Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
“LAS METAS SE ESTAN CUMPLIENDO EN EXCESO”.
La privatización de la ex ENTel constituyó en su momento uno de los casos más sonados y polémicos de la gestión menemista, por razones y episodios que -las más de las veces- estaban fuera del análisis económico o jurídico-institucional. Con el tiempo, el negocio de la telefonía irrumpiría como un
verdadero boom: los ahorristas se abalanzaron sobre la porción del paquete accionario puesto a la venta. Más adelante, las suculentas ganancias exhibidas a través de los primeros balances de las compañías licenciatarias iban a justificar tanta euforia, suscitando comentarios sorprendidos, aun en los medios internacionales.
Esto no se compadecía cabalmente con la sensación de los usuarios, quienes todavía seguían penando por las deficiencias del servicio y las desagradables sorpresas que muchas veces les deparaba la facturación. La situación dio pie para que algunos especialistas vinculados con el tema se preguntaran si la premura -y otros factores que acompañaron el trámite de transferencia- no habría
impedido evaluar adecuadamente la magnitud del negocio y, consecuentemente, las exigencias en materia de inversión.
“Yo creo que los niveles de inversión son los adecuados”, sostiene Rinaldo Colomé, titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; “esto hay que entenderlo como un proceso deliberado, es decir: el hecho de lograr que las licenciatarias tuvieran la rentabilidad suficiente para producir la modernización necesaria de todo el sistema, que estaba prácticamente colapsado”.
La Comisión, que se creó por un decreto de 1990, tuvo una vida ajetreada -que incluyó una larga intervención- hasta que en octubre del año pasado se normalizó su constitución y funcionamiento con la designación de un directorio elegido por concurso. Colomé, cordobés y mediterráneo, la preside desde entonces.
“A mi juicio”, prosigue, “la función del regulador es simular la competencia donde no la hay, pues son mercados otorgados en exclusividad; cuando uno le fija el precio del servicio -que normalmente es menor que el que cobraría desde su lugar monopólico- y por otro lado la curva de demanda le está determinando la oferta, se produce esa simulación. Pero claro que, sin duda, en esta relación el consumidor está en una posición más débil que la empresa; de ahí la labor que tiene que hacer el ente para proteger sus derechos, sin lesionar tampoco los que corresponden a la licenciataria”.
Colomé se muestra conforme con la actividad de las empresas en materia de inversiones. “Las metas se están cumpliendo en exceso; no sólo las obligatorias -que garantizan la exclusividad hasta el año 1997-, sino otras que superan a éstas en cantidad y calidad del servicio, y que tienen que ver con los
supuestos fijados en el pliego de condiciones para calificar con miras al llamado período de extensión, otros tres años que prolongarían el monopolio hasta el 2000. Y hay que señalar que, si bien el nivel de reclamos todavía es muy importante, también existe conciencia de que el servicio telefónico ha mejorado notablemente y en un corto plazo. Se está trabajando para completar lo que se conoce como autopistas de las comunicaciones, o sea el tendido de cables de fibra óptica – inclusive se va a instalar uno submarino, a lo largo de todo el litoral patagónico-; se está digitalizando toda la red; se están operando cambios sustanciales, cuyos resultados van a ser visibles ni bien se hayan completado todas esas obras.”
Pero a pesar de que el titular de la CNT se ufana de mantener una relación armónica con ellas, y el negocio sigue siendo próspero, sus controladas mascullan algunas quejas. No debe ser ajeno a ello el 0,5 % del total de la facturación que deben abonar para sostener financieramente a su aparato de
control, dado que se presupuestó para este año una suma que ronda los $ 43 millones. Con ellos, mantiene una planta constituida por 125 empleados efectivos y 250 contratados, en su mayoría estudiantes universitarios que encaran la actividad como una suerte de pasantía. Tampoco debe estar
muy lejos de la raíz de la protesta la sanción que les fue aplicada a comienzos del año, por la cual se vieron obligadas a restituir los pulsos telefónicos y cargos suplementarios facturados por equipos especiales que se consideraron indebidamente cobrados.
