El miércoles 19 de agosto, la estadística diaria del Departamento del Tesoro conocida como Debt to the Penny registró una cifra inédita: la deuda federal bruta de Estados Unidos superó los US$ 40 billones y llegó a US$ 40,047 billones.
De ese total, aproximadamente US$ 32,3 billones corresponden a deuda en manos del público —bancos, fondos de inversión, inversores particulares, instituciones y bancos centrales extranjeros— y unos US$ 7,8 billones son tenencias intragubernamentales, principalmente vinculadas con fondos fiduciarios federales.
El número impresiona. Pero la velocidad con la que se alcanzó dice probablemente más que el número mismo.
Estados Unidos había cruzado los US$ 39 billones en marzo. Necesitó apenas cinco meses para agregar otro billón. En enero de 2017, cuando Donald Trump asumió por primera vez la presidencia, la deuda federal era de aproximadamente US$ 19,95 billones. En menos de una década se duplicó.
El hito de los US$ 40 billones llega, además, en un momento particularmente incómodo: el déficit fiscal sigue cerca de los US$ 2 billones anuales, los intereses consumen una proporción creciente del presupuesto y los inversores están exigiendo las mayores tasas de largo plazo desde antes de la crisis financiera de 2008.
Las grietas fiscales
No existe una única causa detrás del deterioro. Hay factores coyunturales y otros que llevan décadas acumulándose.
Uno de ellos es la reforma fiscal aprobada en 2025. La Congressional Budget Office estima que la ley de reconciliación de ese año elevará los déficits acumulados en aproximadamente US$ 4,7 billones entre 2026 y 2035 respecto de su escenario anterior, una vez considerados sus efectos económicos y financieros.
Es una diferencia importante: no significa que la ley genere US$ 4 billones adicionales de déficit cada año, sino que agrega varios billones al desequilibrio acumulado durante la próxima década.
A eso se sumó este año un golpe inesperado sobre los ingresos. En febrero, la Corte Suprema invalidó buena parte de los aranceles que la administración Trump había impuesto utilizando poderes de emergencia. Para comienzos de agosto, el Gobierno ya había devuelto alrededor de US$ 100.000 millones de los gravámenes cobrados.
El tercer elemento es la guerra con Irán. En julio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó al Congreso que el costo militar acumulado rondaba los US$ 37.500 millones. A ese gasto se agrega la necesidad de reconstruir inventarios de municiones y sistemas utilizados durante el conflicto.
El cuarto factor es más antiguo y probablemente más difícil de modificar: el envejecimiento de la población. Social Security y Medicare aumentan automáticamente el gasto a medida que crece la población jubilada, independientemente del ciclo político.
El resultado es un déficit que la CBO proyecta en aproximadamente US$ 1,9 billones para el ejercicio fiscal 2026.
El verdadero termómetro está en los bonos
Una deuda de US$ 40 billones es una cifra fiscal. Lo que la convirtió en un problema inmediato para los mercados fue el precio al que Estados Unidos puede financiarla.
El rendimiento del Treasury a 30 años llegó esta semana a 5,33%, un máximo que no se observaba desde 2007. El bono a diez años se movió alrededor de 4,7%.
No son tasas estadounidenses en un sentido exclusivamente doméstico. Los Treasuries constituyen la referencia sobre la que se construye buena parte de la estructura de precios del sistema financiero internacional.
Cuando aumenta su rendimiento, sube el piso contra el cual se comparan bonos corporativos, hipotecas, deuda emergente y prácticamente cualquier activo financiero denominado en dólares.
El efecto ya se siente dentro de Estados Unidos. La hipoteca fija a 30 años promedió 6,65% el 20 de agosto, según Freddie Mac.
Y el Tesoro reaccionó.
El 19 de agosto anunció que desde el 9 de septiembre elevará de un máximo de US$ 2.000 millones a por lo menos US$ 4.000 millones por operación sus recompras destinadas a sostener la liquidez en los segmentos nominales de diez a treinta años.
La precisión es relevante. El Tesoro no está ejecutando un programa de quantitative easing ni fijando un precio para los bonos. Formalmente se trata de operaciones destinadas a mejorar la liquidez de títulos menos negociados.
