La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó el primero de una serie de informes sobre el Proyecto de Presupuesto 2027, con el objetivo de analizarlo a lo largo de su debate legislativo. El documento identifica “cambios de reglas, discrecionalidad y el impacto en derechos fundamentales” en distintos capítulos del texto.
Uno de los puntos señalados como críticos es el artículo 17, que busca eliminar la fórmula de movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares. El informe sostiene que, al no proponer un mecanismo sustituto ni una periodicidad obligatoria, la actualización de esos ingresos pasaría a depender de decisiones del Poder Ejecutivo.
Para fundamentar el riesgo de un esquema sin indexación, el análisis compara la evolución reciente de partidas atadas a movilidad y otras sin ajuste automático. En ese marco, afirma que “mientras las prestaciones atadas a la movilidad recuperaron un 31,9% real desde 2023, la Prestación Alimentar permaneció 23 meses sin aumentos”, lo que deterioró la capacidad de cobertura sobre la Canasta Básica Alimentaria.
Discapacidad: aranceles y pensiones
En políticas dirigidas a personas con discapacidad, ACIJ plantea que el proyecto introduce transformaciones de corte regresivo. A través de los artículos 39 y 41, se elimina la homogeneidad del Nomenclador de Prestaciones Básicas y se habilita a que cada ente obligado fije unilateralmente sus propios aranceles con los prestadores.
Según el informe, esa modificación podría crear un factor estructural de desigualdad: quienes dependan de organismos que abonen tarifas más bajas enfrentarían menor oferta o peor calidad de atención. El documento vincula ese efecto con una contradicción respecto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, el texto indica que la iniciativa deroga la Pensión No Contributiva creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad —que garantizaba la compatibilidad con el trabajo formal— y restringe el acceso a la pensión tradicional por invalidez laboral. En paralelo, el programa Incluir Salud registra un recorte del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023.
Universidades, obra pública y género
En educación superior y salarios docentes, el Poder Ejecutivo proyecta partidas por $7,5 billones para el programa Desarrollo de la Educación Superior. Esa cifra se ubica un 32% por debajo de los $11 billones calculados por el Consejo Interuniversitario Nacional para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, pese a una medida cautelar confirmada por la Corte Suprema de Justicia que ordena su cumplimiento.
En infraestructura, el proyecto consolida la reducción de la participación directa del Estado nacional y la transferencia de obras a provincias y municipios. De una cartera de 2.339 proyectos, 1.683 fueron dados de baja o ingresaron en rescisión, 457 se transfirieron o están en proceso de traspaso y sólo 199 continúan bajo gestión federal directa. Con un gasto de capital cerca de 80% por debajo de 2023 ($3,8 billones frente a $18,4 billones a precios constantes), el artículo 67 fija beneficios impositivos para nuevos concesionarios viales privados, como amortización acelerada, crédito fiscal de IVA y el cómputo total del impuesto al cheque a cuenta de otros tributos, sujeto a exenciones provinciales.
Por último, el informe sostiene que las áreas vinculadas a género y salud reproductiva continúan enfrentando desfinanciamiento y falta de transparencia. En particular, señala que el Programa Acompañar y la Línea 144 continúan por tercer año consecutivo sin partidas presupuestarias específicas que permitan auditar sus recursos y ejecución.
