“¿Qué actividad podría reemplazar la minería en cordillera? El sector no compite con otras actividades”. Más que una pregunta constituyó un desafío lanzado desde el Gobierno de San Juan al cuestionamiento de Greenpace al proyecto Pascua-Lama, a la ofensiva de las comunidades de La Rioja contra explotaciones a cielo abierto y a la “mala prensa” nacional declarada.
Cuando en septiembre de 2011 se discutía en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de glaciares, la senadora sanjuanina, Marina Riofrío, ya había instalado la amenaza: “Acá no se está hablando de hielos, sino de prohibir la minería”.
La provincia que más creció desde 2004, duplicando inclusive a la “tasa china” nacional, radicalizó así, casi sin proponérselo, un debate muy sensible a la mitad de las jurisdicciones del país: minería sí o minería no.
La disyuntiva apareció 20 años después de sancionarse la ley de apertura a las inversiones mineras y de que se realizaran 18 proyectos de gran porte principalmente a cargo de 35 compañías globales canadienses, estadounidenses y australianas, entre los 614 emprendimientos de distinta envergadura que contabiliza la Secretaría de Minería. La actividad creció a escala nacional a una tasa de 35% anual.
Sin embargo, recién en los albores de 2012 la escalada ambientalista contra la minería alcanza su pico, con las movilizaciones populares en contra de la explotación a cielo abierto en las riojanas localidades de Famatina y Chilecito. Y en seguida, la estabilidad fiscal de 30 años consagrada por la ley fue puesta en tela de juicio por el gobernador de Santa Cruz, quien se montó en el tira y afloje sectorial con las comunidades para reclamar por la renta minera. Su aspiración, en todo caso, exteriorizaba lo que colegas de las otras provincias ricas en metales venían insinuando desde que la recaudación les mermó a partir de la caída de los precios internacionales de los commodities en 2011.
A los empresarios, esta ofensiva sobre las regalías les quemó el foco del casco. No solo porque coincidió con el retroceso de la cotización del oro, la plata, el cobre y el potasio (18, 26, 17 y 15%, respectivamente, con relación a 2010), sino por las implicaciones que abriría sobre las plausibles reglas de juego que atrajeran las inversiones de riesgo del sector.
Corrieron a golpearle la puerta al secretario de Minería, Jorge Mayoral, para que elevara a sus superiores la preocupación de las casas matrices. Que además les transmitiera que aún no habían terminado de digerir el cepo que el Gobierno les había impuesto para remitir utilidades al exterior, ni tampoco los dolores de cabeza de liquidar las divisas que entraban y los costos de las importaciones en un mercado cambiario de hecho desdoblado, cuando aterrizaba un alboroto provincial por las ganancias y el asedio de los ecologistas.
El ministro de Planificación, Julio de Vido, actuó con presteza: encerró a todos entre cuatro paredes, en una Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) de amplia mayoría kirchnerista. Y ahogó las demandas más apuradas por aumentar la tributación.
Ya puertas adentro instó a gobernadores y empresarios a adherir a los lineamientos vertidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Les recordó que es férrea defensora de la actividad minera y que se había comprometido a exigir a las empresas cuidado ambiental y reinversión de utilidades en las comunidades donde se instalan los emprendimientos”. Recomendó, eso sí, silencio.
El blindaje mediático que urdió el ministro amortiguó el cimbronazo de los tres mazazos consecutivos que recibió la rocosa región cuyana: uno, con la suspensión del proyecto de la brasileña Vale en Mendoza; dos, con la postergación por dos años de Pascua Lama en San Juan debido a una sanción impuesta a la Barrick Gold en la parte chilena del yacimiento, y tres, con la rescisión del contrato del gobernador riojano Beder Herrera a la canadiense Osisko Mining para explorar y explotar el oro en el cordón del Famatina.
De Vido premió la discreción dentro de OFEMI entregándoles a los conflictivos municipios jujeños Catua y Susques y al catamarqueño Nuestra Señora de Belén nuevos convenios para obras de infraestructura.