Pero el momento elegido para ampliarlas difícilmente pase inadvertido.
Los rendimientos largos habían alcanzado máximos de casi dos décadas y la discusión fiscal volvía a dominar las mesas de inversión.
El alivio, además, fue limitado. El rendimiento del bono a 30 años volvió a ubicarse por encima de 5,2% el jueves 20. El problema de liquidez puede atenderse con recompras. La trayectoria fiscal requiere otra respuesta.
No son lo mismo 40 billones que 100% del PIB
La cifra absoluta tampoco permite por sí sola determinar si una deuda es sostenible.
Para eso importa su relación con el tamaño de la economía y, sobre todo, cuánto de esa deuda debe refinanciarse efectivamente en el mercado.
En Estados Unidos conviven dos números que suelen mezclarse.
Uno es la deuda federal bruta, que incluye las obligaciones que distintas áreas del propio Gobierno mantienen entre sí y se encuentra alrededor del 125% del PIB.
El otro es la deuda en manos del público, que excluye esas tenencias intragubernamentales y supera el 100% del producto.
La diferencia no es menor.
Países como Japón tienen relaciones deuda/PIB todavía superiores. Italia también presenta una carga mayor respecto de su economía. La singularidad estadounidense está en otra parte: combina una deuda muy elevada, déficits estructurales persistentes y un mercado de bonos que funciona como columna vertebral del sistema financiero mundial.
Eso convierte cualquier modificación de la percepción de riesgo estadounidense en un fenómeno global.
Y Estados Unidos no está solo.
El Fiscal Monitor del FMI publicado en abril calculó que la deuda pública mundial cerró 2025 apenas por debajo del 94% del PIB y proyectó que llegará al 100% en 2029, un año antes de lo previsto anteriormente.
La crisis fiscal, por lo tanto, no es exclusivamente estadounidense. Pero Estados Unidos ocupa un lugar que ningún otro deudor ocupa.
Emite la moneda de reserva global y sus bonos constituyen el activo utilizado como referencia libre de riesgo.
La aritmética del interés
Ahí aparece el problema más difícil.
Estados Unidos ya destina más de US$ 1 billón anual al pago neto de intereses. El servicio de la deuda se convirtió en una de las mayores partidas del presupuesto federal y su crecimiento es uno de los principales motores del deterioro proyectado por la CBO.
El mecanismo puede transformarse en un círculo incómodo.
Más deuda obliga a emitir más títulos. Si el mercado exige rendimientos mayores, las nuevas emisiones y las refinanciaciones elevan gradualmente el costo promedio del stock. Eso incrementa el gasto en intereses y, si no existe un ajuste equivalente de ingresos o gastos, obliga a emitir todavía más deuda.
El tamaño de la economía estadounidense permite absorber ese proceso durante mucho tiempo.
La pregunta es a qué precio.
Porque el costo no queda encerrado en Washington. Una tasa libre de riesgo más alta termina trasladándose al crédito hipotecario, al financiamiento automotor, a los préstamos corporativos y a la valuación de activos en todo el mundo.
La inflación volvió a complicar la ecuación
La guerra en Medio Oriente agregó otra variable.
El cierre y las disrupciones alrededor del estrecho de Ormuz impulsaron los precios energéticos y dificultaron el proceso de desinflación que parecía encaminado a comienzos del año.
En Estados Unidos, la inflación interanual fue de 3,4% en julio. La inflación subyacente se ubicó en 2,5%, mientras que la energía acumuló un aumento interanual de 14,7%.
En la eurozona ocurrió algo parecido. La inflación anual pasó de 2,8% en junio a 2,9% en julio, y el componente energético avanzó 10,3% interanual.
La combinación es especialmente problemática para los mercados de deuda: déficit fiscal elevado, mayor oferta de bonos y una inflación que dificulta una reducción rápida de las tasas de interés.
Qué mira la Argentina desde acá
Para la Argentina, la discusión está lejos de ser académica.
