La presunción era que en Italia nada había más estable que el sistema político, aunque los gobiernos cambiaran con llamativa frecuencia. Cincuenta años de alianzas, acuerdos y extrañas maniobras para mantener alejado del poder al más poderoso partido comunista del mundo occidental habían dejado su impronta.
No en vano se inventó en Italia el gattopardismo, o la ilusión del cambio para que nada cambiara.
Partidos que se disputaban porciones del botín de guerra del Estado, financiación política por medios non sanctos, y una densa pero sutil trama de compromisos, obligaciones y favores que hablaba a las claras de una colosal corrupción que parecía intocable.
El gobierno del Primer Ministro Giuliano Amato comienza a ser comparado con el de Mihail Gorbachov en la ex URSS. Un decidido reformador pone en marcha un proceso que puede terminar tragándoselo, y haciendo desaparecer todo el andamiaje que sustentaba la práctica política.
La clase política italiana hizo oídos sordos a los ruidos subterráneos que preanunciaban el terremoto. En los últimos dos años los votantes habían apoyado en forma abrumadora una reforma política que terminara con la corrupción en las elecciones y en las prácticas de gobierno; dio su voto a partidos regionales como la Liga Lombarda en el norte y la Rete en el sur, para castigar a los partidos tradicionales. El clamor popular ante los excesos y la soberbia de la mafia, precipitó una campaña donde la justicia y las fuerzas de seguridad comienzan a obtener resultados.
Sin embargo el primer movimiento sísmico comenzó con un juez local que decidió investigar la denuncia de un pequeño empresario de Monza, Luca Magni, propietario de una empresa de servicios de limpieza -parece una metáfora apropiada-, que estaba harto de pagar coimas para mantener contratos en el sector público. La cadena de revelaciones entonces iniciada, las ramificaciones del proceso y el entusiasmo investigador de otros jueces ha llevado al procesamiento de centenares de dirigentes políticos (entre ellos, la cuarta parte de los integrantes de la Cámara de Diputados) y de docenas de encumbrados ejecutivos de empresas de primera y segunda línea.
¿Dónde y cuándo terminará este terremoto? Por lo que parece, con el colapso de la clase política italiana, su reemplazo por otra dirigencia y una reforma profunda de la función pública. Para el mundo de los negocios, en medio del fuego cruzado, se avecina una revalorización de prácticas y contenidos éticos. Lo más apasionante es en qué punto la ciudadanía italiana, que parecía aceptar la corrupción como un mal imposible de extirpar, decidió someterse a una catarsis liberadora.
En nuestro país la experiencia italiana tiene inmensa resonancia. Muchos observadores políticos cultivaron la analogía con el modelo peninsular y destacaron la creciente corrupción en la financiación de la actividad partidaria y en la práctica cotidiana de los negocios. Ahora queda en claro que de una manera casi casual, accidental, la opinión pública puede reemplazar la inercia y la tolerancia por una militancia reivindicadora. Si ello llegara a ocurrir, no serán solamente los políticos los que deban afrontar las consecuencias. Nuestra nota de portada de esta edición sobre la ética en los negocios adquiere así una notable vigencia.
A este paso, manos limpias y antecedentes transparentes serán los activos más valiosos que puedan exhibir los dirigentes políticos de cualquier partido. Para los empresarios, grandes, medianos o pequeños, la excusa de que aceptar ciertas prácticas era la única manera de hacer negocios o de no
perder terreno, será inaceptable. Una vez que la opinión pública se encoleriza no hay medias tintas o argumentos apaciguadores.
El desprestigio que puede surgir de aparecer involucrado de una u otra manera en casos de corrupción hará más daño a la imagen de una firma o a sus marcas que cualquier decisión empresarial desacertada.