A tres meses de la reforma de la Ley de Glaciares, Greenpeace presentó un balance de las acciones judiciales iniciadas para frenar sus efectos y sostuvo que el conflicto permanece abierto a la espera de definiciones en tribunales federales. La organización vinculó la discusión legal con el avance de proyectos mineros sobre áreas protegidas y con la posibilidad de que se modifiquen criterios de resguardo sobre glaciares y ambiente periglacial.
En ese marco, la vigencia de la Ley 27.804 derivó en la presentación de amparos y medidas cautelares. El planteo central apunta a suspender los efectos de la reforma en todo el territorio nacional y mantener vigente la anterior Ley 26.639, mientras se resuelve el fondo de la cuestión en la Justicia.
Además, una campaña iniciada por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas al día siguiente de la aprobación de la reforma reunió aproximadamente 850.000 firmas de todo el país en menos de dos semanas. La demanda colectiva se presentó el 5 de mayo y sumó adhesiones de Marta Maffei, mencionada como autora de la ley original, junto con organizaciones territoriales como la Asamblea Jáchal no se Toca y la Asamblea Popular por el Agua, y entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La modificación cuestionada fue aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de abril y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de abril mediante el Decreto 271/2026. Sobre el alcance del cambio normativo, Agostina Rossi Serra, licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, afirmó: “La ley original protegía de manera amplia y preventiva a todos los glaciares y al ambiente periglacial”.
El eje operativo del reclamo se intensificó tras la incorporación, el 16 de junio, del proyecto minero de cobre, oro y plata Vicuña, en San Juan, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Impulsado por BHP y Lundin, el proyecto prevé un tajo a cielo abierto de 259 hectáreas dentro de un área que alberga al glaciar de escombros GE110, incluido en el Inventario Nacional de Glaciares.
Greenpeace señaló que en febrero documentó mediante un sobrevuelo intervenciones visibles de la minería en zonas que estaban protegidas por la ley original. Ante el riesgo de que la provincia de San Juan o el IANIGLA utilicen nuevas facultades para retirar al GE110 del Inventario y avanzar con operaciones bajo beneficios del RIGI, las organizaciones interpusieron una segunda medida cautelar específica el 23 de junio.
“La Justicia tiene que resolver con urgencia las causas en trámite”, dijo Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
