UBA y los sindicatos vinculados al sector. Allí estamos discutiendo el futuro ´reglamento del usuario´, para después lanzarnos a una campaña de difusión masiva.”
Entes para todos los gustos.
HAY ORGANOS DE CONTROL QUE CUBREN VARIEDAD DE SERVICIOS.
La privatización prácticamente masiva que se operó en los servicios públicos arrojó como resultado el surgimiento de una variada colección de órganos de control, la mayoría de los cuales se gestaron – en el mejor de los casos- cuando los procesos de transferencia ya estaban en marcha, o, las más de las veces, después de producida la misma.
Junto a los pesos pesados -correspondientes a electricidad, gas, teléfonos y agua-, conviven entidades menores. En algunos supuestos, se trata de dependencias oficiales preexistentes, como el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), encargado de controlar a las radios y canales de televisión; la
Dirección Nacional de Vialidad, que pone su mirada sobre los concesionarios de rutas con peaje, o la Dirección de Transporte Aeronáutico, que hace lo mismo con las empresas aerocomerciales.
Existen también organismos creados ad hoc, tal el caso de la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos (CNCT), que debe regular el tráfico del más de un centenar de empresas de correo privado, mensajerías y afines. O bien se da la situación de un contralor compartido entre un ente oficial -la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables- y una consultora privada -el consorcio encabezado por la francesa Deloitte-, como sucede respecto de los concesionarios del dragado y balización de los ríos Paraná y de la Plata.
En materia de transporte urbano en la ciudad de Buenos Aires, la cuestión se torna muy compleja, debido a la acumulación de organismos neo y no natos. Así, en noviembre del año pasado -junto con el traspaso de las líneas-, se constituyó la Comisión Coordinadora de Control de la Concesión de
Subterráneos de Buenos Aires, a través de un acta-acuerdo firmado entre la municipalidad porteña y el Ministerio de Economía.
A pesar de su nacimiento formal, la Comisión continúa en estado de gestación; no ha definido aún su estructura, -desde la que deberá fiscalizar todos los trenes urbanos, circulen por debajo o por arriba de la superficie terrestre-, y su presupuesto se halla todavía pendiente de aprobación. En el caso de los subtes, el contrato de concesión establece que la verificación de la calidad del servicio y la eventual aplicación de penalizaciones comenzará recién a partir del mes de mayo. En el futuro, también deberá atender las inversiones a realizar por el concesionario, máxime teniendo en cuenta que el Estado las subsidiará con US$ 400 millones a lo largo de 20 años.
Pero todo el andamiaje de esta Comisión perdería sentido si, finalmente, tomara cuerpo un organismo que comenzó a pergeñarse en 1991: la Autoridad de Transporte del Area Metropolitana (ATAM). Se trata de un ente tripartito -Estado nacional, municipalidad capitalina y provincia de Buenos Aires- creado con la loable intención de poner un orden global en un ámbito caracterizado por el caos, para lo cual tendría bajo su órbita a los transportes públicos de todo tipo y condición.
En una lista de espera que por momentos suena interminable, quedan aún los órganos destinados a controlar en el futuro a los transportes de carga y de pasajeros de larga distancia, a los ferrocarriles interurbanos y de carga, a los concesionarios del peaje en los accesos a la Capital Federal y a quienes operan los elevadores de granos.
En algún momento del año pasado, en esferas oficiales se barajó la posibilidad de crear un superente que absorbiera todas las funciones de contralor y la redacción de un “código de servicios públicos”; sin embargo, todo quedó en versiones de pasillo.
En este sentido, la experiencia del Departamento del Consumidor del estado de Nueva York, en los Estados Unidos, resulta muy interesante. Con un plantel total de 700 empleados, a través de su Comisión de Servicios Públicos centraliza todas las cuestiones referidas al funcionamiento de los
mismos y aplica las sanciones que correspondan a las diversas infracciones.
En esa línea de pensamiento se manifestó asimismo el asesor del ministro de Hacienda chileno, a su paso por Buenos Aires en diciembre pasado. El ingeniero Eduardo Bitrán Colodro, aludiendo a los diversos supuestos de concentración, afirmó que “si el proceso de privatización concluye en que haya
un grupo empresarial que se lo compra todo, se genera una posibilidad de influencia enorme, en la sociedad y en los reguladores”. Por contraste, dijo ser “partidario de entidades autónomas, de comisiones que aborden el control de todos los sectores antes que de entes diversificados, por una razón de eficacia y de transparencia, pues así se disminuye el riesgo de ´captura´”.