Ni la flexibilización ni los subsidios parecen suficientes para paliar la pérdida de fuentes de trabajo en todo el mundo. Se requieren medidas macroeconómicas que apunten al desarrollo y la creación de empleos.
El problema fue el leitmotiv de la última cumbre de países industrializados, celebrada en Detroit en marzo, y promete convertirse en uno de los ejes de la transición del actual acuerdo multilateral de comercio, regido por el GATT, hacia una estructura más ambiciosa que el año próximo deberá conformar la WTO (la sigla, en inglés, de la Organización Mundial del Comercio).
Se trata, nada menos, que de buscar una fórmula que ponga algún remedio a lo que comienza a percibirse como el gran fantasma de fines de siglo: la marginación social de enormes masas de población, que -tanto en los países desarrollados como en el Tercer Mundo- han perdido el tren del avance tecnológico y permanecen aprisionadas bajo el doble peso del desempleo y los bajos salarios, con sus secuelas de pobreza y violencia.
Quienes critican esta iniciativa, liderada, sobre todo, por Estados Unidos y Francia, sospechan que los motivos no son enteramente humanitarios. Aquí vuelve a asomar, sostienen, la vieja contradicción entre el Norte industrializado y el Sur empobrecido. Según esta visión, lo que verdaderamente se busca, al tratar de imponer niveles universales de protección a los trabajadores, es eliminar de la competencia internacional a los países subdesarrollados despojándolos de su única ventaja comparativa: la mano de obra barata.
Las promotores de la idea de imponer sanciones comerciales a los países que incurran en el llamado dumping social (un neologismo que alude a la práctica de bajar los precios merced a la explotación extrema de la población laboral) responden que sus críticos probablemente se hubieran opuesto, con los mismos argumentos, a la abolición de la esclavitud en el siglo XIX.
En rigor, la noción de que no debe permitirse a los países en desarrollo adquirir ventajas comerciales a costa de los derechos de los trabajadores no es del todo nueva. Ya en la década de los ´30 el economista John Maynard Keynes propuso algo similar.
Por otra parte, la objeción de que los acuerdos comerciales no deben contaminarse con cuestiones ajenas a su propia esfera ya fue superada, como lo demuestra el hecho de que la palanca del comercio se usa desde hace tiempo como instrumento para favorecer la protección del medio ambiente, reducir el uso de aerosoles con CFC, preservar a las especies en peligro y controlar el intercambio de residuos tóxicos. Con mayor razón, se supone, se justifica aplicar el mismo instrumento para mejorar la situación de vastas porciones de la población mundial sometidas a condiciones de trabajo inhumanas.
La iniciativa apunta, en realidad, a cuestiones esenciales. No se trata de imponer un salario mínimo para todo el mundo, sino de erradicar las prácticas de explotación semiesclavista y garantizar los derechos a la asociación de los trabajadores.
La Pobreza Propia.
Pero, más allá de estas consideraciones universales, lo que se advirtió en la reciente cumbre del Grupo de los Siete en Detroit fue la preocupación de las potencias industriales por sus propios males: el creciente desempleo en Europa y el deterioro de los salarios reales en Estados Unidos.
El caso europeo es paradigmático de lo que ha venido ocurriendo en la economía del mundo desarrollado durante las últimas dos décadas. En los años ´70, la tasa de desempleo norteamericana duplicaba a la de los países miembros de la actual Unión Europea. Este año se verá, por primera vez
la situación inversa: el promedio de la UE se proyecta a 12%, en tanto que la desocupación en Estados Unidos se mantendrá en alrededor de 6,5%.
Y no es que las cosas hayan mejorado tanto para los norteamericanos, sino que empeoraron notablemente para los europeos, que pasaron de un índice de desempleo de 2,4% en 1970 a 6% en 1980 y al actual 12% (con casos dramáticos, como el de España, donde la tasa llega a 23%). El problema de fondo es que no se crearon suficientes empleos para absorber el ingreso de nuevos trabajadores al mercado. Según una reciente investigación del semanario británico The Economist, desde 1960 el nivel de empleo aumentó en 84% en Estados Unidos, 46% en Japón y apenas 6% en Europa.
