A medida que las políticas adoptadas durante esta década fueron transformando la estructura económica y social, y el país se integró a los mercados internacionales, comenzaron a aparecer en escena nuevos actores. Entre los antiguos protagonistas, algunos perdieron gravitación y muchos iniciaron un proceso que finalmente conduciría a su desaparición. Unos pocos lograron adaptarse a los nuevos tiempos, aunque frecuentemente subordinados al poder de los nuevos players.
Era de esperar, y así ocurrió, que los discursos de los nuevos y antiguos protagonistas tendieran a mostrar diferentes énfasis y contenidos.
Los emergentes colocaron el acento en la necesidad de preservar las nuevas reglas de funcionamiento del sistema económico y garantizar el cumplimiento de las leyes, decretos y cláusulas contractuales que dieron forma legal a la nueva distribución de la riqueza en la Argentina.
De manera implícita, quedó así planteado que el incumplimiento de ese nuevo contrato podría acarrear consecuencias adversas, como una retracción de los flujos de capital, convertidos en el motor de las fases expansivas del ciclo económico.
El discurso de los antiguos actores abunda en contrastes. Los que pudieron adaptarse a las nuevas reglas de juego (porque contaban con los recursos humanos, económicos y financieros para enfrentar los nuevos desafíos, o bien porque fueron beneficiados por políticas públicas que los preservaron de los rigores de la competencia externa) acoplaron sus posiciones públicas a las de los nuevos protagonistas.
Los que vieron amenazados sus negocios e, incluso, su subsistencia, plantearon, de variadas formas, su desacuerdo con la orientación de la política económica.
Sin embargo, por múltiples razones de naturaleza política y social, los que quedaron ubicados en la vereda de los perdedores no lograron poner en tela de juicio la continuidad de las transformaciones que marcaron el rumbo de la década.
El actual dilema radica en que, tras diez años de sostenida aplicación de las medidas que, con especial insistencia, venían reclamando los factores de poder local e internacional, el país no sólo enfrenta serios desequilibrios en el sector externo, en las finanzas públicas y en los precios relativos sino, también, una elevada tasa de desempleo, bajos ingresos en amplios segmentos de la sociedad, y niveles de pobreza e indigencia crecientes.
Ante este panorama, y en presencia de nuevos y viejos (pero todavía poderosos) actores que defienden las reglas de funcionamiento de la economía, y otros que, severamente debilitados, sólo han podido sobrevivir al costo de una menor gravitación económica y social, el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre deberá conciliar intereses claramente contrapuestos.
Los de afuera
Desde el escenario externo, las presiones tampoco son desdeñables. Y no es para menos: se trata de proteger la rentabilidad de los activos de quienes, con sus inversiones en el país, aportan los recursos que cubren la mayor parte de las necesidades de financiamiento de los sectores público y privado.
Para estos actores, lo más importante es saber qué hará el gobierno para reactivar la economía, disminuir el alto déficit fiscal, reducir la evasión impositiva, impulsar nuevamente el Mercosur y lograr que las provincias realicen su propio ajuste.
Para alcanzar esos objetivos proponen:
- bajar los gastos públicos,
- generalizar la aplicación del IVA,
- recortar las transferencias de fondos a las provincias,
- arancelar las universidades para los sectores sociales más pudientes,
- sancionar un nuevo código tributario con penalidades más
severas a quienes evaden o eluden el pago de los tributos, - introducir una nueva reforma laboral,
- convertir al Banco de la Nación en una sociedad anónima,
- aumentar el préstamo de facilidades extendidas con el FMI,
- confirmar en sus puestos al titular del Banco Central y de la Afip, y
- negociar con Estados Unidos un proceso de dolarización de la economía.
Bastante parecida a ésta es la lista de pedidos que plantean las calificadoras
de riesgo (los nuevos actores que, con las notas que colocan a los bonos que
emiten los gobiernos o las empresas de los países emergentes pueden inducir
un mayor o menor costo del endeudamiento, o una retracción o expansión
del flujo de capitales).
Sus inquietudes apuntan, sobre todo, a que la Argentina alcance una posición fiscal creíble y duradera; lo que requiere incorporar a las cuentas de las provincias en el proceso de ajuste y, por lo tanto, negociar en el Congreso esa alternativa.
Pero también advierten que nada de esto será suficiente si, al mismo tiempo, no se avanza en una reforma laboral más profunda, en un proceso de reducción de los costos argentinos y en la disminución del número de entidades financieras estatales.
