Un Luis Adolfo Prol enjuto, rígido detrás del traje estilo Príncipe de Gales, que sacude el mechón de pelo rubio matizado con canas que pende arriba de su frente cuando quiere enfatizar un concepto, de repente enmudece. Estira todo lo que puede hacia la oficina contigua las orejas y los ojos de un verde límpido y frío, como el mar nórdico de sus antepasados, para prestar atención a los gritos de una mujer que trascienden las paredes. Se escucha claramente el airado reclamo femenino por un subsidio interrumpido. Los rayos del atardecer trepan a la oficina desde la vista panorámica que entregan los edificios del microcentro, telón de fondo del despacho de la flamante Secretaría de Desarrollo Social.
Aunque la estampa de Prol pega mejor con un duro del cine de Hollywood que con la de un poeta en plena exaltación, se reserva para sí la sensibilidad del que es capaz de disfrutar de una buena escenografía. “Es la mejor ubicación que tuve desde que estoy en el gobierno”, comenta en cuanto se ve descubierto.
Asume el papel de funcionario espartano, al que el presidente Carlos Menem suele encomendar delicadas misiones político-administrativas (como la intervención a Catamarca cuando hervía el caso de María Soledad Morales). En su foja de servicios figuran el conmocionado Ministerio de Economía (Gestión Económica y Empresas Públicas) de las épocas de Erman González; la Secretaría de Combustibles, primero, y la de Energía, después, en los tiempos de la traumática desregulación petrolera; el cuestionado sillón de Ramón Saadi en Catamarca; el regreso para ponerse a las órdenes de Eduardo Bauzá en la Secretaría General de la Presidencia, y, finalmente, la Acción Social desdoblada del Ministerio de Salud que comanda Alberto Mazza, acusada de ineficiencia en la administración de los recursos destinados a cubrir necesidades de la población insatisfechas.
El atardecer y el incidente ablandaron sus rasgos. Interrumpió el diálogo con MERCADO para preguntar por el intercomunicador qué sucedía. La protagonista del escándalo había anunciado que no se iría si no le daban, al menos $ 32 para pagar el hotel. Aparentemente venía de lejos. Prol sacó el dinero de su billetera.
“Es bastante frecuente que tenga que poner de mi bolsillo cuando se presentan situaciones como ésta, porque estamos ordenando las partidas de subsidios que se asignaron según el arbitrio de los encargados de otorgarlos”, ensaya a modo de excusa. La planilla acusa un total de $ 54 millones al año repartidos entre gente como la señora que grita, sin que haya registro ni se sepa si ayudaron o no a resolver algún problema.
Prol sabe que la magnitud de los planes de ayuda social que pasarán por sus manos, en vísperas de las elecciones de 1995, constituye una de las mayores incógnitas que tiene por delante el programa económico que ejecuta Domingo Cavallo. Los límites entre el déficit fiscal y el social tienden a confundirse.
Aunque puede mirar pero no tocar unos $ 950 millones del Fonavi y más de $ 200 millones anuales de los comedores escolares, tiene sólo acceso directo a un presupuesto de $ 165 millones para 1994 ($ 75 para el menor y la familia y $ 90 millones para el manejo directo del organismo), que querría llevar a $ 600 millones si Cavallo se lo permitiera.
Puso un equipo de gente a trabajar en el seguimiento de las asignaciones que le competen a su área. La prioridad es aprovechar cada centavo antes que poner en peligro la estabilidad con demandas demagógicas. Ese fue el mandato que le dio Menem al nombrarlo.
“La mejor política social es un plan económico exitoso, porque el crecimiento resuelve la relación entre el conjunto de las instituciones. Aumenta la construcción de viviendas, el ingreso de las familias, se solucionan los aspectos vinculados a la salud y se posibilita el acceso a los servicios públicos de los sectores marginados”, enumera.
Advierte que si la economía no es eficiente, se agudizan los problemas sociales porque caen también los ingresos públicos. “Desde la Segunda Guerra Mundial quedó empíricamente comprobado que no siempre la visión monetarista llega a la economía real. Aparecieron la inflación y el desempleo, que significaron un desafío permanente para los estudiosos por la dificultad que entraña articular fenómenos tan contradictorios. Estados Unidos lideró el proceso de eficiencia y productividad, que imitaron Japón y Europa Occidental. La tecnología y el desarrollo de segmentos que incrementaron la productividad de la mano de obra llevaron a estirar los períodos de descanso o directamente al desempleo, principalmente en el Viejo Continente”.
-¿Existe en la Argentina un tejido social para amortiguar estos efectos?
-Es el gran desafío. El país ha empezado a mejorar su competitividad internacional y ello trae aparejadas pérdidas de puestos de trabajo en sectores y regiones, pero abre la oportunidad de avanzar donde se aumente comparativamente la eficiencia.
En la Argentina y en el mundo existe una fuerte influencia de las corrientes migratorias. Arrancamos con una tasa baja de desempleo, que se va ubicando al nivel de los países medios-desarrollados. Pero el crecimiento en que veníamos acercó mano de obra migratoria desde las naciones vecinas y esto
presiona sobre la oferta.
-¿Y los salarios bajarán en consecuencia?
-El modelo argentino no se nutre de bajos salarios ni apela a la apertura migratoria para abaratarlos.
Ponemos el acento en la productividad y las políticas sociales: un niño desnutrido nunca será un buen obrero, ni un joven deficitariamente educado estará en condiciones de asimilar tecnología o un adulto que no se recapacite sobrevivirá a un proceso de transformación.
-¿Hay recursos para destinar al desarrollo social sin afectar el equilibrio monetario y fiscal?
