Desde hace dos años, la Superintendencia de Seguros publica trimestralmente los datos correspondientes a los
balances de las compañías del sector. La medida vino a llenar una brecha de información muy importante,
considerando que hasta ese momento los operadores carecían de datos fehacientes sobre la solvencia patrimonial y
financiera de las empresas.
La disposición adoptada por la Superintendencia no sólo consiste en publicar los balances. Incluye también la
interpretación de las cifras, a través de la confección de indicadores de los diferentes grados de capacidad de pago de las
empresas.
Uno de estos índices refleja la gravitación de los créditos dentro del activo total. Una elevada participación de los
créditos estaría indicando el otorgamiento de elevados planes de financiación a los clientes para mantener la posición
de la empresa en el mercado. Los fondos destinados a este objetivo son de lenta recuperación, lo que repercute en la
liquidez financiera de la empresa en el corto plazo.
La Superintendencia considera que mientras los créditos no superen la mitad del activo total la relación es
aceptable. Cuanto menor es esa gravitación, mayor es la liquidez de los activos y, por lo tanto, la solidez de las
finanzas.
Si los créditos superan 65% del activo total, la relación se considera pesada y pondría de manifiesto dificultades a la
hora de liquidar las deudas.
Otro de los coeficientes revela la solvencia de la empresa frente a los compromisos reales con los asegurados. Se
determina relacionando los activos muy líquidos (disponibilidades e inversiones fácilmente realizables) con las deudas en
firme.
La interpretación, en este caso, es diferente de la anterior: cuanto más elevada es la relación, mayores son las
posibilidades de los clientes para cobrar sus acreencias.
La Superintendencia considera que en circunstancias normales esa relación no debería ser inferior a 80%. Si se
encuentra por debajo de 65%, las posibilidades de cobrar por parte de los asegurados son bastante más inciertas.
Hay un tercer indicador: el que refleja la capacidad de la empresa para hacer frente a todas sus obligaciones,
incluidas las que surgen de las relaciones técnicas. Es adecuado para evaluar la capacidad de pago de la empresa en
el largo plazo.
En este caso, a los activos de fácil realización se incorporan los inmuebles, que en empresas de esta naturaleza
constituyen una parte significativa de su respaldo patrimonial.
La Superintendencia se inclina en esta variante por una relación de uno por uno (100%) con un mínimo de 80%.
Según los entendidos, este índice es el más completo, porque refleja la capacidad de la empresa para hacerse cargo
de todas las deudas. Los analistas consultados por MERCADO estiman que en una empresa con buen respaldo
patrimonial, la relación no debería ser inferior a 120%, la única forma en que todos los acreedores tendrían, en el
supuesto de una liquidación, la seguridad de percibir todas sus acreencias. La decisión de la Superintendencia de
fijar el límite en 100% es considerada por los analistas, y por el propio organismo oficial, como una relación
mínima.