-¿Cuáles son los principales desafíos de las economías provinciales en términos de su desarrollo económico y social?
-Hay un problema de plazos y de urgencia. El desafío más urgente de las provincias es salir de una situación extremadamente crítica en términos fiscales. En la medida que esta situación pueda resolverse, cada provincia tendrá más espacio para repensar su estrategia productiva. Claro que esto luego se retroalimenta, porque sectores reales que funcionan mejor implican mayores bases tributarias para resolver lo fiscal. Pero, para hacer funcionar el círculo virtuoso, estamos poniendo énfasis en la cuestión fiscal en un primer momento para pasar enseguida a la asistencia en el diseño de distintas estrategias de desarrollo productivo.
-¿Qué cambios políticos son necesarios para avanzar sobre estas dos cuestiones que usted plantea, tanto la fiscal como la productiva?
-Desde el punto de vista productivo, es difícil pensar una respuesta que abarque toda la situación. Pero una diferencia con el gobierno anterior y lo digo sin hacer juicio de valor es que ellos tenían una visión muy horizontal del problema. Para todas las provincias se aplicaba la misma política; eran iniciativas que no tomaban en cuenta la diversidad. Nosotros pensamos que hace falta un enfoque regional. Las provincias más pobres son las que tienen más problemas para diseñar estrategias productivas y financiar infraestructura. Tampoco cuentan con diagnósticos precisos sobre las razones del atraso. Hoy en día, los gobiernos de las provincias con más problemas están dedicados, sobre todo, a resolver los problemas para refinanciar deuda. Nuestro desafío es dar prioridad a las cuestiones de desarrollo.
-¿Y cómo se promueve este desarrollo?
-Un problema muy grave es que la Argentina no tiene fondos públicos para atender cuestiones de desarrollo. Dentro de la transferencia de fondos de la Nación hacia las provincias, hay muchos que están destinados a financiar infraestructura. Pero son fondos que se asignan en función de alguna puja sectorial que hubo en algún momento de la historia. Hay que buscar un espacio para rediscutir prioridades, porque la asignación de fondos es bastante perversa.
-¿Qué se requiere, específicamente, para evitar los desequilibrios?
-En materia fiscal, estamos en medio de un fuerte cambio de mentalidad. Hoy por hoy, nadie se animaría, desde un gobierno provincial, a plantearle a la Nación que el déficit es bueno. Hay que consolidar esta visión y hacerla efectiva en la práctica para lograr que todos los Estados provinciales alcancen el equilibrio fiscal en un par de años más. Sin embargo, yo creo que uno de los desafíos más complicados es la cuestión municipal. Allí, la conciencia todavía no es tan homogénea y tan clara como en los gobiernos provinciales. Hay municipios con problemas fiscales impresionantes. Y por otro lado, todos sabemos que si uno quiere avanzar hacia una provisión de servicios sociales que estén más cerca de la gente, es necesario avanzar con una descentralización hacia los gobiernos municipales.
-¿Cómo evalúa el actual esquema de relación entre la Nación y las provincias?
-En lo que respecta a las relaciones financieras, estamos en una situación que es el resultado de una historia muy larga de acuerdos transitorios, de emergencia, de parches… Los compromisos fiscales o los pactos son salidas de emergencia a situaciones difíciles de resolver a mediano plazo. Y, en realidad, hacen referencia a la última solución de mediano plazo, que fue la ley de coparticipación de 1988, que se define a sí misma como un mecanismo de transición y emergencia. No tenemos un sistema que ordene las relaciones financieras Nación-Provincia desde la vigencia de la ley 20.221, en la década de los ´70. Esta situación, sumada a las pujas políticas y las crisis económicas que hemos tenido, fueron armando un sistema de relaciones plagado de parches. Cada problema, cada puja, se resolvió con una asignación específica adicional. Además, no hay un estilo establecido para buscar consensos y resolver los problemas de forma definitiva. Todo es transitorio en la relación Nación-Provincias.
-¿Y cómo se resuelve esto?
-Un punto central es alcanzar el consenso en torno de una nueva ley de coparticipación. Esto implica lograr acuerdos puntuales sobre muchos temas: desde el financiamiento de los sistemas previsionales, del gasto social, o el de infraestructura, hasta el de los sistemas tributarios de las provincias. Esperamos poder concretar este debate durante este año.
-¿Hay una contradicción entre la autonomía de las provincias y la necesidad de controlar los desequilibrios fiscales?
-Este es un país federal con un fuerte grado de autonomía provincial y no la suficiente autonomía municipal. La potestad que tienen las provincias para diseñar, por ejemplo, su propio sistema de salud está en la Constitución, y no necesariamente está mal. La cuestión, me parece a mí, no es cuánta autonomía tienen, sino que, dada la autonomía, qué tipo de cosas están reservadas a la Nación.
-¿Cuál es el papel de la Nación en estos casos?
-Muy fuerte, en términos de compensar diferencias, coordinar el sistema, regular. La autonomía provincial no está reñida con un Estado Nacional fuerte que sepa qué tiene que hacer. Imaginemos un caso límite: en un sistema educativo en el que cada provincia financie el sistema con sus propios recursos, ¿qué tiene qué hacer la Nación frente a un estado provincial que decida no realizar la Reforma educativa, y no mejore los índices de eficiencia? ¿Hay que esperar que cambien los gobernantes, que cambie la actitud y, en el medio, los chicos van a una escuela deficiente? ¿O la Nación tiene que hacer algo para compensar esto? Ahí comienza la discusión.
-¿Qué herramientas le quedan al Estado para encarar estas políticas compensatorias?
-Dentro del presupuesto nacional hay algún margen, no muy grande, claro. Lo que ocurre es que la descentralización de servicios en la Argentina fue hecha de una manera muy salvaje y muy orientada por urgencias fiscales; no hubo reorganización de los servicios sociales ni del desarrollo productivo. El financiamiento de un Fondo de Equiparación es un debate que se tiene que dar junto con el diseño de la nueva ley de coparticipación.
-En cuanto a la presión del FMI por el déficit de las provincias…
-El FMI no tiene nada que ver con eso. Es un compromiso que tiene que tomar la Nación con las provincias. Cuando uno mira las cuentas de los estados provinciales que registraron mayor déficit en los últimos años y nota que tienen afectada toda su coparticipación como garantía de las deudas, que no pueden ir al mercado a endeudarse, que no pueden pagar salarios porque toda su coparticipación está absorbida por los servicios de la deuda, la única alternativa es coordinar entre la Nación y las provincias alguna política de reestructuración del Estado que le permita recobrar grados de autonomía.
-Entonces, la autonomía provincial está acotada por el desequilibrio fiscal.
-Los estados con una política fiscal muy irresponsable pierden autonomía. Eso pasa siempre, igual que en cualquier familia. Uno gasta más de lo que tiene, se endeuda y termina con la casa hipotecada. Pero el problema no es la hipoteca, sino por qué se llegó a ese punto.