Como decíamos ayer…

Hasta hace algunos años, no pocos especialistas solían reducir la teoría económica a la existencia de cuatro modelos: el capitalismo liderado por Estados Unidos y Europa occidental, el socialismo practicado por los países de Europa oriental, Japón y la Argentina.

Por cierto, se trataba de una simplificación exagerada, mucho más ingeniosa que rigurosa. Pero que, sin embargo, no dejaba de tener contacto con la realidad.

La caída del Muro de Berlín y su efecto dominó en Europa oriental, primero, y la globalización de la economía, enseguida, erosionaron rápidamente sus fundamentos.

En lo que a la Argentina respecta, viviría en la última década del siglo XX una profunda transformación cuyos signos más destacados serían la estabilidad cambiaria y de precios ­después de más de 40 años de inflación permanente, incluso con un par de picos de hiperinflación­, y una apertura económica prácticamente irrestricta que, entre otras bondades, acercaría grandes inversiones extranjeras y pondría a disposición de los argentinos los últimos adelantos tecnológicos y de consumo al mismo tiempo que en los principales centros del mundo.

Pero también tendría consecuencias negativas inocultables, como el crecimiento exponencial de la deuda pública ­interna y externa­, el escaso acceso de productos locales a los mercados externos, el auge de la corrupción en la administración de los asuntos públicos, la estabilización de la tasa de desempleo en el triple de lo que hasta entonces había sido el promedio histórico y la enorme vulnerabilidad del país frente a las irregulares tendencias de los mercados financieros internacionales.

Aun a pesar de esos efectos negativos, la transformación, si bien no convenció a muchos de que la Argentina había entrado en el primer mundo, como pretendía cierta propaganda oficialista de esos años, sí hizo creer a mucha gente que, como sucede en las naciones desarrolladas, también aquí, por fin, la economía marchaba con independencia de los vaivenes políticos.

Esa era, a grandes trazos, la situación que recibiría el gobierno que, presidido por Fernando de la Rúa, asumió sus funciones el 10 de diciembre de 1999, para poner fin a la década de la administración encabezada por Carlos Menem.

Con un par de condimentos: de entrada, De la Rúa enfrentaría un enorme obstáculo y un gran interrogante. El primero, el explosivo estado de las cuentas fiscales, combinado con una recesión que llevaba instalada más de un año. El segundo ­que, a esta altura, pocos dudan de calificar también como un escollo­ era el hecho de que, por primera vez en décadas, no llegaba al poder un partido sino una coalición, cuya situación, por muchísimas razones, no era comparable a la de ninguna otra de las que accedieron al gobierno nacional en el pasado.

Las primeras señales

Lo cierto es que no fue necesario esperar hasta el 10 de diciembre de 1999 para comprobar que, en la Argentina, los caminos de la economía y los de la política están aún muy lejos de ser independientes. Tanto, que la tortuosa relación entre ambos signaría, como nunca en la última década, el primer año de la administración De la Rúa.

Cuando, en las agitadas jornadas previas a la asunción, no logró apoyo parlamentario más que para formalidades, como la designación de las nuevas autoridades de las dos cámaras legislativas y la reforma de la Ley de Ministerios para crear dos nuevas carteras, la Alianza tuvo una medida de lo que vendría.

Pero sería injusto responsabilizar por ello exclusivamente a la oposición: los primeros esbozos de políticas fiscales e impositivas no sólo chocaron con la intransigencia de gobernadores y legisladores justicialistas, sino también con la falta de cohesión dentro de las propias filas de la Alianza. Y, con sus matices, esa situación no se modificaría hasta el presente.

El modelo económico del gobierno de la Alianza quedó claro de entrada, incluso antes de su asunción: la reactivación económica sólo podría ser resultado de la confianza de los centros financieros internacionales y la consecuente disminución del costo del financiamiento para el país.

Por esos días de la transición, las principales figuras políticas y económicas de ambos gobiernos ­el saliente y el electo­ coincidían en exhibir públicamente como probabilidad más o menos cercana el deseo de que la Argentina alcanzara el investment grade (grado de inversión, la más alta calificación posible para títulos de deuda, sean públicos o privados).

Por lo tanto, las nuevas autoridades empeñarían todos los esfuerzos que hicieran falta en pos del equilibrio fiscal. Como explicaría días después el ya flamante ministro de Economía, José Luis Machinea, ello permitiría que descendiera la tasa de riesgo país y así, sucesivamente, bajarían las tasas de interés, aumentaría el crédito y crecería la economía. Sólo entonces podría pensarse en la reducción de los altos índices de desempleo, pobreza y marginalidad.

