Seguimos normalizando lo inaceptable. Como sociedad, parecemos haber ingresado en una fase de letargo donde dejamos pasar, casi con resignación o indiferencia, acciones del poder político que conllevan consecuencias nefastas para nuestras instituciones. La reciente intervención del presidente Javier Milei en las escuelas ORT es otro síntoma alarmante de esta época. Su presentación, bajo el rimbombante título de “Ética como política de Estado”, nos obliga a encender las alertas.
Su aparición en un ámbito escolar constituye una puesta en escena donde el contrato pedagógico y el rigor didáctico quedaron sepultados bajo la implacable lógica de la comunicación y el marketing político. El espacio escolar, sagrado en su propósito de formar ciudadanos libres, fue utilizado -no es la primera vez ni en este como en otros gobiernos- como un mero decorado para la legitimación de un gobierno. Analizar este tipo de intervenciones desde la teoría pedagógica y la didáctica no es sólo un ejercicio académico: es una necesidad cívica. Nos permite desmenuzar las graves distorsiones que ocurren cuando el poder político irrumpe en el aula sin ninguna mediación escolar. Y esto, sin importar el color partidario de quien gobierne, debe preocuparnos siempre.
La dimensión antipedagógica de este evento no reside únicamente en las formas retóricas, a menudo disruptivas, del actuall primer mandatario. El daño es mucho más profundo: radica en la anulación de los fines formativos de la institución escolar. Este vaciamiento pedagógico se asienta en tres elementos fundamentales que fueron deliberadamente vulnerados.
En primer lugar, debemos recordar que la relación pedagógica se sustenta en lo que el pedagogo francés Philippe Meirieu denomina la “asimetría justa”: quien enseña se ubica en una posición asimétrica respecto al alumno, pero lo hace amparado en la responsabilidad del cuidado, la autoridad del conocimiento y el objetivo emancipador de que el estudiante, eventualmente, lo supere. En el acto oficial de la ORT, esa “asimetría justa” fue dinamitada. En su lugar, presenciamos una exhibición casi pornográfica del poder político de turno, donde los alumnos quedaron despojados de su condición de sujetos de aprendizaje para ser reducidos a una simple “comparsa”, a un público cautivo.
En segundo lugar, la escuela es por definición, el espacio privilegiado para desarrollar el juicio crítico. La filósofa Hannah Arendt, en su célebre ensayo La crisis en la educación, advierte que la escuela es la institución que se interpone entre el mundo privado del hogar y el mundo político y público, y que su función es introducir a los jóvenes al mundo protegiéndolos de las presiones políticas inmediatas. En este evento, se quebró de manera flagrante la neutralidad formativa que exige el espacio escolar. Convertir un salón de actos en un escenario proselitista vulnera el derecho inalienable de los alumnos a recibir una educación libre de cualquier tipo de presión ideológica unilateral.
El tercer elemento de esta dimensión antipedagógica es, quizás, el más doloroso para la comunidad educativa: el pedido explícito —y lamentablemente confirmado— de reducir al mínimo la presencia de los docentes durante la intervención presidencial. El educador no es un mero vigilante; su presencia garantiza la función mediatizadora de la escuela. La institución, a través de sus maestros y profesores, protege, encuadra y acompaña las interacciones en el aula. Prescindir de los educadores vulnera de lleno la responsabilidad de cuidado y resguardo pedagógico. Se dejó a los estudiantes huérfanos de sus referentes naturales, expuestos sin filtros a un discurso del poder de turno.
Pero el análisis quedaría incompleto si no abordamos la dimensión profundamente antididáctica del episodio. La didáctica, como disciplina, estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, y las complejas mediaciones necesarias para transformar el “saber sabio” en un “saber enseñado”. Lo que ocurrió con la exposición del presidente carece, de principio a fin, del más mínimo criterio didáctico.
Para empezar, debemos preguntarnos sobre la naturaleza del saber que circuló en ese espacio: ¿fue presentado como dogma o como una construcción sujeta a revisión? En un aula real, presentar conceptos sobre política, ética, economía, el que sea, implica abrirlos al debate, ponerlos a prueba, invitar al alumnado a cuestionarlos. Sin embargo, el discurso presidencial se estructuró como un monólogo doctrinario cerrado sobre sí mismo. Esta dinámica evoca a la “educación bancaria” freireana, donde el educador (en este caso, un político) asume que posee el monopolio absoluto del saber y se limita a “depositarlo” en la mente pasiva de los estudiantes. Al anular el cuestionamiento, el trabajo reflexivo y la confrontación de hipótesis, se anula el aprendizaje mismo.
A esto se suma la total ausencia de lo que el teórico Yves Chevallard definió como “transposición didáctica”. Este concepto explica el arduo proceso por el cual un contenido de conocimiento científico, académico o político se modifica, recorta, adapta para hacerlo comprensible y apto para ser enseñado a un grupo específico de estudiantes, considerando su edad, contexto y saberes previos. En la intervención de Milei, no hubo adecuación al sujeto. Se trató de un discurso trasplantado, crudo, sin el andamiaje necesario que todo docente construye antes de pararse frente a sus alumnos.
Consecuentemente, la intervención funcionó como un evento insular. Fue un satélite desconectado del proyecto de la escuela, de esa, de cualquiera y desprovisto de toda planificación o secuencia didáctica previa o posterior. Esto ocurre porque la irrupción política responde a un reloj ajeno a la escuela. Responde al tiempo vertiginoso de la agenda mediática, a las necesidades de la comunicación de crisis de un gobierno y a la búsqueda del impacto en redes sociales. Se ignora por completo el tiempo del aprendizaje escolar, que requiere la pausa, la recurrencia, la maduración y una secuencia pedagógica cuidadosamente hilvanada.
Frente a este escenario, resulta imperioso hacer un ejercicio de introspección colectiva. Entiendo la voracidad comunicacional del presidente, su desajuste con las formas republicanas, su obsesión por librar colosales “batallas culturales”. Esa es su naturaleza. No es la naturaleza de la escuela. Pero lo que resulta más imperdonable es cierta actitud de una parte de nosotros: los adultos, los ciudadanos. “Dejar pasar”, no condenar los intentos de colonización de las aulas con liturgia del partido gobernante, ayer, hoy y siempre, que nos vuelve cómplices de los demoledores daños que derivan de este accionar. Porque defender la autonomía del aula y la libertad de pensamiento no es un capricho: es el imperativo ético que, desde 1983, sostiene toda la arquitectura de nuestra Democracia.
