La cuestión planteada por la discriminación que padece Página/12, y que no ha sido desmentida por ninguna autoridad pública, contiene más de un aspecto para considerar. La dimensión moral del problema es, tal vez, la más obvia.
Sin embargo, la denuncia regular y sistemática de “escándalos políticos” que aparecen también como regulares y sistemáticos es un tema de estudio que ha preocupado, con relativa intensidad, a las ciencias sociales. Quizá sea conveniente saber por qué esa preocupación existe y asimismo por qué
esa preocupación es especialmente importante para la vida de las democracias constitucionales. O, si se prefiere decir con más exactitud técnica, las democracias liberales.
El tema no es nuevo, como no son nuevos la soberbia, el mal, la corrupción y los escándalos en sí mismos, políticos o no políticos. Durkheim los estudiaba a propósito de la patología social en orden a examinar mejor la normalidad social, y un escándalo político es, fuera de duda, un ejemplo de esa patología.
Para el famoso sociólogo, las transgresiones no son sólo normales en la vida de todos los días, sino necesarias para el reconocimiento de un orden social.
Uno de los grandes temas de las democracias liberales no es, entonces, la denuncia y aparición reiterada de los escándalos políticos, sino qué se hace con ellos, cómo se los trata.
El escándalo ayuda a crear chivos expiatorios y enemigos que en todo conflicto político existen. Pero mientras un escándalo desafía invariablemente las normas y los valores de una comunidad, el ritual público que pasa por la revelación, la discusión, la investigación y la penalización sirve para reforzar
la primacía de las normas y valores que la conciencia colectiva privilegia.
El transgresor hiere el interés público y viola la fe pública en las normas. Por eso, entre otras razones igualmente sustanciales para un régimen democrático, la independencia y la rectitud de los jueces son un dato revelador de la consistencia de la república.
El papel del “purificador”, del que pone en evidencia transgresiones que se transforman en escándalos políticos porque, entre otras cosas, atraviesan la línea entre lo público y lo privado, ha sido históricamente cumplido por profetas, partidos políticos, comités investigadores y más recientemente por la prensa los medios de comunicación.
Que el escándalo político se produzca, y que motive las investigaciones necesarias, no debe verse, pues, como un hecho negativo si los actores y las conductas son debidamente juzgadas. Más bien debe preocupar la alarma frente al escándalo sin que el debido proceso de investigación, penalización cuando corresponda, y restitución de los valores que la conciencia colectiva ve dañados, no se produzca o se presente como una vía bloqueada.
El fenómeno es expresivo de la salud o de las enfermedades del sistema. Es llamativo que la casi totalidad de los estudios dedicados a los escándalos políticos y sus consecuencias sostengan que el escándalo y la persecución de los responsables denunciados son propios de las democracias liberales.
En los regímenes autoritarios o totalitarios no hay “escándalos políticos”, entre otras causas, porque no hay libertad para denunciar los hechos que los producen ni justicia que penalice a los responsables.
Mientras la lógica del poder tiende a privatizar la conducta de los hombres públicos, al secreto -a veces en nombre de la “razón de Estado”- y la exclusión de los hacedores de opinión, la lógica del “debido proceso” está orientada hacia la publicidad de los actos como a la apertura de las vías de acceso de la opinión a la conducta de los protagonistas del poder y a la inclusión de la conciencia colectiva que de otra manera sería inclinada hacia el cinismo.