“Hoy, lograr el equilibrio fiscal es la condición más importante para conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y generar confianza internacional”, señalaría Machinea.

Como nunca antes, la cotización de los títulos de la deuda pública argentina en Wall Street, y la nota que a ellos asignaran las principales calificadoras de riesgo, iban a convertirse en la principal referencia de la marcha de la economía local.

Cómo domar el déficit

Lo que estaba en juego entonces era cómo acotar un déficit fiscal que, aun para las estimaciones más optimistas, se proyectaba demasiado lejos de los US$ 4.700 millones admitidos para todo el 2000 por la Ley de Solvencia Fiscal y los compromisos asumidos ante el FMI.

A esa altura ya estaba claro que el nuevo gobierno se presentaría en sociedad con un plan de ajuste. Estaba por verse qué alcance tendría; entre otras razones, porque debería pasar el filtro legislativo.

No sin esfuerzo, y tras la modificación de varias medidas contenidas en los proyectos originales, el gobierno, sólo después de haber asumido, obtuvo la sanción parlamentaria del pacto fiscal con las provincias, la reforma impositiva ­que, gracias al contundente aumento de las alícuotas del impuesto a las ganancias, pasó a la historia como el impuestazo­ y los recortes de gastos consagrados en la Ley de Presupuesto para el 2000.

El de las provincias no era un tema menor. Para el equipo económico entrante ­lo mismo que para los organismos financieros internacionales y para ese conjunto impreciso de actores económicos denominado genéricamente los mercados o los inversores­ era el momento oportuno para imponerles racionalidad fiscal.

Ese debate demostró a las nuevas autoridades que no dispondrían del período de gracia que la oposición política y los actores económicos y sociales suelen otorgar a los gobiernos recién asumidos. Pero no fue el único. Sin tiempo para aclimatarse a los despachos, los flamantes funcionarios chocaron contra un conjunto de realidades inquietantes.

La oposición

Una de ellas era que la oposición justicialista no observaba un comportamiento uniforme. Los gobernadores se dividieron de hecho en dos grupos: los que no querían modificar el estado de las cosas y aquellos que, por sus expectativas de proyección política futura, preferían demostrar que eran capaces de hacer los deberes, por más impopulares que éstos fueran. Entre los últimos sobresalían el bonaerense Carlos Ruckauf, el cordobés José de la Sota y el santafesino Carlos Reutemann.

Por diferentes razones, la situación se reproducía dentro del sindicalismo ortodoxo, cuyos matices ­uno más dialoguista, otro más combativo­ pronto encontrarían cauce en sendas versiones de la Confederación General del Trabajo (CGT), una vez más escindida.

No era casual: lo que estaba ­y está­ en juego es el liderazgo vacante del Partido Justicialista (PJ), cuyo presidente, Carlos Menem, no logra contener a sectores cada vez más numerosos.

Con el tiempo, ese panorama fue ofreciendo ligeras variaciones en la conformación de los bloques y no tan ligeras en su comportamiento. Según las circunstancias, generó que se armaran y se desarmaran rápidamente alianzas coyunturales entre sectores políticos y sindicales. Y, por encima de todo, le ha dificultado notoriamente al gobierno la tarea de negociación con la principal fuerza de oposición.

La actitud de las principales figuras del justicialismo varió entre el pragmatismo de Ruckauf (hacia fin de año, un humorista definió de modo inapelable su conducta: “Al principio le mandaba flores a De la Rúa; ahora le manda una corona”, dijo), el ensayo heterodoxo de De la Sota (cuya provincia mostró buenos resultados tras la rebaja de impuestos y, poderoso subsidio mediante, le ganó la pulseada a Buenos Aires para obtener la radicación de una planta de Motorola), los perfiles bajos de Reutemann y Eduardo Duhalde y la siempre inquietante presencia de Menem, obstinado tanto en reclamar la dolarización como en desmerecer el estilo de gestión de su sucesor.

En el caso del sindicalismo, pronto resultó claro que al gobierno le resultaría menos complicado dialogar con los dirigentes tradicionales que quedaron en la CGT oficial, formalmente encabezada por Rodolfo Daer, que con la CGT rebelde que lidera el camionero Hugo Moyano, impulsora de la mayoría de las huelgas y manifestaciones de mayor repercusión contra la política gubernamental.

