Argentina quedó como el único país de la región que mantiene sin acceso público la información detallada sobre su flota pesquera nacional. En ese marco, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil presentó un pedido formal ante el Consejo Federal Pesquero para crear un Registro Público y Abierto de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, con datos sobre identificación de buques, titulares de licencias y antecedentes administrativos.
La iniciativa se apoya en el acceso a información como derecho respaldado por la Ley de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo de Escazú. Además, propone que la apertura de datos funcione como herramienta para combatir la pesca ilegal y sostener la sostenibilidad de un recurso que pertenece a todos los argentinos.
El planteo pone el foco en la inexistencia de una plataforma digital y accesible que permita consultar esa información. Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, señaló que la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca recopila los datos por obligación legal, pero que no existe un registro en línea disponible para su consulta. “Esta ausencia limita el control del Estado, bloquea el escrutinio ciudadano y debilita la transparencia institucional”, dijo Bilbao.
La rendición de cuentas aparece vinculada con el perfil del sector, definido como netamente exportador y sujeto a estándares internacionales cada vez más exigentes. En ese sentido, el acceso a información sobre permisos, embarcaciones y antecedentes administrativos se presenta como un componente operativo para el seguimiento ciudadano y para el control estatal.
La comparación regional ocupa un lugar central en el pedido. Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador cuentan con sistemas abiertos donde cualquier ciudadano puede consultar el historial de licencias, las embarcaciones operativas y las sanciones aplicadas a las empresas. Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, sostuvo que la resistencia a transparentar estos datos coloca al país en una situación de excepcionalidad que afecta la gobernanza pesquera. “Argentina es el único país de la región con flota pesquera que no publica estos datos. Esta postura debilita la sostenibilidad de un recurso natural estratégico”, advirtió Coustet.
Entre los beneficios que las organizaciones atribuyen a un registro abierto figuran la optimización de la eficiencia administrativa y una reducción drástica de riesgos de irregularidades o uso indebido de licencias de pesca. También plantean que contar con información clara sobre quiénes pescan y dónde lo hacen fortalece la trazabilidad de los productos locales.
En un mercado global que penaliza la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la transparencia se plantea como una ventaja competitiva para las empresas que operan bajo la ley y una barrera para quienes buscan evadir controles. El pedido ya está en manos del Consejo Federal Pesquero, que deberá decidir si incorpora el tema en su orden del día. “Cuando un Estado se niega a publicar datos tan básicos como quiénes son los barcos que pescan en aguas nacionales, la pregunta inevitable es qué se está ocultando”, dijo Bilbao.
