A dos décadas de la firma del tratado que le dio formalmente origen, Yacyretá comienza a despertar de un sueño faraónico para insertarse en la dura realidad.
Las novedades en torno de la gigantesca represa comenzaron a multiplicarse desde fines de 1992. En diciembre, el consorcio Yacylec (que integran las compañías Sade, Endesa, Recchi, Dyckerhoff & Winmann, Sistranyac, Sideco Americana, Impregilo y Dumez) se adjudicó la licitación para instalar y explotar durante 95 años la primera línea de distribución eléctrica que llevará la energía producida en la planta a la ciudad de Resistencia. El costo de la obra, calculado en US$ 120 millones, deberá recuperarse en los primeros quince años, merced al pago de un canon fijo de $ 2,4 millones por mes.
En junio quedará definitivamente habilitada la esclusa de navegación. Y en setiembre de 1994 se pondrá en marcha la primera de las 20 turbinas del complejo, que, según el cronograma oficial, deberá estar en pleno funcionamiento en julio de 1998.
Pero los signos de los tiempos comienzan a manifestarse también en otros terrenos: la más grande obra pública emprendida por los argentinos comienza a dar los primeros pasos en el camino hacia la privatización.
Según señaló a MERCADO el director ejecutivo de la entidad binacional, Jorge Domínguez, cuatro banco de inversión (Paribas, Morgan Grenfell, First Boston y Schroeder) fueron invitados a presentar una propuesta en esa dirección. Se trata, en rigor, de sondeos en el ámbito internacional para determinar el grado de interés que Yacyretá puede suscitar entre los inversionistas.
Los expertos del sector opinan que la oferta no carece de atractivos. El flamante complejo producirá energía de bajo precio y colocación segura en un mercado en crecimiento. Sin embargo, difícilmente se encontrarán interesados en participar con sus capitales mientras no se haya despejado el marco legal (se requieren leyes nacionales en la Argentina y Paraguay para convertir a la entidad en una sociedad anónima) y mientras no se haya resuelto satisfactoriamente la espinosa cuestión del reasentamiento de poblaciones y obras de protección ecológica.
Las colosales dimensiones de la obra (ver recuadro) se manifiestan también en su influencia sobre la región. No menos de 6.000 familias (4.200 en territorio argentino y 1.800 en Paraguay) deberán ser trasladadas a nuevos asentamientos urbanos y rurales, lo que obligará a realizar inversiones por US$ 477 millones. Para atenuar el impacto de los costos originados en la reubicación de poblaciones afectadas, el gobierno adoptó un plan de acción que contempla un proceso gradual de llenado del embalse: cuando se encienda la primera turbina, en setiembre de 1994, la cota estará en 75 metros, llegará a 78 metros un año después, y alcanzará su nivel definitivo, de 83 metros, en julio de 1998, cuando, se espera, esté concluido el proyecto.
Recientemente se terminaron 358 viviendas, cuya construcción estuvo paralizada durante tres años, y otras 253 se encuentran en vías de terminación. La meta, sin embargo, es imponente: el plan requiere levantar 4.946 viviendas en el área de Posadas.
Mientras tanto, avanzan otros proyectos destinados a proteger a los habitantes más indefensos de la región. Está funcionando, a prueba, un mecanismo de transferencia de peces similar a otros sistemas existentes en Francia, Estados Unidos y Rusia. El caso de Yacyretá es particularmente complejo, debido a la abundancia de especies ictícolas (más de 200), ejemplares de gran tamaño y extremas oscilaciones de caudal en el Paraná (de 5.000 a 50.000 m3 por segundo).
LOS RECURSOS.
El reciente crédito de US$ 300 millones otorgado por el Banco Mundial y otro del Banco Interamericano de Desarrollo, por US$ 80 millones, aportan el financiamiento para las obras destinadas a la protección del ambiente y la población. Estas y otras fuentes de crédito internacional aseguran, según los directivos de la entidad, la concreción de las etapas pendientes del proyecto
(básicamente los componentes electromecánicos, como turbinas y generadores) en los plazos previstos.
Yacyretá se acerca, así, a un punto de definición al que no podría calificarse de happy end, pero que al menos representa un progreso razonable tras una historia que, en muchos tramos, adquirió ribetes de pesadilla.
Quince años de atraso, un costo que duplicará holgadamente las previsiones iniciales (las autoridades del ente estiman que se han invertido hasta ahora US$ 6.000 millones y que la factura final llegará a US$ 8.000 millones, aunque algunos expertos mencionan cifras aún más abultadas), una leyenda negra de corrupción y el abandono de las aspiraciones de convertir a la represa en el corazón de un polo de desarrollo configuran el lado oscuro de este megaproyecto.
Como prueba de la desmesura y los abusos que proliferaron a la sombra de Yacyretá basta recordar que, diez años atrás, cuando todavía no se habían iniciado los trabajos específicos de la represa, ya se habían gastado US$ 1.500 millones en contratos de asesoramiento y obras periféricas.
El voraz gigante pareció fatalmente herido en abril de 1990, cuando el presidente Carlos Menem lo calificó como “monumento a la corrupción”, con lo que pareció sellada su suerte en materia de asignaciones oficiales de recursos. Sin embargo, lo que sobrevino no fue la muerte, sino un profundo recorte de gastos y expectativas.
El costado más optimista de la historia es que, a fin de siglo, con Yacyretá funcionando a pleno, la Argentina contará con una poderosa fuente de energía barata, segura y “limpia”, capaz de cubrir la mitad de las necesidades del país (lo que a su vez plantea interrogantes acerca de la competitividad de las actualmente privatizadas empresas eléctricas).