Ultimamente más cerca de las posiciones combativas de Moyano se ubicó la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que conduce el estatal Víctor De Gennaro, pese a que está más cerca del Frepaso que del PJ y a que uno de sus principales gremios, el de los docentes, le obsequió a De la Rúa, cuando éste recién había asumido, el gesto de levantar la mítica carpa blanca.

El oficialismo

Tampoco la Alianza logró, ni siquiera inicialmente, una cohesión absoluta. De entrada, no más, el rumbo económico despertó recelos ­algunos más estentóreos que otros­ en no pocos sectores de la coalición.

Varios dirigentes, tanto de la Unión Cívica Radical (UCR) como del Frepaso, cuestionaron fundamentalmente dos cosas: que la prioridad por el equilibrio fiscal postergara casi toda posibilidad de políticas sociales y que la clase media ­principal capital electoral de la coalición­ hubiera sido, por lejos, la más castigada por el impuestazo.

El gobierno no sólo debería multiplicar sus esfuerzos ­y, lo que es peor, su tiempo­ para negociar con la oposición, sino también con la propia tropa. Lo que, además, le restaría poder de convicción. Más temprano que tarde se comprobaría que ese fenómeno no se circunscribió a la cuestión del ajuste inicial.

Por otra parte, problemas institucionales y políticos de vieja data, con obvias consecuencias sociales y económicas, hicieron literalmente estallar la provincia de Corrientes durante la primera semana de gestión.

La administración central debió enviar tropas de Gendarmería para restablecer el orden, primero, y decretar la intervención federal, después. Pero, sobre todo, comprobó que si, como muchos sostenían, la situación de varias provincias se asemejaba a una bomba, a ésta no le quedaba demasiada mecha.

A principios de abril, además de una importante y prolongada huelga de camioneros, hubo manifestaciones con cortes de rutas en las provincias de Chaco y Entre Ríos. Esa modalidad de protesta se repetiría con creciente frecuencia durante el resto del año y no solamente en los distritos más modestos, sino hasta en el conurbano bonaerense. Con un dato novedoso: en muchos de esos casos, los piquetes carecieron de organización formal y sus integrantes se limitaron a reclamar un puñado de cupos en los empleos subsidiados del Plan Trabajar.

En otras ocasiones, las protestas fueron acompañadas por graves episodios de violencia, como los registrados en mayo y en noviembre en la localidad salteña de General Mosconi.

Tensa calma

Pese a que desde el comienzo los contratiempos no fueron pocos, los primeros tres meses de la nueva administración transcurrieron dentro de cierta tranquilidad, todavía bajo los efectos del optimismo inicial, que pronto dejaría paso a un mayor realismo.

Subyacía, sin embargo, una curiosa situación: el contraste entre expectativas positivas y planes conservadores. Las encuestas realizadas a fines de 1999 y principios del 2000 coincidieron en reflejar que la mayoría de los empresarios estimaba que sus ventas crecerían pero, paralelamente, no esperaba aumentar sus exportaciones, sus importaciones ni sus planteles.

Todavía en enero, el gobierno tomó contacto con dos asuntos que a fines del 2000 aún estaban lejos de resolverse definitivamente.

Uno, de antigua data, es la singular y ambivalente relación con Brasil, por lejos el principal destino de las exportaciones argentinas y, a la vez, permanente generador de desconfianza, sobre todo después del impacto negativo de la devaluación del real, a principios de 1999.

En ese terreno, el año estuvo signado por la permanente postergación de la coordinación de políticas macroeconómicas entre los dos países, el demorado acuerdo sobre el régimen para la industria automotriz, algunas medidas formales de política comercial, periódicas batallas por el intercambio de ciertos productos ­pollos, calzado, arroz, leche en polvo, entre otros­ y el creciente descontento de muchos empresarios argentinos, expresado por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Osvaldo Rial: “El Mercosur se transformó en un proceso de integración sustentado en reglas de juego inconsistentes con el desarrollo argentino”.

La crisis más grave

El otro episodio que proyectaría largas sombras, aunque entonces nadie podía sospecharlo, fue el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo giró al Parlamento y que la Cámara de Diputados aprobó a mediados de febrero.

