La morosidad de los hogares argentinos en el sistema bancario alcanzó el 11,2% en febrero de 2026, el nivel más alto en dos décadas. El registro surge del último Informe sobre Bancos del Banco Central y se compara con el 2,9% observado un año antes. En paralelo, en el Congreso comenzaron a circular proyectos para intervenir en las reglas del crédito, con propuestas que incluyen congelamiento de pagos, quitas compulsivas y topes a las tasas de interés.
El punto de partida del indicador era inusualmente bajo para estándares regionales. Ningún país de la región opera de manera sostenida con una mora de hogares por debajo del 4% o 5%. En ese marco, proyecciones del sector apuntan a una estabilización en torno al 8% en los próximos meses, en línea con una economía que volvió a expandir el crédito después de años de contracción.
El deterioro no se distribuyó de forma homogénea. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 6,7% en febrero, pero al desagregar por tipo de deudor aparece una brecha marcada: las familias registraron 11,2% y las empresas, 2,9%. Dentro del segmento corporativo, el ratio de cartera irregular pasó de 0,8% en febrero de 2025 a 2,9% en la última medición.
Las líneas más afectadas fueron los préstamos personales y las tarjetas de crédito, asociados al financiamiento del consumo cotidiano. “Muchas familias tomaron préstamos personales, tarjetas y financiamiento de billeteras virtuales para cubrir sus gastos básicos”, dijo Gustavo Neffa, economista especialista en mercados financieros.
Además del uso del crédito para sostener gastos corrientes, el informe incorporó un factor macroeconómico. “La fuerte volatilidad de tasas de la segunda mitad de 2025 fue determinante”, dijo Lorena Giorgio, economista de EcoViews. En ese período, el spread entre tasas activas y pasivas llegó a superar el 250% y, en algunos casos, los bancos frenaron el otorgamiento de nuevos créditos.
En un sistema donde el crédito al sector privado equivale al 13,6% del PBI, frente a un promedio regional cercano al 45%, la discusión sobre intervención legislativa incluye efectos sobre la oferta y el acceso al financiamiento. Entre los riesgos señalados aparecen el endurecimiento de requisitos, una reducción de la oferta de préstamos, la suba de tasas para compensar riesgo y un mayor recurso a financiamiento informal, más caro y menos transparente.
En ese escenario, el enfoque planteado para reducir la mora se apoya en medidas estructurales: estabilidad de tasas, niveles de liquidez acordes al tamaño del mercado y educación financiera para mejorar decisiones de endeudamiento, con conceptos como tasa de interés, costo financiero total, capacidad de pago y riesgo de sobreendeudamiento.