-El presupuesto destinado a la acción social es limitado en 1994 por falta de eficiencia en la asignación de los recursos, ya que el área afectada no tenía estructura ni orden para llevar adelante los programas, que se repartían más por arbitrio de los funcionarios que a través de la sistematización de la atención de los objetivos comunitarios y las herramientas destinadas. En estos meses nos abocamos a la tarea integral de redefinirlos según su grado de aptitud. Por qué no se desembolsan. Lo que no llega no sirve.
-La sensación es que se hace poco en materia social y que se dividió el Ministerio de Salud y Acción Social como un golpe de efecto para las elecciones.
-Cuando tomamos contacto con colegas de otros países nos aconsejaron morigerar la inercia del pasado con respecto a los subsidios indiscriminados o institucionales antes de aplicar nuevos programas. En la Argentina había costumbre de vincular los problemas sociales con necesidades particulares de ciudadanos que respondían a circunstancias especiales, como el caso de una persona de buen pasar que lleva a su hijo a operar en el extranjero y acude a la institución a pedir cobertura.
Hubo empresarios que dejaron de tener un negocio rentable y se presentaron con solicitudes de emprendimientos industriales para ser asistidos fundamentando el carácter social que los inspiraba.
-¿Qué diferencia hay entre necesitados y pobres, en el marco de un programa social?
-Los necesitados finalmente son considerados tales cuando frecuentan círculos influyentes, acceden al establishment o reciben los beneficios del amplio campo disponible al arbitrio de los funcionarios.
La pobreza y la marginalidad se miden con indicadores específicos que detectan las insatisfacciones básicas, como la vivienda en un sentido amplio, las condiciones de vida, el acceso a los servicios municipales, la ayuda mutua, que deben dar como resultado dignidad en el hábitat, sin promiscuidad y con seguridad. Los pobres suelen ser los más afectados por los robos, ya que están
expuestos a perder en un rato todo lo que les costó una vida juntar.
-¿Cuál es su política: apagar incendios sociales, como en Santiago del Estero, Jujuy y otras provincias, o trazar políticas preventivas globales?
-Apagar incendios no implica hacer demagogia. Aplicamos programas sustanciales en Jujuy, en Santiago del Estero, regiones donde la conflictividad social es crítica, pero creando fuentes de empleo y atendiendo problemas de nutrición a la vez. La transformación estructural va siempre más allá que apagar un incendio. En el Norte, la crisis del azúcar impacta a los sectores más débiles y los empobrece, lo mismo sucede con la minería en La Quiaca o Zapla. Las consecuencias deben ser atacadas. En Catamarca nos tocó estar ocho meses en la intervención, de los cuales los dos primeros fueron para tomar conocimiento del terreno que pisábamos: pusimos al día atrasos de tres meses en los salarios, redujimos 25% las escuelas rancho, hicimos llegar los servicios públicos a más gente, con un incremento en la red de agua potable. Saneamos las cuentas públicas.
-Pero, actualmente, todas parecen ser urgencias…
-Hoy volcamos los mayores esfuerzos coyunturales a hacer más efectivas las asignaciones en el conurbano de Rosario, en el Nordeste y Noroeste, que son las jurisdicciones que recibieron los mayores impactos de los indicadores. Paralelamente trazamos políticas institucionales destinadas a la pobreza: por ejemplo, un plan de prevención del cólera en las provincias norteñas de Salta y Jujuy que al mismo tiempo genera empleos; u obras públicas de provisión de agua potable y cloacas que darán transitoriamente trabajo y atacarán un flagelo sanitario importante en la región, o una partida de hasta $ 10 millones para un sistema de agua en Santiago del Estero. Desarrollamos un plan habitacional a bajo costo. En Rosario ejecutamos un programa para erradicar 35% de los asentamientos urbanos del Gran Rosario hacia urbanizaciones donde hay agua potable, seguridad y otros servicios esenciales para insertar a las familias en la sociedad. El Plan Social Educativo había empezado a ser ejecutado en forma eficaz por el Ministerio de Educación, pero quedaron pendientes obras en regiones que es necesario completar para terminar de erradicar las últimas 50 escuelas rancho que quedan en Formosa y Misiones. No habrá en el futuro una unidad escolar más que noreúna las condiciones que hemos propuesto. Estamos haciendo 150 definitivas en el Chaco.
Estas obras generan empleos que coordinamos con planes del Ministerio de Trabajo combinando la financiación con programas sociales y de empleo que se dirigen a mano de obra no capacitada.
También llevamos adelante programas de microemprendimientos que, bien evaluados, son perdurables en el futuro sin necesidad de sostén estatal. Pero la prioridad son los casos de extrema pobreza en el Norte.
-¿Prefiere la concentración de los recursos o que sigan descentralizados como hasta ahora?
-Creo que la agencia estatal no siempre es tan eficaz como podrían serlo los organismos no gubernamentales. Queremos promover la participación comunitaria en la solución de los problemas sociales que requieran la solidaridad individual y colectiva. Esto no lo registran las computadoras.
Impulsamos la conformación de cooperadoras para administrar escuelas y hospitales, lo cual dota de transparencia la gestión y, a la vez, potencia los recursos.
Apostamos a un aumento del nivel de conciencia y a la intervención de instituciones que infunden respeto, como la Iglesia, para que las provincias apliquen eficientemente los fondos en coordinación con los organismos nacionales. Impusimos un sistema de denuncia pública dentro de los 10 días de
ejecutado un programa para que la gente se queje e intervenga la Sindicatura General de la Nación para investigar. Si no se desvirtúan las asignaciones, los fondos van a llegar y serán crecientes, porque el gobierno tiene vocación de hacer.