El Gobierno declaró de interés público una iniciativa privada para la renovación integral y ampliación de la Terminal de Ómnibus de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires. La medida habilita el llamado a licitación bajo un esquema de concesión con financiamiento 100% privado y prevé una inversión estimada de US$ 79 millones.
La propuesta fue presentada por un consorcio de empresas con el objetivo de transformar la terminal en un hub intermodal. El plan plantea integrar el transporte de media y larga distancia con la red de trenes, subtes, colectivos y nuevas formas de movilidad urbana, además de mejorar el funcionamiento general del complejo y la experiencia de los usuarios.
El proyecto es impulsado por una Unión Transitoria (UT) conformada por Inverlat Investment S.A., Service Trade S.A., Inversiones Peirod S.A. y BV Investments S.A. La inversión se destina a renovación edilicia, incorporación de tecnología, mejoras de circulaciones y desarrollo de nuevos servicios.
En términos urbanísticos, la normativa vigente permite ampliar la capacidad constructiva del predio de aproximadamente 30.000 m² actuales a cerca de 90.000 m². El programa arquitectónico prevé una superficie cubierta total de 89.112 m², con 17.931 m² de locales comerciales y gastronómicos; 28.919 m² destinados a logística y encomiendas; 13.365 m² de áreas VIP y coworking; 8.213 m² de oficinas; 8.543 m² de hotelería; y 1.878 m² de centro de convenciones. También contempla 11.250 m² de espacio público y plaza seca, además de 390 cocheras.
La terminal actual cuenta con una superficie comercial estimada de entre 6.000 y 8.000 m², mientras que el proyecto propone ampliarla a casi 18.000 m². En operación, el esquema incluye 80 dársenas para buses y 50 dársenas para encomiendas, junto con la reorganización funcional del edificio existente y la incorporación de nuevos niveles destinados a oficinas, coworking, hotel y centro de convenciones.
En actividad, la terminal recibe unos 14,6 millones de pasajeros anuales, con un estimado de 40.000 pasajeros diarios y 360.000 servicios de buses por año. Con la modernización, se proyecta un escenario que podría alcanzar hasta 35 millones de pasajeros hacia 2055.
La ejecución se plantea en cinco etapas progresivas y un plazo total de cinco años, con un criterio de “etapabilidad” para mantener la operatividad. “Nunca se intervendrá más del 30% de los andenes simultáneamente”, y “las tareas de mayor interferencia se programarán en horarios nocturnos o de baja demanda”. En la primera fase se prevén mejoras en la circulación de ómnibus y vialidad para agilizar ingresos y egresos, además de la readecuación interior de espacios operativos, áreas de atención al público y el sector de encomiendas.
En el plano laboral, se estima la generación de entre 800 y 1.500 puestos de trabajo durante la etapa de obra y más de 1.500 empleos directos e indirectos una vez que el complejo esté plenamente operativo. En finanzas, el proyecto contempla un plazo de concesión solicitado de 30 años y un canon mensual estimado de $100 millones, con un modelo económico basado en ingresos por explotación comercial de locales, estacionamiento, hotel, espacios logísticos y canon a empresas de transporte.