Con escasa posibilidad de influir efectivamente en la vida económica ­la mayoría de los analistas coincide en que el grado de flexibilidad de las relaciones laborales es determinado mucho más por los niveles de actividad y de empleo que por la legislación­, la ley que el Senado sancionó en abril tuvo, en cambio, un impacto decisivo en la vida política.

En julio tomó estado público que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, supuestamente habría dado a entender que muchos senadores votaron la Ley de Reforma Laboral a cambio de sobornos.

Rápidamente el tema se convirtió en escándalo, tensó al máximo las relaciones entre los diversos sectores de la coalición gobernante y entre ésta y el justicialismo, y se cobró, por distintas razones, las renuncias del vicepresidente de la Nación, el jefe de Gabinete, los ministros de Trabajo y de Justicia, el presidente provisional del Senado y los jefes de las bancadas de la Alianza y el PJ en la cámara alta.

Quedaron gravemente heridas las relaciones entre los diversos sectores de la coalición gobernante y seriamente dañada la imagen del presidente De la Rúa y la del gobierno en general. Como lógico resultado, la tasa de riesgo país se disparó hasta niveles sin precedentes en lo que va del actual mandato presidencial.

La economía

Pero no sólo la política aportó dificultades a la economía. A la situación fiscal heredada, que obligó a las autoridades del Palacio de Hacienda a vivir con el corazón en la boca cada vez que se aproximaba el cierre de un trimestre, se sumaron condiciones externas francamente adversas.

La excepcional marcha de la economía estadounidense generó una fuerte revaluación del dólar ­y, con ella, la del peso­ que conspiró contra toda posibilidad de mejorar la competitividad internacional de los productos argentinos.

Si la balanza comercial mejoró se debió, sustancialmente, al volumen excepcional de la cosecha, porque los precios internacionales tampoco mejoraron significativamente, y a que la recesión mantuvo controladas las importaciones.

Paralelamente, los sucesivos aumentos de las tasas de interés dispuestos por la Reserva Federal de Estados Unidos, preocupada por prevenir posibles brotes inflacionarios, no hicieron más que agravar la situación fiscal por la vía del aumento de los intereses de la deuda.

No obstante, el gobierno pudo cumplir con las metas de déficit comprometidas para los dos primeros trimestres. En el tercero cumplió a medias, ya que el FMI le permitió intercambiar el objetivo con el del cuarto trimestre, que era menos exigente.

Lo hizo merced a un gran esfuerzo, tras haber dispuesto en mayo un nuevo y severo plan de ajuste que incluyó fuertes recortes salariales a los empleados públicos, y gracias al aumento excepcional de la recaudación en junio, producto del impacto del impuestazo y de la moratoria.

Pero, así como el efecto fiscal del impuestazo era limitado por la recesión, el aumento de las tasas internacionales de interés absorbía el impacto del ajuste. El gobierno intentó entonces impulsar más decididamente la reactivación, pero la mayoría de sus anuncios (el plan de infraestructura, estímulos a la construcción privada, rebaja de algunos impuestos, aliento a toma de créditos hipotecarios y personales), expresados en cuatro diferentes paquetes, chocó contra el escepticismo general. Un escepticismo alimentado por la percepción de que la economía no mejora, en buena medida porque al gobierno le cuesta lograr consenso tanto entre sus propias filas como con la oposición.

Probablemente por eso demoraron tanto o siguen sin concreción medidas anunciadas en la carta de intención firmada con el FMI en febrero y muchas de ellas reiteradas en posteriores anuncios, como la reforma del sistema de seguridad social y la revisión de los requisitos de integración que deben cumplir las entidades financieras.

El resto está fresco. La debilidad de la situación fiscal, potenciada por el contexto externo y por el estancamiento de la economía local, no sólo tornaba imposible el cumplimiento de las metas en el último trimestre, sino que proyectaba un panorama muy delicado para el año próximo.

La solución llegó con el blindaje financiero, un préstamo de US$ 39.700 millones otorgado conjuntamente por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de España, bancos privados y AFJP, que, se espera, permitirá a la Argentina cubrir sus necesidades fiscales hasta el 2002.

Algo es seguro: este año no podrá parecerse al 2000. No sólo porque ­blindaje mediante­ se supone que no habrá los problemas de caja que hubo el año pasado, sino porque la escalada de conflictos sociales y la inminencia de las elecciones de renovación parlamentaria acortan necesariamente los tiempos de todos.

Acaso, más que la posibilidad de la reelección presidencial,
lo que esté en juego sea la gobernabilidad del período 2001-03.