Más de 150 organizaciones de personas con discapacidad y usuarias de los servicios de salud mental, de familias y de derechos humanos, junto a asociaciones profesionales y universidades, enviaron una carta a senadoras y senadores de la Nación para cuestionar el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que propone modificar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. En ese documento, plantearon la “inconstitucionalidad del proyecto de reforma” y exigieron participación en el debate legislativo.
El eje del cuestionamiento es que la iniciativa propone “el retorno del modelo centrado en el hospital psiquiátrico”. Las organizaciones sostuvieron que ese enfoque desconoce evidencia científica y obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos. También señalaron que la reforma “desmantela aspectos centrales de la ley vigente” al eliminar la prohibición de crear centros psiquiátricos, suprimir la obligación de sustituir los existentes, habilitar expresamente la internación en esos espacios y abandonar la enumeración de los dispositivos de inclusión social que hoy orienta y limita la discrecionalidad de los decisores públicos.
En su argumentación, identificaron dos falencias del modelo basado en el hospital psiquiátrico. La primera es su falta de efectividad para responder a problemas actuales de los sistemas sanitarios. Indicaron que la integración de la salud mental en servicios generales —en lugar de servicios especializados— reduce el tiempo promedio de internación y los índices de recaída, favorece el mantenimiento de vínculos afectivos, sociales y laborales, contribuye a resolver la brecha de atención, favorece la prevención y el abordaje oportuno de situaciones que podrían derivar en crisis y amplía la accesibilidad geográfica al permitir la atención en las localidades donde las personas usuarias tienen redes de apoyo.
La segunda falencia, según el texto, es el impacto sobre las personas. Las organizaciones afirmaron que el modelo hospitalocéntrico “daña a las personas”, ya que conduce a abordajes iatrogénicos y violatorios de derechos, y promueve el aislamiento y prácticas coercitivas. En ese marco, mencionaron que organismos de Naciones Unidas instaron a los Estados a avanzar en el enfoque comunitario.
Como ejemplos, citaron que la Organización Mundial de la Salud sostuvo que la atención en la comunidad tiene mejores efectos que el tratamiento institucional en el pronóstico y la calidad de vida. También señalaron que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ordenó a la Argentina cerrar hospitales psiquiátricos, asegurar procesos de externación e implementar redes de atención integradas al primer nivel.
La carta también discutió el diagnóstico sobre el sistema actual. “No negamos los déficits que hoy enfrenta el sistema de atención de la salud mental”, afirmaron, y atribuyeron esos problemas a la falta de implementación de la ley vigente. Enumeraron que no hay servicios de salud mental en hospitales generales, que los dispositivos comunitarios son prácticamente inexistentes y que el presupuesto no se ejecuta como prevé la norma: del 10% del gasto en salud que la Ley 26.657 establece para salud mental, “nunca se destinó más del 2,66%”.
En el tramo final, reclamaron que el Senado convoque a audiencias públicas para que las personas usuarias sean escuchadas. “Esto no es una opción, sino una obligación jurídica”, sostuvieron, en referencia al artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