Y a las multinacionales mineras, el cancerbero de las divisas, Guillermo Moreno, les hizo liberar cupos de a US$ 1 millón diarios para enviar al exterior, todo un gesto ante los US$ 1.000 millones que en casi dos años habían acumulado en la ventanilla de las autorizaciones.
De no a ni
Hasta Greenpeace en la Argentina pareció haber aceptado esta suerte de tregua preelectoral. Su vocero Gustavo Stancanelli aseguró a Mercado que la influyente ONG no tiene una campaña contraria a toda la actividad minera en general, sino que en la actualidad “estamos trabajando en el caso de la reserva San Guillermo en San Juan, donde Barrick realiza minería a cielo abierto –el proyecto binacional Veladero, Pascua Lama–. Y nosotros planteamos que allí no se puede hacer tal actividad, porque es un lugar protegido por la Unesco, por ser la reserva de biosfera más importante de América latina, y porque de ese modo se afectan glaciares”.
La firma canadiense concurrió a la Casa Rosada para anunciar que se tomaba el tiempo para regularizar las obras en el área chilena, pero no por ese tema, sino por un conflicto que mantiene con la parte chilena del proyecto binacional que concita una inversión de $11.000 millones.
En todo caso, del lado argentino se aprovechó la demora para que Parques Nacionales vaya aplicando un plan de manejo de los recursos naturales. Un informe realizado por el Instituto Sustentable de la Universidad Católica de Cuyo (UCC) admite el impacto ambiental, pero subraya: “Fue analizada una mejoría en flora y fauna y quedó en claro que la reserva es un todo, con más de 800.000 hectáreas, pero hay una parte que es un área núcleo, de amortiguación, también tenida en cuenta para cada proyecto”.
Desarrollos regionales
Infructuosos fueron los intentos de Mercado por lograr una entrevista con el mandatario José Luis Gioja, lo mismo que con Lucía Corpacci, y mucho menos con el secretario de Minería, Jorge Mayoral.
El gobernador cuyano se diferencia de los colegas de OFEMI en que se vino absteniendo de entrar en la polémica por las regalías, aunque las incrementó en prácticamente un punto más sin alterar la estabilidad jurídica que rige por ley, al establecer que se toma el valor del mineral sin descuento de gastos.
Además, apeló a la implementación de los fondos fiduciarios, que surgen de un aporte obligatorio que las empresas efectivizan en forma directa a las intendencias o departamentos para desarrollo local y obras de infraestructura, en cumplimiento de la declaración de impacto ambiental que se firma al momento de obtener los permisos para iniciar la producción.
Esta “coparticipación concertada de entrecasa” es una de las claves del antes y el después del desarrollo minero en el crecimiento sanjuanino: a partir de 2004, el valor agregado minero alcanzó 20% de un PBI provincial cuya tasa creció al doble que la nacional, donde se creó infraestructura, se generaron empleos y hubo progreso regional.
Estos son algunos de los indicadores macro que exhibe:
• El desempleo disminuyó 36% y el ingreso per cápita repuntó 177%, es decir, a US$ 5.260 desde US$ 1.900.
• Las exportaciones aumentaron 12 veces, es decir, a US$ 2.500 millones desde US$ 211 millones.
• El sector manufacturero de la provincia creció a una tasa anual promedio de 13,5%, es decir, dos veces el promedio nacional.
Asimismo, a medida que se fortalecía la economía de San Juan, fueron bajando los porcentajes de pobreza y otros indicadores socioeconómicos, como la tasa de mortalidad infantil, que de 19,6 cada 1.000 nacimientos en el 2003 disminuyó a 11,0 en el 2010: 44%, que casi duplicó la caída en la tasa nacional en el mismo período.
Las tendencias positivas se reflejaron en la educación, en especial en el segmento de las escuelas primarias, donde por ejemplo el porcentaje de niños que sobrepasan la edad requerida cae 21% entre 2003 y 2009, en tanto el número de niños que debió repetir un grado baja de 8 a 4%.
“El crecimiento económico es a menudo un catalizador para mejoras en otras áreas críticas, como la educación. Si estas ganancias incrementales continúan después, con el tiempo se sustentan en forma autónoma. Se van a graduar más alumnos, seguirán estudios de educación superior y usarán su título para obtener trabajos altamente calificados en San Juan”, desgranan en las oficinas contiguas al mandatario.
