El Foro Internacional de Economías Ilegales y Control Territorial reunió en Bogotá a expertos de distintos países para analizar el funcionamiento de los mercados ilegales, el avance del crimen transnacional en América Latina y las respuestas institucionales consideradas necesarias para enfrentarlo. La discusión partió de un diagnóstico común: las estructuras criminales dejaron de operar como fenómenos aislados y aparecen cada vez más incrustadas en la sociedad.
En ese marco, se planteó que estas redes debilitan democracias, sustituyen funciones del Estado y expanden su influencia a través de economías ilícitas con alcance transnacional. También se destacó que las economías ilegales fortalecen a organizaciones criminales que aprovechan vacíos estatales, debilidades institucionales y falta de oportunidades para ampliar su control territorial.
Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, sostuvo que Colombia se ha convertido en un “referente regional de inseguridad”, en un contexto marcado por el deterioro de la arquitectura institucional y del sistema de justicia internacional. La caracterización se integró a un intercambio más amplio sobre cómo el crimen organizado se expande en territorios donde el Estado pierde capacidad de intervención.
Uno de los ejes centrales fue el contrabando y, en particular, el mercado ilegal de cigarrillos. Juan Ignacio Suárez, director general del clúster CCA de Philip Morris International, manifestó preocupación por el crecimiento del contrabando y de los mercados ilegales de productos como el cigarrillo, al advertir que estas actividades financian a grupos criminales y afectan el desarrollo económico de la región. En el debate se vinculó ese circuito con redes de crimen organizado, lavado de activos y control territorial.
Lucía Dammert, experta internacional en seguridad, explicó que las economías ilegales se sostienen sobre tres dinámicas: “la depredación económica, la sustitución de mercados legales por mercados ilícitos y el acaparamiento del poder político”. También mencionó la “producción masiva de cigarrillos” y la exportación ilegal de oro como ejemplos de economías criminales frente a las cuales las respuestas tradicionales —como el encarcelamiento masivo o los estados de excepción— resultan insuficientes. Para Dammert, la estrategia debe concentrarse en atacar la demanda y la dimensión financiera del crimen organizado.
Los panelistas coincidieron en que combatir estas redes exige ir más allá de la persecución penal individual. Juan Francisco Galli, ex subsecretario del Interior de Chile, planteó la necesidad de entender los mercados antes que limitarse a capturar responsables, incorporando al sector privado y a la sociedad civil. Ramón Pérez Fermín, ex viceministro de Comercio Interno de República Dominicana, repasó la experiencia de su país frente al contrabando de alcohol y cigarrillos, con foco en trazabilidad, inteligencia y fortalecimiento judicial para reducir las ganancias de grupos ilegales.
El coronel Diego León, de la Policía Nacional de Colombia, afirmó que “el crimen organizado se reproduce en las ausencias del Estado” y resaltó el uso de inteligencia artificial, análisis de redes y articulación de información para identificar patrones criminales. En el cierre, el foro enumeró líneas de acción: cooperación internacional, integración institucional, inteligencia financiera, control de fronteras, recuperación de activos y mayor capacidad estatal en los territorios, además de intervenir los corredores económicos que sostienen los mercados ilegales, incluido el contrabando de cigarrillos, y construir marcos jurídicos capaces de romper la relación entre crimen organizado, financiación ilícita y control territorial.