Pero Estados Unidos tiene, a su vez, sus propias dificultades, a pesar de que las estadísticas parecen favorables: en los últimos 18 meses se han creado 2 millones de nuevos puestos de trabajo y el ritmo de aumento de empleos fuera del sector agrícola viene creciendo a razón de 2,2% anual desde 1950.
Pero no todos los números resultan propicios. En muchos bolsones de pobreza urbana en Estados Unidos, el desempleo de los jóvenes de raza negra asciende a 70%. Y los salarios reales vienen descendiendo en forma constante: el promedio de ingresos semanales de los trabajadores en el sector privado era de US$ 261,92 en 1960, trepó a US$ 315,38 en 1973 y se redujo a US$ 255,99 a
fines del año pasado.
La desigualdad representa otro problema estructural. Los empleados ubicados en el tope de la escala laboral vieron ascender sus ingresos en 4,4% durante los últimos 20 años. Pero los que ocupan la base de la pirámide sufrieron un deterioro de sus salarios de 10,3%.
El impacto social de este deterioro desigual es preocupante: según la Oficina del Censo, 18% de los 81 millones de trabajadores norteamericanos ganan sueldos que los colocan por debajo de la línea de pobreza (US$ 13.091 por año). El índice era de 12% en 1979.
Los Remedios.
Para el mundo industrializado, parece haber un común denominador de los problemas laborales: la revolución tecnológica y la importación de productos de países con mano de obra barata han reducido fuertemente (y en forma permanente) la demanda de recursos humanos con bajo nivel de calificación. Esto se ha reflejado de modo dispar a ambos lados del Atlántico. Los sistemas de salarios mínimos y beneficios sociales han puesto freno al deterioro de los ingresos de los trabajadores europeos, de modo que la caída de la demanda se manifiesta por el lado del desempleo. En Estados Unidos, donde el sistema es mucho más flexible, el colapso se refleja en los salarios. Los remedios tradicionales no parecen efectivos en estas circunstancias y poco se ha hecho
para introducir innovaciones. En Europa se viene advirtiendo un creciente énfasis en aplicar medidas activas, como programas de capacitación y asesoramiento en la búsqueda de empleo, pero más de dos tercios de los recursos destinados a combatir la desocupación siguen concentrándose en las
llamadas medidas pasivas, es decir, subsidios y seguros.
La flexibilización, que viene siendo presentada como una virtual pócima milagrosa en los países en desarrollo, ha sido blanco de advertencias y críticas por parte de una fuente insospechada. En el documento presentado por Japón a la cumbre del G-7, se señala que “la excesiva movilidad de la fuerza laboral desalienta las iniciativas de la empresa privada para desarrollar sus recursos humanos”.
En definitiva, el mal no parece fácil de combatir, a menos que se lo ataque en sus propias raíces económicas, tal como lo reconoce el gobierno estadounidense en su ponencia de Detroit. “Los países que persigan cambios estructurales (en la cuestión laboral) sin tomar medidas para aumentar la
demanda agregada tendrán escaso o ningún éxito en sus esfuerzos”, advierte el documento.
El secretario de Trabajo norteamericano, Robert Reich, trazó un bosquejo acerca de cómo resolver el dilema entre disponer de un alto nivel de empleo con bajos salarios y mantener altos ingresos para una porción cada vez más escasa de la población laboral. “Hay una tercera alternativa”, dijo. “Hay que
combinar la política de inversiones en educación y capacitación que vemos en Europa con la dinámica y la flexibilidad laboral que tenemos en Estados Unidos. Pero todo esto debe insertarse en el marco de políticas macroeconómicas que promuevan el crecimiento y la creación de empleo.”