El Banco Central informó el 21 de agosto que la irregularidad del crédito al sector privado bajó de 7,7% a 7,6% en junio. Entre las familias se mantuvo prácticamente estable en 12,8%, luego de diecinueve meses consecutivos de aumentos.
La irregularidad representa la proporción del saldo de créditos clasificado en situación problemática sobre el financiamiento total. Según el Informe sobre Bancos, las tarjetas de crédito descendieron de 13,1% a 12,6%, mientras los préstamos personales avanzaron de 15,9% a 16,4% y alcanzaron el mayor nivel de la serie. Los prendarios subieron a 7,9% y los hipotecarios, a 1,6%.
La pausa del promedio no permite afirmar que haya mejorado la capacidad de pago de los hogares. El BCRA la vinculó con la desaceleración del crecimiento real de la cartera irregular, el aumento del financiamiento total y el pase de algunos créditos considerados irrecuperables a cuentas fuera de balance. El numerador dejó de crecer al mismo ritmo, pero los préstamos personales continuaron deteriorándose.
El ingreso pesa más que la toma de deuda
Una parte de la industria atribuye la mora al desconocimiento de las condiciones financieras o a decisiones de endeudamiento poco prudentes. Los datos disponibles debilitan esa explicación cuando se la presenta como causa general.
Un análisis del Banco Provincia siguió a 17,15 millones de personas que tenían deudas en julio de 2024. Hacia mayo de 2026, más de 4 millones que estaban al día habían ingresado en situación irregular. Tres de cada cuatro ya tenían créditos durante el primer semestre de 2024 y casi dos de cada tres no habían incrementado su deuda real por encima del promedio del sistema.
El resultado apunta a una pérdida de capacidad de pago más que a una incorporación masiva de nuevos deudores. Sin embargo, el mismo estudio muestra un matiz: al ponderar por monto, dos de cada tres pesos de la nueva cartera irregular correspondían a personas que sí habían aumentado sus obligaciones. El sobreendeudamiento explica una parte relevante del saldo, aunque no a la mayoría de quienes cayeron en mora.
El indicador que completa el cuadro es la carga de los servicios de deuda. La serie del Informe de Estabilidad Financiera del BCRA muestra que las cuotas mensuales de las familias pasaron de representar 8,7% de la masa salarial formal a 24,1% en abril de 2026. Entre octubre de 2025 y abril de 2026, el monto real destinado a los pagos se mantuvo estable, pero la masa salarial utilizada como denominador cayó 1,7%.
Los préstamos personales y las tarjetas concentraban 64,3% del saldo familiar y 73% de la cartera irregular en mayo, según cálculos del Centro de Economía Política Argentina. La composición refuerza la incidencia del crédito destinado al consumo, aunque no permite determinar por sí sola si el origen fue una decisión de gasto, una emergencia o la pérdida de ingresos.
Fuera de los bancos, la mora es mayor
El deterioro no se distribuye de manera homogénea. De acuerdo con el CEPA, la irregularidad de las familias con proveedores no financieros de crédito pasó de 7,3% en noviembre de 2024 a 30,1% en junio de 2026. Al combinar entidades financieras y proveedores no financieros, el indicador llegó a aproximadamente 15,5%.
La categoría de proveedores no financieros incluye billeteras y empresas tecnológicas, pero también emisores de tarjetas, cadenas comerciales, cooperativas y otras compañías que otorgan financiamiento. Por eso, el 30,1% no puede atribuirse exclusivamente a las billeteras virtuales.
Sobre 20,96 millones de personas con algún tipo de deuda, 5,91 millones registraban atrasos, según el mismo informe. Otro estudio, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad con un universo y una metodología diferentes, ubicó la mora de los menores de 25 años en 38,2% y estimó que 36% de los deudores jóvenes concentraba sus compromisos en neobancos y billeteras digitales.
El uso de algoritmos de segmentación permite ofrecer préstamos de manera inmediata y ajustar el producto a perfiles específicos. También puede acelerar la acumulación de créditos entre personas con ingresos variables. Los datos, sin embargo, no demuestran que el algoritmo sea la causa del incumplimiento: muestran una concentración del problema en los canales y segmentos donde la contratación resulta más rápida.
La brecha está en la aplicación de las reglas
La asimetría no surge, al menos en la norma, de que los bancos estén obligados a publicar el costo financiero total y los proveedores no financieros puedan omitirlo. Las disposiciones de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros también alcanzan a los proveedores registrados e imponen deberes de información sobre tasas, cargos y costo financiero total.
El BCRA extendió esas obligaciones en 2020. La diferencia más clara se encuentra en la regulación prudencial: los bancos están sujetos a exigencias de capital, liquidez, previsiones y evaluación de cartera que no se aplican de la misma forma a todas las empresas que ofrecen crédito.
Representantes de la banca sostienen que la transparencia tampoco se controla con igual intensidad y señalan ofertas digitales con tasas efectivas de entre 150% y 200% anual. Se trata de una posición sectorial, no de una comprobación general sobre el mercado.
