La futura ley de puertos es uno de los temas legislativos más enmarañados que puedan imaginarse. Hay varios proyectos en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Para hacer la madeja más grande y difícil de explicar y comprender, el Poder Ejecutivo también aportó su proyecto.
Obviamente es un tema en el que están afectados grandes intereses económicos, además de distintos criterios técnicos por la sofisticada evolución que, en los últimos 30 o 40 años, concurrieron a hacer puertos mejores, de operación más rápida, más económicos y capaces de responder al calado y a las nuevas técnicas de la navegación.
Los accesos terrestres y toda su complicada técnica para facilitar el embarque son otras de las preocupaciones que deben tener en cuenta los legisladores para sancionar un encuadramiento legal eficiente y realista.
Sin habilitación, el pivote sobre el que giran estos aspectos económicos y técnicos es un caso típicamente argentino. En el país hay un considerable número de puertos industriales privados que funcionan sin contar con habilitación formal.
Estos nuevos puertos comenzaron a ser construidos, con muy pocas excepciones, a partir de 1976, cuando no funcionaba el Congreso que, de acuerdo con la Constitución (artículo 67 inciso 9º), tiene entre sus facultades la habilitación de puertos.
MERCADO procuró precisar cuántos puertos se encuentran en tales circunstancias. Fue un intento fracasado. Ni los legisladores ni los funcionarios legislativos que tienen en sus manos el tema arriesgaron una cifra. Un cálculo aproximativo indicaría que son más de 30 puertos.
En el juego de intereses se mezclan la eventual privatización de ramales ferroviarios, las grandes exportaciones, problemas de seguridad nacional, así como posibles inversiones del exterior en la construcción de nuevos puertos privados.
Los Proyectos.
En los distintos proyectos presentados en la Cámara de Diputados intervinieron Victorio Bisciotti, radical de Buenos Aires; Dámaso Larraburu, justicialista de Buenos Aires; Gualberto Venecia, justicialista de Santa Fe; Diego Ibarbía, UCD de Buenos Aires; y otros diputados.
Las iniciativas fueron tratadas en las comisiones de Transporte y Obras Públicas, en las que se coordinaron criterios para logar un proyecto único que en la jerga legislativa se conoce como “Proyecto Bisciotti”.
Ignacio García Cuerva, UCD de Buenos Aires, estimó que de concretarse la iniciativa, sería la norma legal más importante aprobada por el Congreso en el actual período legislativo.
Los proyectos del Senado fueron presentados por Juan Trillia, radical de Capital; Juan R. Aguirre Lanari, liberal de Corrientes; José A. Romero Feris, autonomista de Corrientes, los que fueron acompañados con la firma de otros legisladores.
Fue girado a cinco comisiones del Senado las que, como en Diputados, coordinaron el proyecto único, identificado como “Proyecto Vaca”, por el senador Eduardo Vaca, justicialista de Capital, presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, que fue el organismo que piloteó el tratamiento del tema puertos. Por otra parte, esta comisión senatorial es la que
concentra todos los aspectos de la reforma del Estado en el Senado.
Proyecto al Cruce.
En la sesión del 28 de septiembre de 1990 el Senado aprobó en general el proyecto, pero postergó el tratamiento en particular indispensable para completar la media sanción.
Dos días después el Congreso entró en receso y durante la convocatoria a sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo remitió su propio proyecto sobre puertos, en la segunda quincena de diciembre. La iniciativa del P.E., en la que los legisladores señalan ciertas desprolijidades atribuibles al apresuramiento, habría tenido el decisivo impulso de Raúl Granillo Ocampo, entonces secretario legal y técnico de la Presidencia.
Acuerdos y Desacuerdos.
Los legisladores de ambas cámaras se han comprometido a tratar sus respectivos proyectos antes del 30 de setiembre, punto final del período ordinario de sesiones. Los senadores acordaron formalmente tratarlo el 18 de este mes.
La maraña de proyectos e intereses hace pensar que lo más posible es una postergación oportuna. Los legisladores entienden que las diferencias entre los distintos proyectos no son imposibles de consensuar.
La Comisión de Usuarios del Transporte, organismo privado que integran distintas entidades sectoriales, ha seguido atentamente la evolución de este trabajo legislativo, apoyando (con decisión) el proyecto del Poder Ejecutivo.
Tres son los aspectos de fricción:
– La habilitación formal y firme de los puertos privados que ya están funcionando.
– La forma en que se habilitarán los puertos de aquí en adelante (el P.E. propone que el
Congreso le delegue esa facultad).
– Si se introduce en la ley la figura jurídica de “servicio público” (aspecto que los empresarios ven como altamente condicionante ).