La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) planteó la necesidad de contar con marcos regulatorios claros para acompañar el avance del uso de drones en la agricultura argentina. El enfoque se apoya en la operación profesional de los equipos, la calibración precisa basada en variables reales medidas a campo y el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para asegurar aplicaciones eficientes y seguras.
El uso de drones en aplicaciones agrícolas se vincula, en la mirada de la entidad, con una gestión responsable que excede la disponibilidad de tecnología. La eficiencia no se define por el equipo en sí mismo, sino por el rigor técnico con el que se lo opera y por la calidad de la calibración, ajustada a condiciones reales en tiempo real. En ese marco, las BPA aparecen como referencia técnica para un uso seguro y responsable.
Entre los fundamentos operativos, Casafe remarcó que la calibración debe contemplar parámetros que inciden en el resultado agronómico. “El éxito de cada tratamiento depende de una configuración rigurosa”, dijo Federico Elorza, coordinador de gestión sustentable de Casafe. En esa línea, mencionó el tamaño de gota —que debe superar siempre los 200 micrones— y la velocidad de avance como dos factores determinantes para definir el ancho de faja y la uniformidad de la cobertura.
Elorza también ejemplificó diferencias de operación según el porte del equipo: mientras un T100 opera de manera óptima a 35 km/h, un T50 lo hace a 25 km/h, y equipos menores operan entre 15 y 20 km/h. Además, señaló que la operatividad exige monitoreo constante del entorno durante el trabajo. “La recomendación técnica es operar con vientos de entre 3 y 10 km/h”, afirmó, para evitar riesgos de deriva e inversión térmica y asegurar que el producto llegue al objetivo definido.
En el plano normativo, la adopción de drones convive con un marco diverso asociado a la realidad federal argentina y a las particularidades de cada provincia. Casafe ubicó el debate en una etapa de diálogo institucional y articulación público-privada, con el objetivo de contribuir al desarrollo de regulaciones que aporten previsibilidad e impulsen las BPA como referencia técnica compartida.
En la actualidad, Córdoba, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos cuentan con marcos normativos específicos, con variaciones que van desde distancias de resguardo de 50 metros hasta zonas de exclusión y amortiguamiento diferenciadas. “Acompañamos el proceso de maduración normativa en cada jurisdicción”, dijo Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe, y agregó que el objetivo es colaborar en la construcción de criterios fundamentados en la ciencia y en las buenas prácticas para facilitar la adopción segura de estas tecnologías en todo el territorio.
Más allá de las diferencias provinciales, la entidad sostuvo que el principal desafío es garantizar aplicaciones responsables, con calibración bajo parámetros técnicos y respeto de las BPA como base para el uso profesional de drones en el agro.