Un relevamiento del BCRA realizado en 2020 había encontrado que 77% de las empresas tecnológicas de préstamos cobraba un costo financiero total superior a 150% anual y más de la mitad superaba 400%. El dato muestra que el crédito de alto costo no es nuevo, pero no permite medir el cumplimiento de la normativa durante 2026.
La discusión regulatoria debería diferenciar, por lo tanto, cuatro problemas: qué información debe publicarse, cómo aparece en cada interfaz, quién controla su cumplimiento y qué evaluación de capacidad de pago se realiza antes de otorgar el préstamo. Conocer el significado del costo financiero total sirve poco si las ofertas no permiten compararlo de manera simple y uniforme.
La educación funciona, con límites
La evidencia sobre alfabetización financiera cambió durante la última década. El trabajo de Daniel Fernandes, John Lynch y Richard Netemeyer, publicado en 2014, examinó 168 investigaciones. Su estimación causal se apoyaba en apenas trece experimentos aleatorizados y encontró efectos reducidos sobre el comportamiento financiero posterior.
Un metaanálisis publicado en 2022 por Tim Kaiser, Annamaria Lusardi, Lukas Menkhoff y Carly Urban reunió 76 experimentos, más de 160.000 participantes y 33 países. El trabajo encontró efectos positivos tanto sobre el conocimiento como sobre las decisiones posteriores, con magnitudes superiores a las estimadas anteriormente.
Los resultados tampoco convierten a la educación en una respuesta suficiente. Los efectos sobre el conocimiento fueron alrededor de 46% menores en economías en desarrollo que en países de altos ingresos. Además, una persona puede comprender las condiciones del crédito y no modificar su conducta si enfrenta una restricción de ingresos, una emergencia o la ausencia de alternativas.
Argentina tampoco cuenta con un diagnóstico actualizado. La última encuesta nacional publicada por el BCRA corresponde a 2017. El país obtuvo 11,5 puntos, quedó en el puesto 37 entre 39 economías y ocupó el último lugar entre los seis países latinoamericanos comparados. Nueve años después, esa medición continúa como línea de base.
El grupo de trabajo de educación financiera coordinado por el BCRA incluye a las asociaciones bancarias, la Cámara Argentina Fintech y la cámara de tarjetas de crédito. La participación aporta conocimiento técnico sobre los productos, pero también exige contenidos independientes, objetivos verificables y evaluaciones externas que separen la formación de los intereses comerciales.
Propuestas que actúan sobre fallas distintas
La Cámara Argentina Fintech propuso reducir el rezago de hasta 60 días de la Central de Deudores, avanzar con un sistema de finanzas abiertas, revisar la carga tributaria, ampliar la educación financiera y ofrecer soluciones tempranas a quienes comienzan a tener dificultades. La mayor parte de esas medidas busca mejorar la información y la administración del riesgo del prestamista; la educación actúa sobre la demanda y las alternativas tempranas, sobre deudas ya contraídas.
En el Congreso, el diputado Pablo Juliano presentó el 10 de agosto el proyecto 3832-D-2026, girado a comisiones dos días después. La iniciativa crea un régimen de prevención del sobreendeudamiento que alcanza a bancos, empresas tecnológicas, billeteras y otros proveedores.
El proyecto establece la evaluación obligatoria de la capacidad de pago, refuerza la transparencia del costo financiero total, limita las prácticas de cobranza hostigante y crea un régimen sancionatorio y una Defensoría de Usuarios Financieros. Sus fundamentos citan una irregularidad de 26,9% entre proveedores no financieros, con 34,1% en préstamos personales, y 6,7 millones de personas endeudadas de manera simultánea con entidades financieras y no financieras. Todavía no existe dictamen de comisión.
El Gobierno rechaza una intervención general sobre los precios del crédito. El presidente Javier Milei sostuvo que la mora responde al cambio en la composición de las carteras bancarias, que pasaron de financiar principalmente al sector público a prestar más al sector privado, y afirmó que no existen elementos para atribuir el deterioro a la política oficial.
Los topes de tasas tampoco ofrecen una respuesta automática. Una revisión del Banco Mundial concluyó que pueden reducir precios y limitar prácticas abusivas, pero también restringir la oferta formal o trasladar costos a otros cargos cuando resultan demasiado rígidos. Su efecto depende del diseño, la cobertura y la capacidad de supervisión.
La comparación regional funciona como señal de alerta, no como prueba de causalidad. Quantum Finanzas estimó una irregularidad bancaria agregada de 3,9% en Brasil, 2,3% en Chile, 1,5% en Uruguay y 2,4% en Paraguay, frente a 7,6% en Argentina. Las definiciones y coberturas no son idénticas, por lo que la brecha no permite inferir diferencias equivalentes en educación financiera.
Educación, regulación y capacidad de pago corrigen fallas diferentes. La educación reduce la brecha de conocimiento; la regulación limita la asimetría de información y poder; las políticas de ingreso, refinanciación y evaluación crediticia actúan sobre la posibilidad efectiva de cumplir. Los datos disponibles no respaldan un diagnóstico basado en una sola de esas dimensiones.
La evolución de los préstamos personales en los próximos informes del BCRA y el tratamiento legislativo del proyecto permitirán determinar si la pausa de junio fue el inicio de una estabilización o apenas una interrupción estadística.