Consultado por Mercado, Damián Altgelt, gerente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), le pone macronúmeros: “El valor agregado minero en la provincia creció 134%, el doble que el PBI nacional, del que ahora ocupa 20%. Entre 2004 y 2012, su participación se multiplicó por 11. Exportó en 2012 por 1.700 millones, que representan 76% de las ventas externas de la provincia. Y el aporte fiscal del sector entre 2012 y 2013 subió 5,5 veces”.
Mariano Lamothe, economista de abeceb.com, añade que del aporte total de $1.200 millones efectuado por la minería a las provincias en 2010, 93% se concentró en cuatro jurisdicciones: en primer lugar, Catamarca, con 49% ($615 millones), seguida por San Juan, con 22% ($280 millones), y finalmente Santa Cruz y la Universidad Nacional de Tucumán, con cerca de 11%.
Un camino largo que baja y se pierde
También Catamarca es la que obtiene el mayor valor agregado de sus recursos metalíferos: con $38 de cada 100, supera a San Juan, que tiene 26%, bastante más atrás viene Santa Cruz. Y sin embargo Catamarca no figura entre las provincias cordilleranas de mejor performance, ni sus indicadores sociales son los más halagüeños.
Por su elevada exposición a lo que depare la minería, su administración tambaleó cuando arreciaban las denuncias contra la explotación a cielo abierto y el uso de cianuro en el lavado de los metales.
En ese contexto recibió una de cal y una de arena de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI): por un lado salió al cruce de que las minas de oro que usan cianuro a cielo abierto contaminen ni produzcan enfermedades.
Pero donde el reporte pegó duro fue en el análisis social. Puntualiza que la actividad arrojó utilidades y regalías por más $1.500 millones al erario provincial, “inyección de recursos que fue mayormente dilapidada al no haber un programa coherente para al menos comenzar a revertir las estadísticas de la pobreza y el subdesarrollo”.
La radiografía socioeconómica dice: “87.000 chicos alimentándose en comedores escolares o infantiles, 20% de madres menores de 20 años, 25% de la población económicamente activa trabajando para el Estado, 30.000 familias que dependen de la asistencia social para poder alimentarse, 13,5 suicidios cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 8,5″. Denuncia que entre las causas de muerte que están por encima del promedio nacional, además de los suicidios se asentaron algunas afecciones del sistema respiratorio, los accidentes de tránsito, patologías infecciosas intestinales, afecciones crónicas del hígado y cirrosis y síndrome de dependencia del alcohol”.
El relevamiento que efectúa puntualmente en Amanaos “cierra el círculo de la ineficaz inversión de la renta minera que Catamarca tiene: la población se encuentra en Andalgalá, el municipio que mayores volúmenes de regalías mineras recibió desde que se inició la explotación del Yacimiento Bajo La Alumbrera”, sentencia.
La gobernadora Corpacci, frente a este panorama, había prometido cambiar la ley y “seguir avanzando en la mayor distribución de la riqueza de la actividad minera en la comunidad”, a la que situó en flagrante contradicción con la realidad que viven las provincias mineras, donde existen pueblos pobres en cuyos alrededores se excavan grandes cráteres de los cuales las empresas británicas y canadienses obtienen fabulosas ganancias.
Más vale tarde que nunca, Catamarca empezó a diversificar su producción con el “Plan Toro”, para poder mejorar la genética de la ganadería, y con ello vender y consumir también internamente carnes de mejor calidad sin tener que traerla de Córdoba, e inició el plan agroindustrial para el mosto, por el cual los productores de Tinogasta y de Fiambalá pudieron vender toda su producción y se les pagó de inmediato a un valor que casi triplicó lo que habían cobrado el año anterior. En Andalgalá, el Estado y la empresa minera comenzaron a comprar directamente el membrillo a los productores. Además, dentro del plan agroindustrial, se abrió una planta de procesamiento de nueces.