Esa infracción fue la que motivó -junto con una sobrefacturación de MetroGas- el informe de la Auditoría General de la Nación que tanta molestia causó en el Ministerio de Economía. “A mí me gusta que me controlen”, afirma sin embargo Colomé; “saber que tanto la Sindicatura como la Auditoría están ahí, me produce una cierta tranquilidad. Además, es cierto que si bien no son organismos de persecución, por el solo hecho de existir hacen que uno tome más recaudos respecto del propio accionar”.
Pero la CNT no ejerce su contralor sólo respecto de las compañías telefónicas; también se halla bajo su órbita todo el manejo del espectro radioeléctrico -asignación de bandas, frecuencias, sistemas de transmisión de datos, etc.-, cuya situación es, según reconoce el propio titular, bastante enmarañada.
“Estamos avanzando en los estudios para tratar de ordenarlo”, sostiene; sin embargo, son bastante fuertes las versiones que aluden a una futura privatización de la administración del espectro, y aun de la tarea de control.
Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
“LAS EMPRESAS DEBEN ACEPTAR EL CONTROL, AUNQUE NO LES GUSTE”.
Toda la subsistencia del sistema se basa en exigencias que están contenidas en los contratos de concesión”, afirma el ingeniero Carlos A. Mattausch, titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Si bien el organismo debutó hace apenas un año, luego de producida la privatización del sector, las definiciones respecto de tarifas, condiciones de calidad y de abastecimiento de la demanda estaban incluidas en los contratos firmados por las adjudicatarias.
“Esos tres elementos condicionan la forma de obtener beneficios, que es el objetivo central de las empresas; nosotros actuamos sobre los nichos donde es posible obtenerlos: controlamos el precio a través de la tarifa, la que fue fijada partiendo de los costos marginales a largo plazo para reproducir condiciones de competencia que en realidad no existen. Ahora bien, si el Estado se retiró de la actividad, no podía pretender seguir controlando las inversiones dentro de las empresas. Entonces simplemente controlamos los resultados, es decir la calidad, y a partir de ahí las concesionarias, para mejorar su rentabilidad, se ven obligadas a invertir y a tener un buen gerenciamiento. Y por último
está la obligación de abastecer el mercado: las empresas no pueden regular la cantidad de energía que entregan para llegar al punto óptimo de su curva de beneficios, tienen que dar servicio a la totalidad del mercado comprendido en su jurisdicción.”
No conforme con estas tres patas sobre las que asienta su sistema de contralor, el ENRE apeló a una relación directa con los usuarios. “Instalamos una especie de sensor para detectar lo que la población estaba reclamando con respecto a la calidad de los servicios, esto es: un sector donde se reciben y
procesan los reclamos”, dice Mattausch, aunque es consciente del bajo nivel de difusión que esta acción ha generado. “Quisimos hacer las cosas con la mayor seriedad posible, por eso no salimos a hacer una divulgación masiva hasta no estar seguros de nuestra capacidad de reacción; pero ahora vemos que los reclamos van aumentando. Tenemos más de 7.500, de los cuales un altísimo
porcentaje tiene respuesta positiva.”
En septiembre del ´93 se inició un ciclo de mediciones que concluyó el 28 de febrero pasado, a partir del cual se pudo llegar por primera vez a una evaluación general de la que, como es obvio, pueden surgir conclusiones que conduzcan a la aplicación de sanciones. Esto corresponde a la “primera
etapa” de controles implementada por el Ente, que apunta a verificar la calidad del producto -nivel de tensión y sus perturbaciones-, del servicio técnico -frecuencia y duración de las interrupciones en el suministro- y también de la calidad del servicio comercial -errores de facturación, demoras en la
atención de los pedidos de conexión y de los reclamos.
“Las sanciones, el monto de las multas”, prosigue Mattausch, “fue calculado del mismo modo que las tarifas, cruzando el costo marginal de la reparación o de la mejora con el costo marginal de la multa.