La tasa de los Treasuries constituye el punto de partida sobre el que el mercado calcula el rendimiento exigido a la deuda soberana argentina.
En mayo, el riesgo país había llegado a perforar los 403 puntos básicos, el menor nivel en más de ocho años. El jueves 20 de agosto alcanzó aproximadamente 532 puntos y el viernes retrocedió hasta la zona de 505 puntos.
Los bonos soberanos argentinos en dólares acumulan durante agosto una caída promedio superior al 4%.
Parte de ese deterioro tiene una explicación internacional. Si sube la tasa libre de riesgo, los bonos de los mercados emergentes deben ofrecer un rendimiento mayor para conservar su atractivo.
Pero no todo es externo.
A la suba de los Treasuries se suman factores locales: el horizonte electoral de 2027, la evolución de las compras de reservas del Banco Central, las tasas domésticas y las dudas del mercado acerca de la capacidad de la economía para sostener simultáneamente estabilidad cambiaria, acumulación de reservas y crecimiento.
Argentina vuelve así a exhibir una característica conocida: sus activos tienen un beta elevado frente al riesgo global. Cuando las condiciones financieras internacionales empeoran, el movimiento suele amplificarse.
La paradoja fiscal
Hay, sin embargo, una diferencia que merece atención.
Mientras Washington intenta financiar un déficit que la CBO calcula en US$ 1,9 billones para este ejercicio fiscal, la Argentina mantiene superávit.
En julio, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $2,96 billones y un superávit financiero de casi $245.000 millones. En los primeros siete meses del año, el resultado primario acumulado se ubicó alrededor de 0,9% del PIB y el financiero cerca de 0,1%.
La comparación no convierte a la Argentina en un deudor más seguro que Estados Unidos. Sería absurdo: la profundidad de los mercados, la calidad institucional, la moneda de emisión y el historial crediticio son completamente diferentes.
Pero la paradoja es ilustrativa.
El país que emite la principal moneda de reserva del mundo sostiene un déficit cercano a US$ 2 billones y debe colocar deuda para financiarlo. El país que durante años estuvo prácticamente excluido del crédito internacional mantiene un fuerte ajuste fiscal precisamente para intentar recuperar ese acceso.
El riesgo que no cotiza
La verdadera discusión, entonces, empieza después de los US$ 40 billones.
El mercado de Treasuries funciona como colateral del sistema financiero global. Sus rendimientos ayudan a determinar tasas de descuento, márgenes, valuaciones y primas de riesgo en prácticamente todos los mercados.
Que el Tesoro haya decidido duplicar sus recompras de títulos largos no significa que Estados Unidos haya perdido el control de su mercado de deuda. Las recompras forman parte de una herramienta de gestión de liquidez que el organismo ya utilizaba.
Pero que haya considerado necesario ampliarlas justo cuando los rendimientos alcanzaban máximos de casi veinte años es una señal que los inversores no pueden ignorar.
La cuestión no es si Estados Unidos puede pagar nominalmente una deuda denominada en la moneda que él mismo emite.
La cuestión es qué rendimiento exigirán los inversores para seguir financiándola sin que el costo de los intereses termine agravando el desequilibrio que pretende financiar.
Las salidas conocidas son pocas: reducir estructuralmente el déficit, conseguir que la economía crezca durante un período prolongado por encima del costo real de la deuda o permitir que una inflación más elevada erosione parte de su valor real.
La administración Trump apuesta explícitamente por la segunda alternativa: crecimiento, desregulación, energía e inteligencia artificial como motores de una expansión capaz de mejorar la relación entre deuda y producto.
El mercado todavía no parece dispuesto a aceptar esa hipótesis sin cobrar una prima.
El rendimiento del Treasury a 30 años, que esta semana llegó a 5,33%, es probablemente la señal más clara.
Estados Unidos tardó más de dos siglos en acumular su primer billón de dólares de deuda y apenas cinco meses en pasar de 39 a 40 billones.
El número redondo es apenas un hito estadístico. Lo verdaderamente importante es que, por primera vez en mucho tiempo, el precio de financiar esa trayectoria empezó a convertirse en parte central de la discusión.