Desde la minera La Alumbrera, su director Julián Rooney explicó a Mercado que “a lo largo de últimos 15 años las empresas y las autoridades aprendimos a tener una relación franca, abierta, con las comunidades que rodean a los proyectos, a los efectos que tengan mayores posibilidades de información acerca de lo que va a ser el proyecto, lo conozcan y también tengan una percepción de los beneficios que va a dejar”.
En tal sentido, remarcó la necesidad de que existan planes para que esos beneficios económicos que les llegan a los Estados a través de impuestos se trasladen a las comunidades en forma de educación, salud y de aumentar las posibilidades de que las personas que los rodean se integren a los proyectos”.
Si bien admitió que las empresas mineras tienen que contribuir también a través de sus programas de responsabilidad social, resaltó que “en Catamarca la minería aporta 60/70% de la recaudación, y La Alumbrera es la principal fuente de ingresos”.
El complejo desarrolla programas de industrias alternativas y en el último año realizó un informe de sostenibilidad por 10 años, señaló, pero para aclarar que les toca a “las provincias aplicar los recursos con las capacidades técnicas que tienen como Estados a la alfabetización, la salud”.
Desde su puesta en marcha en Catamarca, en 1997, La Alumbrera lleva invertidos US$ 1.663 millones y su producción anual asciende a 120 millones de toneladas métricas. Es operada actualmente por el grupo minero diversificado Xstrata, que posee 50% de la inversión, mientras que las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold cuentan con 37,5% y 12,5%, respectivamente.
La renta en disputa
Según advierten los empresarios, la carga fiscal que pesa sobre la minería en la Argentina es elevada y por eso apenas capta 4% de las inversiones que llegan a América latina. Chile y Perú rondan el 20% cada uno.
Los impuestos que gravan la actividad son, principalmente, 35% en Ganancias y 5 y 10% de Derechos de Exportación, según sean productos finales o intermedios. Y como la parte del león va a parar a las arcas nacionales y se ven impedidas de aumentar sus regalías por el tope de 3% que establece la Ley de Inversiones Mineras, las provincias han avanzado en los últimos años por estas vías alternativas:
• Aportes directos por la vía fiscal –predominantemente compuestos por las regalías, y en menor medida por el impuesto a los ingresos brutos y los cánones mineros y de agua–.
• Más otros fondos constituidos por la distribución de utilidades a entes públicos y transferencias a fideicomisos.
• Las contribuciones no fiscales que realizan las empresas mineras al conjunto de las provincias han adquirido mayor relevancia que las fiscales: 56% del total en 2010.
El debate sobre si es mucho o poco lo que pagan las empresas en relación con las ganancias que obtienen, y si el Estado Nacional se lleva más del doble que lo que reciben las provincias, así como los amagues de las empresas de retirar inversiones si les modifican las reglas, trasciende apenas como una letanía de la veda previa a los comicios impuesta desde el Gobierno nacional.
Mientras tanto, en las minas, los camiones entran y salen, las administraciones liquidan los sueldos, la rutina transcurre normalmente. El gerente general de la CAEM, Damián Altgelt, lo pasa en limpio:
• Los yacimientos mineros que están en producción no modificaron los volúmenes extractivos si bien la rentabilidad económica es menor porque los precios internacionales vienen cayendo desde 2011 y los costos internos siguen en alza.
• Las inversiones para la explotación se mantienen normales en general, salvo en La Alumbrera, porque está en la parte final de su ciclo.
• Apenas se nota una actitud más cauta en los proyectos que están en exploración y construcción, como Agua Rica de Catamarca y el mega Pascua Lama de San Juan, que acaba de informar que se pondrá en marcha en 2016, dos años después de lo programado, pero no por una cuestión de precios, sino por la suspensión en el lado chileno ante cuestiones ambientales que obligan a la empresa a hacer una serie de inversiones que van a atrasar la entrada en producción.
Hasta después de octubre deberán esperar las definiciones sobre el equilibrio entre explotación y medio ambiente, las ganancias de las empresas, la remisión de las utilidades, el volumen de la renta sectorial, su derrame en el desarrollo socioeconómico de las provincias cordilleranas, los nuevos proyectos, o sea el cómo de la minería “que llegó para quedarse”, como garantizó el secretario Mayoral.