Se pretende así inducir las inversiones necesarias, ya que por los contratos de concesión no podríamos imponerlas. Tampoco puede estar en nuestro ánimo hacer una persecución absurda de las empresas, pues entendemos que están haciendo esfuerzos por mejorar la situación. Esfuerzos que vemos con satisfacción, pero que no van a modificar nuestra actitud. No está en nuestras manos modificar la ley ni imponer unilateralmente cambio alguno en los contratos; simplemente somos un instrumento consciente del interés público que representamos.
Amén de las multas, las licenciatarias tienen que sacar de sus bolsillos el monto correspondiente a la tasa de fiscalización destinada a sostener económicamente la actividad del Ente, que cuenta con una planta de 65 empleados y cuyo presupuesto para este año ronda los $ 25 millones, a pesar de que los funcionarios estiman que no se ejecutará en su totalidad.
“Obviamente les causa un cierto escozor pagar”, reconoce Mattausch, “pero también los impuestos se pagan y hay una dependencia que ejerce el control en la materia, como es la Dirección General Impositiva. Nosotros en el ENRE también somos controlados, y muy estrictamente, por la Sindicatura y la Auditoría General de la Nación, y no podemos reaccionar contra ello. Es claro que no resulta cómodo que nos controlen, porque de alguna manera nos parece que interfiere nuestro accionar; pero debemos aceptarlo, y también las empresas concesionarias, porque es necesario y porque forma parte de las reglas del juego”.
Respecto de las resistencias planteadas por las compañías en este tema, el titular del ENRE considera que “esa resistencia formal es natural; tratan de evitar todo lo que signifique una erogación. Y la pretensión de trasladar este costo a la tarifa es totalmente improcedente, porque los pliegos a los que se ajustó la privatización definen claramente lo contrario. Así es que mientras la ley esté vigente nos atendremos al procedimiento fijado”.
La figura del lobby sobrevuela indudablemente la cuestión: “Esa es una actividad natural que se desarrolla en todas partes del mundo, sólo que en otros lugares está blanqueada y organizada”, continúa Mattausch. “Y que muchas veces trata de capturar a los entes reguladores en todos sus
estratos, desde sus técnicos hasta sus directivos. Pero nosotros en la ley tenemos un recurso instrumental para atenuar sus efectos: la audiencia pública.” Conforme a ese mecanismo, el Ente, ante situaciones que comprometen el interés colectivo -incremento de la capacidad de transporte del
sistema, protección del medio ambiente, modificación del cuadro tarifario después del año 2.000-, convoca a través de los medios masivos de comunicación a una reunión absolutamente abierta y pública en la que todos pueden expresar sus puntos de vista, antes de adoptarse una resolución.
Para los próximos ocho años, el cuadro tarifario tiene ya previsto un sistema de actualización que considera los precios mayoristas -que se transfieren a la tarifa final- y el valor agregado de los costos de las empresas de distribución, que se ajusta con un mix de los índices de precios mayoristas y minoristas de los Estados Unidos. “Pero tenemos que ser muy cuidadosos en la calificación, porque los más pequeños desvíos pueden significar diferencias muy grandes para las concesionarias, aunque el monto para el usuario individualmente considerado parezca pequeño. El Estado no puede diferir los intereses de los usuarios finales, que son el eslabón más débil de la cadena.”
En relación con los usuarios finales y particularmente con aquellos de menores recursos, todavía resuenan los ecos de las situaciones creadas a partir de los cortes masivos, provocados por dispositivos pensados para detectar la sobrecarga del sistema supuestamente originada en la presencia de los “colgados”. “Estamos tratando de identificar adecuadamente los problemas, para
que no se repitan episodios que, no sólo no los solucionan, sino que tienden a agravarlos globalmente. Las reglas de juego son muy precisas: las empresas deben cobrar la energía que venden y el Estado debe contemplar la situación de quienes no están en condiciones de pagarla y estimular acuerdos destinados a regularizar el suministro. Pero, insisto, hay que poner todos los conflictos en
claro para que las soluciones resulten adecuadas y justas.”