Perú entró en una zona de incertidumbre después de la primera vuelta presidencial del 12 de abril. El recuento avanzó con lentitud durante varios días y dejó un cuadro inusual: Keiko Fujimori en el primer lugar, pero sin confirmación inmediata sobre quién la acompañará en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio. La disputa por ese lugar quedó concentrada entre el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y el congresista Roberto Sánchez, con una diferencia de apenas miles de votos en los cómputos parciales.
La demora no fue un dato menor. Según Reuters y AP, hubo problemas logísticos en la distribución del material electoral, extensiones del horario de votación en algunos centros de Lima y actas observadas que debieron pasar a revisión manual. Ese escenario alimentó acusaciones de fraude de parte de candidatos y dirigentes, aunque los observadores de la Unión Europea informaron que no encontraron evidencia de manipulación.
El episodio volvió a mostrar un rasgo estructural de la política peruana: la dificultad para transformar una elección en una transición ordenada. El país llegó a estos comicios después de una década marcada por la rotación presidencial, la confrontación entre poderes y la erosión de la confianza pública. En febrero, el Congreso removió al presidente interino José Jerí en medio de una investigación por corrupción, una decisión que agravó la inestabilidad a pocas semanas de la votación.
Una competencia fragmentada
La elección se desarrolló en un sistema altamente fragmentado, con más de 30 postulantes y sin un liderazgo dominante. En ese contexto, Fujimori volvió a capitalizar un núcleo electoral estable y quedó al frente del conteo con alrededor de 17% de los votos, lejos del umbral necesario para evitar una segunda vuelta. Detrás de ella, Sánchez y López Aliaga quedaron separados por márgenes mínimos, en una disputa que expuso la polarización entre una derecha dura y una corriente nacional-popular vinculada al expresidente Pedro Castillo.
El perfil de los aspirantes también ayuda a explicar la tensión del mercado y de la dirigencia empresaria. Fujimori representa una opción conservadora conocida, con respaldo en sectores que priorizan orden, seguridad y continuidad macroeconómica. López Aliaga expresa una agenda de derecha más confrontativa. Sánchez, en cambio, quedó asociado a propuestas de nueva Constitución y mayor intervención estatal sobre recursos estratégicos, una agenda que generó inquietud en los inversores por el recuerdo de la crisis abierta durante la presidencia de Castillo.
La fragilidad del recuento también impactó sobre las autoridades electorales. Reuters informó que crecieron los pedidos para desplazar a Piero Corvetto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, mientras el Jurado Nacional de Elecciones avanzó con acciones por las fallas registradas durante la jornada. El trasfondo es más amplio que una discusión administrativa: el sistema electoral quedó bajo presión en un momento en que la legitimidad del resultado depende tanto del conteo como de la percepción pública sobre ese conteo.
La economía como ancla, con límites
La singularidad peruana es que esa inestabilidad política convive con indicadores macroeconómicos comparativamente más sólidos que los de otros países de la región. El Banco Central de Reserva del Perú informó que la actividad creció 3,2% interanual en el cuarto trimestre de 2025, en un contexto de recuperación del gasto privado, mejora del mercado laboral e inflación en torno del centro del rango meta. En su reporte de inflación de marzo, además, proyectó que Perú se mantendría entre las economías de mayor crecimiento relativo de América Latina en 2026 y 2027, impulsada en parte por inversión privada y términos de intercambio favorables.
Esa resiliencia explica por qué, aun en medio del ruido electoral, no hubo una reacción financiera extrema. Reuters reportó que el sol se mantuvo estable y que la bolsa limeña registró avances modestos, aunque con cautela frente a la posibilidad de que el balotaje enfrente a Fujimori con Sánchez. En otras palabras, la economía peruana sigue funcionando como un amortiguador, pero no alcanza para corregir por sí sola el deterioro político.
También hay un factor productivo de fondo. Perú continúa siendo uno de los grandes productores mundiales de cobre, y la minería sigue siendo un sostén central de sus cuentas externas y fiscales. Reuters señaló en 2025 que el gobierno esperaba una nueva expansión de la producción cuprífera y una inversión minera superior a US$ 4.800 millones. Ese flujo ayuda a sostener la estabilidad macroeconómica, pero no resuelve los problemas de representación, seguridad y gobernabilidad que dominaron la campaña.
Lo que viene
La primera vuelta peruana dejó, así, una paradoja conocida. El país conserva un banco central creíble y una base exportadora que todavía ordena la macroeconomía, pero no logra construir un sistema político previsible. La demora en el escrutinio no creó esa crisis: la hizo visible.
La próxima etapa será doble. Por un lado, concluir el conteo y confirmar quién enfrentará a Fujimori en junio. Por otro, reconstruir una mínima confianza en el proceso electoral. Sin esa legitimidad, el próximo presidente empezará su mandato con el mismo problema que desestabilizó a sus antecesores: poder formal, pero autoridad discutida.
