La expansión de la inteligencia artificial, el streaming y los servicios en la nube volvió a instalar una discusión que excede el uso cotidiano de aplicaciones: la infraestructura que sostiene la digitalización y su impacto sobre recursos como la electricidad, el agua y los materiales. En el marco del Día Internacional de la Tierra, el Centro de Desarrollo Sustentable GEO, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentó un análisis sobre ese “costo invisible” y sobre las condiciones necesarias para que la tecnología también funcione como herramienta de sostenibilidad.
El punto de partida del informe es el consumo energético asociado a la economía digital. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), los centros de datos y las redes de transmisión representan entre el 1% y el 1,5% del consumo eléctrico global, con una demanda en crecimiento sostenido. La cifra permite dimensionar la escala de una infraestructura que suele quedar fuera del debate público, pese a su relevancia para el funcionamiento de plataformas, servicios de almacenamiento y procesamiento intensivo de datos.
El análisis también subraya que el desarrollo tecnológico requiere una base material que combina energía, agua y materiales. En esa dimensión aparecen los sistemas de refrigeración de los centros de datos, la extracción de minerales críticos y la generación de residuos electrónicos, que ya superan los 60 millones de toneladas anuales. El enfoque desplaza la atención desde el uso final de los servicios digitales hacia el impacto acumulado de la cadena que los hace posibles.
Aun con esos costos, el documento plantea que las tecnologías digitales pueden aportar soluciones ambientales si se implementan con criterios adecuados. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destaca su potencial para optimizar el uso de recursos, reducir emisiones y mejorar la toma de decisiones en políticas públicas.
En esa línea, Marcelo Corti, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO, afirmó: “El desafío no pasa por desacelerar la innovación, sino por orientarla”. Y agregó: “Necesitamos que la transformación digital incorpore criterios de sostenibilidad desde el diseño y que esté acompañada por políticas que aseguren acceso equitativo”.
La dimensión social aparece como un eje inseparable del debate. Actualmente, cerca de 2.600 millones de personas —casi un tercio de la población mundial— no tienen acceso a internet. Esa brecha limita oportunidades de educación, empleo y acceso a servicios, y tiende a profundizar desigualdades estructurales. En contextos de mayor vulnerabilidad, la falta de conectividad, infraestructura y alfabetización digital restringe el desarrollo individual y colectivo, con impacto en economías locales y territorios periféricos.
Frente a este escenario, el planteo de una digitalización sostenible combina eficiencia tecnológica con criterios ambientales, sociales y económicos. Organizaciones como CIPPEC señalan la necesidad de políticas públicas activas, inversiones en infraestructura eficiente y estrategias orientadas a reducir las brechas de acceso.
En Argentina, el tema comienza a ganar relevancia en paralelo al crecimiento de los servicios digitales, con el foco puesto en acompañar la expansión con energías renovables, modelos de infraestructura más eficientes y políticas que promuevan inclusión y sostenibilidad en el tiempo.