Las filiales de las compañías multinacionales aspiran, por su parte, a que se mantenga el nivel de apertura de la economía, mejore el funcionamiento del Mercosur, aumente la competitividad externa del país y se cumplan los compromisos jurídicos.
Para los bancos extranjeros con intereses en la Argentina, lo esencial es
que se aplique un ajuste fiscal creíble y, sobre esa base, se negocie
un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
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Desde el Fondo
El FMI considera, a su vez, que el mantenimiento del régimen de la convertibilidad y de la paridad de un peso por un dólar requiere una reducción del déficit fiscal federal y provincial, el diseño de una reforma laboral más amplia y la instauración de un marco de mayor competencia, sobre todo entre los proveedores de servicios públicos. La secuencia que debería seguir el proceso de ajuste pasaría por una ampliación de la base imponible, seguida de un combate frontal a la evasión, el recorte de los gastos del Estado, el mejoramiento de su eficiencia y, si ello no fuera suficiente, un aumento de los impuestos (al gasoil, a las ganancias de las personas físicas y a los intereses bancarios).
Los reclamos del FMI no terminan ahí. La necesidad de introducir reformas al actual régimen jubilatorio, que antes había recibido su bendición, es otro de los hitos en el planteo del organismo.
Pero el trago más amargo del cóctel ofrecido por el máximo auditor externo proviene de los contenidos de la reforma laboral propuesta:
- descentralización de las negociaciones salariales,
- reforma del régimen de indemnizaciones para reducir los costos de
los despidos, - reducción de los aportes patronales, y
- eliminación de los estatutos y beneficios extras que recaigan sobre
los costos salariales.
Los de adentro
En el ámbito interno, los sectores empresarios más concentrados y poderosos coinciden con la mayoría de las demandas planteadas desde el escenario internacional: recortes en el gasto público, generalización de la base imponible de los tributos que más recaudan, eliminación de privilegios impositivos (regímenes de promoción), privatización de las empresas y bancos estatales que aún permanecen en el área estatal, una nueva reforma laboral, eliminación de subsidios en el comercio intrazona y otras barreras en el ámbito del Mercosur, y ejecución de más obras públicas.
Como no podía ser de otro modo, las demandas de las empresas y sectores que enfrentaron crecientes dificultades en los últimos años son claramente distintas:
El núcleo de sus propuestas pasa por la necesidad de poner en marcha políticas que apunten a un aumento de la demanda interna, a una mayor protección de la producción local, y a la reducción de los costos financieros, impositivos y laborales.
Para ello, reclaman que el sistema financiero también se ajuste, que se modifiquen normas del Banco Central que dificultan el acceso de las Pymes al crédito bancario, que se bonifiquen las tasas de interés para ese segmento, que se refinancien los pasivos con los bancos y el sistema impositivo y previsonal, que se reduzca la presión impositiva (IVA e Ingresos Brutos) y que se eliminen los tributos sobre la renta presunta y sobre los intereses de los préstamos.
También proponen que se replantee la política comercial externa del país, y que se impulse un programa de compre trabajo nacional.
La paz de los mercados
Frente a este mosaico de reclamos y demandas sectoriales, las preocupaciones esenciales de la sociedad civil tienen que ver con la imperiosa necesidad de reducir el desempleo, alcanzar mayor estabilidad en los puestos de trabajo, mejorar los ingresos de los sectores más postergados, disminuir los actuales niveles de pobreza e indigencia, acceder a mejores servicios de salud y educación y lograr una mayor seguridad personal.
A esta altura de los acontecimientos, resulta difícil presentar las consecuencias no deseadas de las políticas aplicadas durante esta década como el inevitable costo de la transición, o una rémora del modelo anterior. Según la mayoría de los analistas, se trata de costos permanentes que responden, en lo fundamental, a las debilidades del modelo en el plano fiscal, en el frente externo y en la estructura de precios.
De ahí, entonces, la enorme magnitud del desafío que representará,
para el nuevo gobierno, tratar de compatibilizar un amplio abanico de contradictorios
reclamos por parte de los nuevos y antiguos actores. El sociólogo Juan
Carlos Torre planteó en términos más políticos la
naturaleza de esta contradicción: “Los votos cuentan, pero los recursos
deciden. Para gobernar en las presentes circunstancias (el presidente) debe
reunir, junto al apoyo de sus mayorías electorales, el consenso de los
grandes grupos económicos que tienen el control de los recursos para
garantizar la paz de los mercados”.