Para que el crecimiento económico sea sostenible “debe
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para satisfacer las propias”.
(Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
1987, Informe “Nuestro Futuro Común”).
Se trata de hacer crecer el producto presente sin degradar el
medio ambiente que hará viable el crecimiento futuro. La
solidaridad intergeneracional que crea la preservación del
planeta obliga a pensar no sólo en cuánto se crece,
sino también en cómo se crece.
El consumo y la eficiencia energética son temas centrales
en una estrategia de crecimiento sustentable. La producción de
energía provoca efectos ambientales localizados
(exploración y explotación petroleras,
refinación, construcción de represas, tendido de
líneas y ductos, etc.). El consumo contamina el medio ambiente
y es gran responsable de la emisión de gases de efecto
invernadero (dióxido de carbono). La producción y
consumo de una canasta energética menos contaminante es de
sumo interés para el desarrollo sustentable.
Sin embargo, el medio ambiente cuenta poco en la agenda
pública argentina. El problema ambiental se aborda con
voluntarismo y al margen de la preocupación por crecer. Sin
estrategias y con políticas incoherentes se corre el riesgo de
terminar abrazando las regulaciones más exigentes, sin ninguna
eficacia compulsoria. El país va en camino a distanciar la
economía de la ecología, en vez de reconciliarlas.
Hay una Ley de Tratamiento de Residuos Peligrosos sin contar con
los adecuados depositorios. El parque automotor se renovó en
estos años pero no se tuvo en cuenta la oportuna exigibilidad
de los convertidores catalíticos y su asociación con la
promoción impositiva de la producción de la nafta sin
plomo para reducir la contaminación ambiental. El gas natural
es menos contaminante y en la Argentina es económicamente
razonable que sustituya combustibles líquidos. Pero las
bocanadas de monóxido de carbono que emiten los escapes de los
ómnibus del transporte urbano llevan a preguntarse qué
detuvo la conversión de esas unidades al gas natural
comprimido. Mucho tuvo que ver la eliminación del Impuesto a
la Transferencia del Combustible al gasoil, sólo reimplantado
parcialmente en el paquete fiscal de agosto de 1996.
La fuerza del mercado
La política ambiental, en principio, es consecuente con la
operación de los mercados. Las distorsiones en el sistema de
precios pueden alentar consumos en exceso y alimentar la
contaminación. Los subsidios en los precios
energéticos, propios de los esquemas de asignación
planificada de estos recursos, constituyen un claro ejemplo. Pero
también se pueden introducir grandes distorsiones en los
precios a través del sistema impositivo. Es lo que
sucedió en los últimos años con los precios del
gasoil.
Hay que privilegiar los remedios económicos basados en la
propia lógica del mercado. Tanto en su faz correctiva como en
la preventiva estos remedios alientan a los que contaminan, con
costos mínimos de control, a adoptar el máximo posible
de medidas paliativas. Se trata de cobrar impuestos a los que
contaminan o cargos de acuerdo con los daños que causan.
También se trata de esclarecer derechos de propiedad, ya que a
menudo los recursos ambientales no son evaluados de acuerdo con su
costo de oportunidad, porque no pertenecen a quien los utiliza.
En el régimen ambiental vinculado a la industria petrolera
ha prevalecido el criterio de imponer restricciones cuantitativas. El
problema de estas medidas es que no tienen en cuenta la lógica
del mercado e imponen una capacidad de control casi inexistente.
Hay situaciones, sin embargo, en las que se debe recurrir a
mecanismos de regulación directa para fijar parámetros
de contaminación. Es el caso del contenido de azufre en
ciertos combustibles. Las restricciones cuantitativas deben fijarse
con una estrategia gradualista que concilie el impacto
económico con las posibilidades efectivas de control.