No son tan brillantes, en cambio, las perspectivas de rendimiento económico para la inversión del Estado argentino en la central hidroeléctrica. A una tarifa proyectada de US$ 0,030 por kw/h, se espera que los costos demoren en recuperarse alrededor de 50 años, lo que equivale, según los expertos, al término de la vida útil de la planta.
LA RENTA PETROLERA.
Daniel Gustavo Montamat.
La renta petrolera, que surge como diferencia de precios y costos de la actividad (incluyendo en éstos la adecuada remuneración al capital invertido), pertenece a la comunidad. Es decir, a todos los argentinos.
Este concepto, indiscutible, pero no debidamente arraigado en la opinión pública, es clave en la transformación del mercado petrolero. En el anterior esquema de reglas de juego, el Estado procuraba monopolizar la actividad petrolera, por considerar al petróleo un recurso estratégico, y para apropiarse, en nombre y representación de la comunidad, de la renta del recurso. El instrumento de esta política era Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El esquema fracasó fundamentalmente porque la renta se repartió entre protagonistas a veces encubiertos, a veces implícitos. YPF se descapitalizó y su déficit crónico no le permitió sostener un proceso de exploración indispensable para incorporar nuevas reservas.
Con la desregulación cambian las reglas de juego. La referencia de los precios internos a los precios internacionales establece un techo y un piso al monto de la renta petrolera. La internacionalización plena del mercado y la efectiva vigencia del negocio de oportunidad externo deben darse para evitar
que las prácticas colusivas intenten agregarse a la renta del recurso, renta cuasi-monopólica, que castigará al consumidor con mayores precios.
La desregulación también ha explicitado los actores que se apropian la renta petrolera: las compañías petroleras, a través de sus utilidades, y el gobierno, a través de regalías e impuestos.
Si la renta pertenece a la comunidad: ¿qué es lo que legitima semejante reparto? La industria petrolera se apropia de parte de la renta para sostener el proceso de inversión en esta actividad, que suma al riesgo comercial el riesgo minero. El Estado se queda con la otra parte, en representación de la comunidad, para darle a ese recurso un destino presupuestario teóricamente no asociado a gastos corrientes.
Si los petroleros no invierten en exploración, desde esta perspectiva de racionalización estarían defraudando a la comunidad. Presionarán para que el Estado les ceda más renta petrolera o para que no abandone la inversión en exploración. Si caen las reservas, o éstas no aumentan debidamente, con el tiempo se resentirá la producción y se irá agotando la renta. Inevitablemente aumentará la conciencia y la demanda social respecto al destino que los petroleros dieron a esas sobreutilidades que forman parte del patrimonio común de todos los argentinos.
La operación de un mercado desregulado impone, desde la perspectiva de los intereses de la comunidad, una doble supervisión con sus consecuentes controles. 1) Observar la internacionalización plena que asegura competencia y evita prácticas colusivas tendientes a aprovechar rentas cuasi-monopólicas, convalidadas a través de mayores precios al consumidor. 2) vigilar los compromisos de la industria con la responsabilidad exploratoria que le ha confiado la comunidad.
De allí que la desregulación de la industria petrolera imponga un nuevo papel al Estado, pero también una nueva cultura de management en el empresariado del sector.
YACYRETA EN EL MUNDO.
Para tener una idea más acabada acerca de la envergadura del complejo hidroeléctrico argentino-paraguayo, vale la pena comparar sus dimensiones con otras plantas similares en el resto del mundo:
Potencia Instalable:
Itaipú (Brasil-Paraguay) 12.600 mw
Guri (Venezuela) 6.500 mw
Yacyretá 4.500 mw
Superficie del Lago
Asuan (Egipto) 500.000 ha
Yacyretá 142.000 ha
Volumen de la Obra
(en millones de m3 de materiales)
Yacyretá 98
Asuan 42
Itaipú 40
-Gary Becker-
LA CONDUCTA SOCIAL DESDE EL MERCADO.
A menos de cinco meses de haber sido elegido premio Nobel de Economía 1992, el catedrático de Chicago Gary Becker estará el lunes 22 de marzo en Buenos Aires (más precisamente en los salones de la Fundación Banco Patricios) para desarrollar ante el auditorio argentino la tesis que le valió el galardón que otorga la academia sueca: detectar el pensamiento del hombre a partir de su bolsillo.
A los 61 años, el dilecto alumno de Milton Friedman, Theodore Schultz y Henry Gregg Lewis mostrará, en una región de fuertes transformaciones económicas como ésta, que el juego de la oferta y la demanda no se termina en el equilibrio entre la cantidad de bienes y servicios y la masa de dinero (como preconizaban sus antecesores), sino que se interna en las conductas sociales que forman los mercados.
Este economista nacido en Pensilvania desmistifica el viejo concepto de su propia escuela de Chicago: un incremento en la demanda de un producto no significa que tenga que corresponderse con más producción o precio, porque en algunas actividades sociales “lo que cuenta es lo que hacen los otros”.
Por ello es que a los restoranes abarrotados o a las marcas exitosas no les conviene subir el precio porque destruirían su contundente arma de marketing: la espera de mesas y la avidez por obtener un espacio dentro de la masificación.
Becker parte de lo micro para llegar a lo macro. En la cátedra internacional que dictará en el país sobre “los aportes de la economía en el estudio de la sociedad: una mirada sobre la economía y la sociedad argentina”, abordará desde la óptica de que “cualquier decisión está precedida por el cálculo económico de costo y beneficio”, cuestiones cruciales aún no estudiadas en la Argentina, como la inversión en capital humano, más específicamente la economía de la educación.