En la discusión pública argentina, el resultado fiscal dejó de ser un instrumento para convertirse en una bandera. Se discute cuánto superávit conviene alcanzar. Se discute mucho menos para qué sirve. La diferencia no es académica: determina qué partidas se recortan, cuándo se hace y con qué consecuencias sobre la economía.
Un Estado no persigue el superávit como un fin en sí mismo. Persigue la solvencia: la capacidad de financiar sus funciones de manera sostenible, sin recurrir al incumplimiento de la deuda, al impuesto inflacionario o a ajustes abruptos. El resultado fiscal constituye uno de los instrumentos para lograr ese objetivo. Confundirlo con el objetivo equivale a fijar como meta la tasa de interés y perder de vista la inflación.
El número correcto no es fijo
El resultado primario que estabiliza la deuda depende de tres variables: el stock de deuda, la tasa de interés que paga el Estado y el crecimiento nominal de la economía. Cuando el crecimiento supera al costo del financiamiento, un país puede sostener un déficit primario permanente y, aun así, reducir la relación entre deuda y producto. Cuando ocurre lo contrario y la deuda es elevada, incluso el equilibrio puede resultar insuficiente.
El Monitor Fiscal del FMI de abril ofrece ejemplos elocuentes. Grecia cerró 2025 con un superávit primario equivalente al 4,4% del producto y redujo su deuda desde 209,9% del PBI en 2020 hasta 145,7%. Italia registró un superávit primario de 0,5%, pero su deuda aumentó hasta 137,1% del producto y el Fondo proyecta que continuará creciendo hasta 2027. Japón, en cambio, mantuvo un déficit primario de 0,9% y redujo su deuda de 214,5% a 206,5% del PBI. Los tres casos muestran que el signo del resultado primario, por sí solo, no determina la trayectoria de la deuda pública.
Lo que el número no dice
Considerar el resultado fiscal como un objetivo en sí mismo tiene, al menos, tres costos.
En primer lugar, la composición del ajuste. Reducir la inversión pública y reducir el gasto corriente producen el mismo efecto sobre el resultado fiscal, pero generan consecuencias muy distintas sobre el crecimiento potencial y, por esa vía, sobre la dinámica futura de la deuda.
En segundo lugar, el ciclo económico. Los estabilizadores automáticos existen precisamente para permitir que el déficit aumente durante una recesión y se reduzca durante la expansión. Una meta rígida puede neutralizar ese mecanismo y profundizar la caída de la actividad.
En tercer lugar, la contabilidad. El resultado depende de qué partidas se incluyen en cada medición. Kuwait registró en 2025 un superávit financiero equivalente al 28,4% del producto y, al mismo tiempo, un déficit primario de 2,3%, porque percibe más ingresos por intereses de los que paga. Egipto mostró la situación inversa: un superávit primario de 3,3% y un déficit financiero de 6,6%, debido a que destina cerca de diez puntos del producto al pago de intereses.
Argentina cerró 2025 con un superávit primario de 0,9% del PBI y un déficit financiero de 0,4%. Para 2026, el Fondo Monetario Internacional proyecta un superávit financiero de 0,5%. El propio organismo incorpora, sin embargo, una aclaración metodológica relevante: el cálculo de intereses excluye los pagos correspondientes a bonos cupón cero emitidos antes de diciembre de 2025, que se registran por debajo de la línea. Esa precisión adquiere especial importancia cuando el debate se concentra exclusivamente en el resultado.
Existe, además, un argumento que no conviene omitir. En economías con una larga historia de déficits financiados con emisión monetaria y acceso restringido al crédito, el equilibrio fiscal cumple una función que trasciende las cuentas públicas. Actúa como ancla de expectativas para la política monetaria y cambiaria. La experiencia argentina ofrece numerosos ejemplos de ese mecanismo. El desafío consiste en preservar esa disciplina sin convertir un resultado contable en un objetivo inmune al ciclo económico.
Reglas, no metas
La respuesta institucional a este problema no es nueva. Chile adoptó una regla de balance estructural que ajusta el resultado fiscal por el ciclo económico y por el precio del cobre. Suiza aplica un freno al endeudamiento que vincula el gasto con los ingresos de tendencia. Alemania reformó su mecanismo en marzo de 2025 para ampliar el margen destinado a infraestructura y defensa. Ninguno de estos esquemas fija un número anual de superávit. Todos buscan anclar la trayectoria fiscal de largo plazo y permitir que cada ejercicio absorba las fluctuaciones del ciclo.
Argentina también intentó construir ese tipo de institucionalidad. La ley 25.152, sancionada en 1999, estableció una trayectoria descendente del déficit y creó un Fondo Anticíclico Fiscal. La ley 25.917, de 2004, instituyó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Ambas terminaron incumplidas, suspendidas o modificadas. El problema no fue la ausencia de metas, sino la falta de reglas capaces de sobrevivir a los cambios del ciclo político.
La discusión, por lo tanto, no debería centrarse en abandonar el equilibrio fiscal, sino en institucionalizarlo. Eso exige una regla de resultado estructural que ajuste las cuentas por el ciclo económico y por los términos del intercambio, un piso de inversión pública protegido como componente del crecimiento de largo plazo y un consejo fiscal independiente encargado de auditar las cifras y publicar sus supuestos.
Sin instituciones que definan cómo debe administrarse el ciclo fiscal, el debate seguirá concentrado en un número anual. La experiencia internacional muestra que la sostenibilidad de las cuentas públicas depende menos del tamaño del superávit de un año que de la credibilidad de las reglas que permiten sostenerlo a lo largo del tiempo.
