Kirill Pimenov, CEO y fundador de Kalatori, sostiene que la blockchain funciona como un registro público que permite rastrear movimientos de criptoactivos con precisión y que, por su diseño, vuelve técnicamente equivocada la idea de que las criptomonedas sirven para esconder activos. El directivo también plantea que la autocustodia —la posibilidad de administrar fondos sin intermediarios— amplía opciones de pago, pero exige asumir riesgos operativos.
En su columna, Pimenov parte de una experiencia personal: en 2010 minaba bloques de Bitcoin en una computadora de un laboratorio universitario. Quince años después, ubica el debate en el uso cotidiano y formula una pregunta sobre adopción: “¿qué pasaría si cualquier comercio pudiera cobrar en cripto con la misma naturalidad con la que hoy cobra con tarjeta?”. En ese marco, afirma que el rasgo más subestimado de la tecnología es su trazabilidad.
El argumento central se apoya en la estructura del sistema. Una blockchain registra todos los movimientos de criptomonedas que ocurren en esa red y permite que cualquier persona con el enlace pueda acceder a la información. Pimenov la describe como una “planilla de cálculo gigante” en la que queda asentado, de manera permanente, qué cuenta —a la que en el ecosistema se denomina “address”— transfirió a cuál otra, por qué monto y en qué momento. “No hay forma de borrar una fila ni de editarla en secreto”, señaló Pimenov.
Para explicar el contraste, compara esa lógica con el efectivo: ante un fajo de dólares, señala, no se puede reconstruir su recorrido previo porque el billete “no tiene memoria” ni está inserto en un sistema que lo exija. En cambio, una dirección en blockchain permite seguir el hilo hacia atrás y, en la enorme mayoría de los casos, llegar en dos o tres pasos a un exchange, un punto donde, por regulación, mayormente hay que identificarse. También marca una diferencia con el sistema bancario, donde las transacciones no son visibles de forma pública y cada banco registra solo las que ocurren dentro de su propia entidad.
El directivo separa la trazabilidad de la tecnología de las estafas que pueden ocurrir alrededor del ecosistema. Plantea que los fraudes con cripto mediante plataformas inexistentes no guardan relación con la capacidad de rastreo de la blockchain y que son riesgos que pueden presentarse con cualquier medio de pago, desde una transferencia bancaria hasta un cheque. En su lectura, lo específico de la blockchain es “lo contrario a la opacidad”: un registro público auditable.
En un segundo plano, Pimenov pone el foco en la autocustodia. Señala que el propósito original de una criptomoneda es transferir valor sin intermediarios y advierte que, si una plataforma retiene fondos aunque sea por instantes, el dinero se transforma en una promesa de pago a un tercero. En ese esquema, sostiene, no hay organizaciones con acceso a las “llaves privadas”, por lo que perder la clave implica no poder pedirle a una compañía que recupere el acceso.
En términos de uso, plantea que un esquema descentralizado puede reducir fricciones para comercios y habilitar cobros internacionales, por ejemplo con stablecoins, sin autorizaciones paso a paso, aunque sin eximir del cumplimiento documental exigido en cada país. También incorpora un argumento de resiliencia: una caída en un sistema centralizado impacta a gran escala, mientras que un vínculo directo limita el efecto a la operación puntual.
En el plano local, ubica un hito regulatorio: Argentina incorporó en 2024 a los proveedores de servicios de activos virtuales dentro del marco de prevención de lavado de dinero, en línea con estándares internacionales del GAFI.
