El ocultamiento de información pública en la industria pesquera dejó de ser, para organizaciones de la sociedad civil, un problema administrativo y pasó a operar como un mecanismo que protege negocios millonarios y facilita prácticas corruptas. El planteo se expuso tras un conversatorio intersectorial realizado en el Senado de la Nación y volvió a poner el foco en la falta de avances legislativos en la Cámara de Diputados.
La fundación Sin Azul No Hay Verde cuestionó la falta de acceso a datos vinculados a permisos y cuotas de pesca, y señaló que esa opacidad amplía el margen para la discrecionalidad en decisiones públicas. En ese marco, la entidad reclamó que Diputados avance con una ley de transparencia para evitar la captura del Estado y frenar la depredación del Mar Argentino.
Información pública y beneficiarios finales
Mariana Regueira, coordinadora de Políticas Públicas e Incidencia de la fundación Sin Azul No Hay Verde, apuntó contra la opacidad societaria y sostuvo que, cuando la información sobre permisos y cuotas no es pública, crece “de forma alarmante” el margen para la discrecionalidad, el favoritismo, el tráfico de influencias y el soborno. También advirtió que la ausencia de registros abiertos facilita la captura de decisiones públicas por intereses particulares.
Regueira vinculó el secreto corporativo con la posibilidad de ocultar concentraciones de licencias, el uso de personas interpuestas y posibles vínculos entre funcionarios y actores regulados. En esa línea, reclamó la aprobación del proyecto de transparencia impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro. “Conocer al beneficiario final permite identificar quién controla y obtiene realmente el beneficio económico de la explotación de un recurso público”, dijo Regueira.
Control, conservación y costos del descontrol
El debate también se trasladó al plano del control efectivo y la conservación marina. Juan Coustet, coordinador de la fundación, afirmó que resulta imposible auditar a una empresa pesquera si el Estado no comunica con claridad quién está autorizado a operar y qué cantidad de pesca tiene asignada. Según su planteo, esa falta de información crea una zona gris que dificulta los controles y debilita herramientas de conservación marina, con impacto devastador frente a las costas patagónicas.
Coustet mencionó la inactividad de la Comisión de Intereses Marítimos de Diputados y planteó quién asume el costo del descontrol. En su análisis, el daño recae sobre el ecosistema marino y la sociedad civil, mientras un grupo reducido de actores privados aprovecha un recurso que, remarcó, pertenece a todos los argentinos.
Más allá del impacto ecológico, Regueira sumó un argumento económico: la necesidad de modernizar el sector pesquero y alinearlo con exigencias globales. En el proceso de adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consideró que contar con información pública y verificable puede mejorar la competitividad. “El crecimiento del sector tiene que estar dado por la adopción de estándares”, dijo Regueira, y pidió que la expansión comercial no se haga a costa de los recursos naturales ni habilite nuevos focos de corrupción.
