Veredas intransitables, contaminación, desaparición de los espacios verdes, parquímetros voraces, cepos traicioneros, colas interminables, maltrato. Todos se han preguntado alguna vez, en medio del agobio de la ciudad: “¿A mí quién me defiende?”. Buenos Aires tiene un funcionario que hace justamente eso. Antonio Cartañá ocupa desde mayo de 1988 la Controladuría General Comunal, complicada denominación asignada a la oficina del ombudsman, el Defensor del Pueblo.
Este porteño nacido hace 54 años y criado en el barrio de Floresta, estudió derecho y se recibió de abogado y escribano. Ejerció ambas profesiones en forma independiente hasta que en diciembre de 1983 fue convocado para administrar el Instituto Municipal de Previsión Social.
Por entonces ya había crecido en él la preocupación por los temas sociales y políticos, vinculados fundamentalmente con la gestión de la ciudad, y también su interés por el rol de instituciones modernas como la del ombudsman.
Esta figura nació a mediados del siglo XVIII en Suecia, pero fue recién después de la Segunda Guerra Mundial cuando comenzó a adquirir difusión, gracias a una eficaz prédica doctrinaria, pero también al proceso de transformación que hizo que los medios tradicionales de defensa de los derechos individuales empezaran a resultar insuficientes.
“La burocracia -dice Cartañá- es en buena medida la razón de ser de nuestra institución, cuya misión es defender al público frente a los abusos del poder; controlar a la administración.” A la hora de señalar una característica dominante del aparato burocrático, el ombudsman no vacila en mencionar la irracionalidad, que parece ser la madre de unos cuantos males: la proliferación de reglamentaciones frondosas que se superponen sin sentido, la reticencia para emitir definiciones concretas y la corrupción económica y política.
En más de una ocasión, admite, le han preguntado acerca del parecido con la realidad del mítico personaje de la “empleada pública” creado por Antonio Gasalla, ante lo cual afirma que “si bien el personaje exhibe, en tono grotesco, muchas características reconocibles, no hay que olvidar que el monstruo burocrático se cobra víctimas en todos los espacios. También el empleado sufre los efectos perversos del sistema: cercenada su posibilidad de crear, de producir, es condenado a realizar una tarea rutinaria y estéril”.
Buena parte de sus primeros años de actividad debió concentrarse en el afianzamiento de la institución, absolutamente novedosa para los porteños. Poco a poco, éstos fueron enterándose y convenciéndose de que en la ciudad había un funcionario que -como dice el slogan de sus publicaciones- “está de su parte”.
“Nuestro objetivo es el control de la correcta actuación de los miembros del Ejecutivo comunal y la protección de los derechos e intereses legítimos y difusos de los habitantes de Buenos Aires”, sostiene Cartañá. El ombudsman no tiene poder sancionatorio propio; puede emitir recomendaciones, recurrir a la Justicia y denunciar ante la sociedad las situaciones planteadas.
Su relación con los porteños y sus entidades intermedias fue creciendo. Así se pudo constatar en su intervención en casos como el de la concesión del Jardín Zoológico, el irregular funcionamiento de los parquímetros, la discriminación y, en especial, la defensa del espacio público, los derechos del consumidor, y todo lo vinculado con el medio ambiente.
“Nuestra experiencia nos dice que el ombudsman es viable -manifiesta Cartañá-, en la medida en que los argentinos tomen el camino del esfuerzo inteligente y no el de la solución mágica para resolver los problemas comunes.” En abril del año próximo, el Concejo Deliberante deberá ratificar su mandato por otro período, o bien encontrarle un sucesor.